El Comité Económico y Social Europeo reclama una carta de derechos para las zonas rurales

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es partidario de la adopción de una carta europea de derechos y responsabilidades para las zonas rurales y urbanas que tenga en cuenta un desarrollo territorial equilibrado y acabe con las brechas existentes. En un reciente informe de este órgano consultivo de la Comisión Europea que acaba de hacerse público se aboga por reforzar los fondos europeos destinados a estos territorios, así como a simplificarlos, que es una de las demandas más importantes que existen en los pueblos para poder beneficiarse de los mismos. Además, insta a hacer una reflexión profunda sobre las políticas de desarrollo territorial que hay que implementar a partir de 2027.

Estas propuestas, que acaba de hacer públicas el CESE, se enmarcan en las políticas impulsadas en los últimos años por las instituciones comunitarias bajo el paraguas de la comunicación Una visión a largo plazo para las zonas rurales, y la puesta en marcha en los países de la Unión del Plan de Acción Rural y el Pacto Rural.

El objetivo del CESE como órgano auxiliar de la Unión Europea es poder contar con la opinión e intereses de todos los sectores que engloban la vida económica y social de los países europeos, y para ello emite diferentes dictámenes tanto a requerimiento de las instituciones europeas como por iniciativa propia.

El último que ha emitido, y donde plantea esos consejos que son de interés para territorios como la provincia de Teruel por ser eminentemente rurales y estar afectados por el problema de la despoblación, se titula Hacia una mayor participación de los Estados miembros, las regiones y los agentes de la sociedad civil en la aplicación de la visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE.

En las conclusiones del informe, el órgano consultivo reitera su apoyo a la visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE, que ha sido una de las políticas implementadas por las instituciones europeas en los últimos cinco años, a la vez que considera que el Plan de Acción Rural y el Pacto del mismo nombre “responden ampliamente a las expectativas de los agentes rurales”.

No obstante, pide que el Plan de Acción Rural “se complete con nuevas disposiciones y se actualice para cubrir mejor las necesidades de las zonas rurales y que se efectúe una evaluación anual de su aplicación a escala nacional y regional”.

El CESE reclama la multigobernanza teniendo en cuenta a los territorios por ser los que están en contacto directo con la realidad de las zonas rurales, y recuerda en ese sentido que “a ellos corresponde definir las prioridades de acción propias de cada territorio a escala local, en respuesta a sus situaciones específicas”.

El órgano consultivo propone adoptar una carta europea de derechos y responsabilidades de las zonas rurales y urbanas, “basada en los principios de los mecanismos nacionales existentes y difundida en todas las lenguas”.

Nuevo modelo rural

El dictamen plantea a la Comisión Europea que esa visión rural a futuro en la que han trabajado las instituciones europeas durante el último lustro “se convierta en una estrategia rural de la UE de pleno derecho, en forma de un enfoque global desarrollado en cooperación entre todos los agentes rurales y las autoridades y entes locales interesados”.

Precisa que esa estrategia debe “permitir el desarrollo de un nuevo modelo rural europeo”, y que el Pacto Rural y el Plan de Acción Rural impulsado en estos años deben constituir “la base de la futura política de desarrollo rural después de 2027”. Plantea en ese sentido el CESE que la CE estudie la posibilidad de crear una política específica dedicada a la aplicación del Plan y del Pacto, pero con “una financiación adecuada que garantice una aplicación coherente de las disposiciones propuestas en la visión a largo plazo para las zonas rurales”.

Dentro de esa política, los agentes económicos y sociales de la UE entienden que es “esencial” que esta nueva política que se impulse “aproveche todos los fondos disponibles”. Se refiere tanto al Feader como a los Fondos Estructurales y los fondos de la Política de Cohesión.

Aboga también, como ya se han llevado a cabo iniciativas a ese respecto en algunas comunidades autónomas como la aragonesa, por apoyar la agricultura familiar y las iniciativas empresariales de ese corte en las zonas rurales. Es algo que contempla por ejemplo la Ley de dinamización del medio rural de Aragón, que se impulsó en la pasada legislatura junto con la normativa que apoya a la agricultura familiar, que en el actual periodo está previsto revisar por parte de los nuevos gestores del Ejecutivo aragonés.

En esa línea, el CESE considera que “la futura política de desarrollo rural debe conceder especial importancia a las estructuras familiares, las empresas de escala humana y las actividades que se desarrollan en las cercanías” dentro de cada territorio. Es una cuestión muy demandada en las zonas rurales porque de ello depende la continuidad generacional de determinados negocios, así como la prestación de servicios.

Una cuestión que lamenta el informe es “la insuficiencia de los fondos europeos” para las zonas rurales, que deberían reforzarse, así como la dificultad de acceder a ellos. Es algo en lo que también se incide en lugares como la provincia de Teruel, y el Comité Económico y Social Europeo lo que plantea es que “la complejidad de acceso a los distintos fondos europeos desanima a los promotores de proyectos”. Propone como contrapartida medidas de “simplificación”, entre ellas un “procedimiento único de presentación de proyectos, controles proporcionales, nuevas normas de pago, puntos territoriales únicos y un tratamiento acelerado de los litigios”.

Insiste también en que la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea lanzada durante el último periodo parlamentario debería ser más conocida en los territorios, y pide a la Comisión Europea que “refuerce sus planes de comunicación” con la sociedad civil para difundirlo.