Aragón y Castilla-La Mancha reclaman al Gobierno central el impulso urgente de las ayudas de funcionamiento a Teruel, Cuenca y Soria

Los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha han reclamado al Gobierno central la puesta en funcionamiento de manera inmediata de las bonificaciones del 20% en los costes laborales a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Así se lo han puesto de manifiesto la consejera aragonesa de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez-Guijarro, en una reciente reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

El encuentro se celebró el pasado 22 de junio en el despacho de la también ministra para la Transición, en Madrid, y tuvo como único tema la aplicación de las ayudas de funcionamiento de forma urgente, dado que han sido ya aprobadas por las Comisión Europea y están a falta de que el Gobierno central articule la forma de hacerlas efectivas, según ha informado el Gobierno de Aragón este miércoles.

La vicepresidenta Ribera mostró receptividad a la petición de Aragón y Castilla-La Mancha, pero pidió unos días para consultar a los departamentos responsables la fórmula para poder aplicar estas bonificaciones.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluía, en la disposición adicional centésima vigésima tercera, una mención a estas ayudas. En concreto, establecía que “el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja”, especificando que se trata de “aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado”. Además, recoge que el Ejecutivo central “velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas”.

Frente común autonómico

Los gobiernos autonómicos llevan años haciendo un frente común con el objetivo de designar a las tres provincias como susceptibles de recibir estas ayudas.

La posibilidad de conseguir estas subvenciones surgió a raíz de un informe no vinculante de febrero del año pasado del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a principios de 2019, que determinó que Teruel podía tener derecho a recibir importantes compensaciones por parte de la Unión Europea para contrarrestar la despoblación.

El 19 de abril del año pasado, la Comisión Europea constató en las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea, diseñadas para el periodo 2022-2027, que las empresas turolenses podían tener acceso a estas subvenciones.

Y hace un año, los ejecutivos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León pusieron en común un informe elaborado por una consultora en el que se daba respuesta a cómo articular estas bonificaciones, al amparo de las nuevas Directrices. El estudio facilitaba al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas validara las ayudas, de forma que no tengan efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea, y como así se ha constatado.