Convocan la concentración 'Salvemos el Maestrazgo, Teruel así no' para exigir parar la invasión de renovables

El Movimiento ciudadano Teruel Existe, con el apoyo de Aliente, la Alianza Energía y Territorio que agrupa más de 200 plataformas de toda España, convoca una concentración ciudadana el sábado 9 de noviembre como respuesta social ante “la implantación desordenada y sin respeto de centrales renovables que se está llevando a cabo en la provincia de Teruel y por extensión en todo Aragón y provincias vecinas como Guadalajara, Castellón y Valencia”, ha informado Teruel Existe en una nota de prensa.

Alertan que “esta implantación caótica y sin ningún tipo de límites de macro renovables hace peligrar los ecosistemas de zonas con gran importancia medioambiental, y la supervivencia de sus pueblos y sus gentes, al afectar gravemente a la agricultura, la ganadería, el turismo rural, y a la calidad de vida de estos pueblos”. Inciden en que según datos del INE generan más despoblación, “engañan a la sociedad constantemente minimizando la destrucción que provocan, y más cuando escuchamos que crean mucho empleo estable y revierten la despoblación, cuando un estudio realizado por el Banco de España, institución solvente y fiable, lo desmiente”.

El detonante de esta movilización es la autorización de construcción y la utilidad pública (que permite a las empresas la expropiación) para el Clúster del Maestrazgo, que afecta a la sierra de Gúdar y al Maestrazgo en Teruel y Castellón, ubicando 85 aerogeneradores de 200 metros de altura (cinco veces la altura de las torres mudéjares) en Red Natura 2000. Denuncian que es “inconcebible instalar centrales industriales en un lugar que podría perfectamente ser un Parque Nacional por el valor de su patrimonio natural y cultural, con tres de los Pueblos más bonitos de España y otro premio Europa Nostrum”. Presagian que “si no paramos esta barbaridad de especulación sin control es cuestión de tiempo que se extienda a otros espacios emblemáticos como son el Matarraña o Albarracín, y a cualquier otro lugar”.

Denuncian que “esta falta de límites está provocada por la desidia institucional y la captura de políticas públicas en los Gobiernos Central y autonómicos para ordenar y planificar, así como por irregularidades y una falta de respeto total en los procedimientos medioambientales y participativos”.

"El resultado desgraciadamente será visible en breve. Solo oímos a nuestros gobiernos alabar las virtudes de las energías renovables, sin embargo, no hablan de sus afecciones que son muchas: la trasformación total de nuestros paisajes, la desaparición de especies protegidas, el perjuicio a las actividades económicas tradicionales: ganadería y agricultura y otras que se están desarrollando como el turismo rural de naturaleza, la devaluación de las propiedades cercanas a estas centrales eólicas y fotovoltaicas, la expropiación a los propietarios de forma injusta, el peligro de los alquileres al tener fianzas ridículas para desmontar y reciclar estas instalaciones", lamenta TE en su nota de prensa.

Recuerdan que Aragón produce el 83,9% de la energía eléctrica con renovables, exportando el 53%, “y a finales del 2025 se duplicarán las centrales eólicas y fotovoltaicas porque ya tienen autorización”. También denuncian que ahora llegan macro proyectos de producción de hidrógeno como Catalina, que pretenden implantar unos 2000 MW más, afectando a varias comarcas del Bajo Aragón histórico, y destruyendo su agua, más de 5 millones de m³ anuales de agua es lo que demanda este proyecto. “Tenemos la certeza de que no serán los ciudadanos de Teruel o de Aragón, ni de los pueblos de Castellón y Valencia los que se verán beneficiados, aunque sabemos que si lo harán unos pocos”, afirma el comunicado.

Por todo esto, hacen un llamamiento a toda la sociedad aragonesa, así como de las provincias limítrofes de Guadalajara, Castellón y Valencia, a que el sábado 9 de noviembre a las 12.00 horas acudan a la ciudad de Teruel, a la plaza de San Juan. “La sociedad debemos mostrar rechazo y repulsa a la política energética especulativa que está llevando a cabo desde los gobiernos, que convertirá a nuestros pueblos en un gran polígono industrial sin empleo y más despoblado”. También consideran que los jueces deben escuchar a la ciudadanía, “tenemos el deber moral de defender la tierra que nos ha dado la vida durante generaciones, defender nuestras raíces y no permitir que conviertan los pueblos y espacios naturales en una chatarrería”, concluye el comunicado.