CCOO y UGT reclaman un plan de choque contra la siniestralidad laboral

CCOO y UGT guardaron este jueves al mediodía un minuto de silencio en memoria de las 34 personas fallecidas en accidente de trabajo en Aragón en lo que llevamos de año, 9 de ellas en Teruel, y reclamar a la patronal y a las administraciones públicas la puesta en marcha de un plan de choque conjunto para poner freno al fuerte incremento de la siniestralidad laboral.

La concentración, realizada en la plaza de la Catedral durante un receso de la mesa de negociación del convenio provincial del sector del metal, forma parte de una campaña más amplia de ambos sindicatos para exigir medidas urgentes para proteger la vida y la salud de los trabajadores.

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, destacó que esta semana se han producido dos nuevos accidentes mortales (el conductor de un camión en la Z-40 y el trabajador de una planta de áridos en Garrapinillos), con lo que son ya 34 las personas que han fallecido en el trabajo en lo que va de año en Aragón, 8 más que en todo 2022: 6 en la provincia de Teruel, 8 en la de Huesca y 20 en la de Zaragoza.

En cuanto a su distribución por sectores, 15 corresponden a Industria, 8 a servicios, 7 a agricultura y 4 a industria. Y en cuanto a las causas, 16 se produjeron por las condiciones de trabajo, 9 por patologías no traumáticas y otros tantos por accidentes de tráfico.

El responsable de política sindical de la Federación de Industria de CCOO, Celso Hornero, precisó que, en términos generales, “no se está cumpliendo la Ley de prevención de riesgos laborales” y que la mayoría de los accidentes mortales tienen lugar en pequeñas empresas en las que hay mucha precariedad, sobre todo subcontratadas y auxiliares y dedicadas a la construcción o la agricultura.

Arceiz añadió que las personas sin formación y que llevan poco tiempo trabajando en pequeñas empresas que no cuentan con representación sindical son las más propensas a sufrir accidentes y que “aunque la siniestralidad laboral es un problema transversal, el empresariado es el último responsable de las seguridad de sus trabajadores y trabajadoras”.

El secretario general de UGT Aragón garantizó la disposición de las organizaciones sindicales para colaborar con el empresariado y la dirección de Trabajo del Gobierno de Aragón en la elaboración de un plan de choque a favor de la seguridad y la salud en las empresas. Y Hornero apuntó la necesidad de que la Inspección de Trabajo realice un plan de visitas a las empresas.

“Es necesario que las personas trabajadoras conozcan los riesgos, pero también que las empresas cuenten con un plan de seguridad y que los delegados y delegadas de prevención reciban mayor formación para paralizar la actividad en caso necesario”, argumentó Juan José Arceiz, antes de pedir que las administraciones públicas realicen campañas de prevención como las dedicadas a reducir los accidentes de tráfico.

Hornero comentó que también es necesario anticiparse a las afecciones que provoca el cambio climático en la actividad laboral. “Por ahora, se están datando el número de personas trabajadoras que fallecen en sus puestos de trabajo por golpes de calor, pero hay que evaluar todos los riesgos”, dijo.

El convenio del metal, sin cerrar

Por otra parte, CCOO y UGT mantuvieron este martes la cuarta reunión con la patronal para negociar el convenio provincial del sector del metal que, como las tres previas, terminó sin acuerdo.
El responsable de Política Sindical de la Federación de Industria de CCOO, Celso Hornero, explicó que las organizaciones sindicales habían hecho algunas precisiones a la última propuesta presentada por los sindicatos el pasado 30 de octubre, sobre todo en lo relativo a la cláusula de revisión salarial, que es precisamente una de las “líneas rojas” trazadas por los representantes de las personas trabajadoras.

Así pues, en la mesa de negociación de este jueves volvió a debatirse sobre la adaptación salarial a la inflación a través de cláusulas de revisión para que las personas trabajadoras del sector del metal no pierdan poder adquisitivo.
“Estamos barajando las diferentes propuestas, sobre todo la última realizada por la patronal, pero tenemos que trabajar con más cabeza que corazón”, argumentó Hornero, quien añadió que, además de firmar el convenio, “las empresas deben aplicarlo”.

Este convenio afecta a unas 4.000 personas trabajadoras en la provincia de Teruel, tanto de grandes empresas como Ronal, Pyrsa o Draxton como de pequeños talleres de fontanería, electricidad o automoción.