El edificio de San Francisco 19 será derribado por completo tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Teruel y los vecinos

El abogado del Ayuntamiento de Teruel y los propietarios del número 19 de la calle San Francisco expresaron este martes su voluntad de llegar a un acuerdo para declarar ruina total el estado de este edificio y demolerlo íntegramente. Esta casa se vio afectada por el derrumbe y posterior desescombro del contiguo, el número 21, a raíz de su desplome en junio del año pasado. Ambas partes se pronunciaron así antes y después de celebrarse la prueba en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel por la demanda presentada por los vecinos contra un decreto municipal que ordenaba el derribo parcial de solo los niveles superiores.

Horas después, fuentes municipales confirmaron que existe esa predisposición por parte del Ayuntamiento. Recordaron que en un principio unos propietarios no estaban de acuerdo en declarar la ruina total, y que ahora que están a favor no hay “ninguna objeción” en hacerlo así.

Hasta ahora el Ayuntamiento había decretado la ruina parcial del inmueble y ordenado a los propietarios la demolición del nivel número tres, así como del estudio superior que ha quedado a la vista, y la construcción de una cubierta en el nivel dos. A este decreto presentaron alegaciones los vecinos y acabó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Posteriormente, en mayo, el Ayuntamiento dictó otro decreto para la ejecución subsidiaria de la demolición parcial.

El asunto está pendiente ahora de que se pronuncie el Juzgado y de que se concrete el acuerdo avanzado por las partes. Este martes se celebró la práctica de la prueba por la demanda vecinal de la primera orden de derribo parcial, aunque la sentencia tardará todavía unos meses. Antes, Ayuntamiento y propietarios se espera que hayan cerrado un acuerdo, aunque por los meses que son, los vecinos ven difícil que pueda resolverse antes de que acabe el verano porque, además, debería aprobarse en pleno.

El abogado del Ayuntamiento se lo comunicó a los vecinos antes de celebrarse la práctica de la prueba y al término comentó a la prensa que la predisposición es cambiar la orden de demolición parcial por una de ruina total, que corresponderá ejecutar a los propietarios del inmueble. La presidenta de la comunidad de vecinos, Patricia Aldazabal, dijo que “no hay nada negociado” todavía y que desconocen los términos. El letrado del Consistorio recordó que las demoliciones corresponden a los propietarios por ser bienes privados, al margen de lo sucedido con el edificio del número 21, donde ha sido el Ayuntamiento el que ha ejecutado de forma subsidiaria el desescombro, aunque corresponderá a los seguros el pago una vez se conozca la responsabilidad del derrumbe.

A pesar de existir la disposición de llegar a un acuerdo, la prueba judicial prevista se celebró en el Juzgado de lo Contencioso, con independencia de que después haya una renuncia a la demanda. Durante su celebración, los peritos que intervinieron pusieron de manifiesto lo temerario que había sido desescombrar el solar del número 21 ante el riesgo de derrumbe que presenta el ático del número 19.

La coordinadora de seguridad laboral de los trabajos de desescombro dijo que lo habían hecho con preocupación, “cruzando los dedos”, y evitando en todo momento que nadie estuviese sobre la vertical del edificio contiguo. El arquitecto de los vecinos declaró también como perito que le había parecido un “riesgo innecesario” acometer así los trabajos, con el peligro de que cayera el ático y los niveles superiores del edificio contiguo. Añadió que había visto muchas “incongruencias” en la manera de realizar el desescombro.

Este perito de parte de los vecinos opinó que las decisiones municipales que se tomaron fueron “precipitadas”, y que desde un principio se debería haber intervenido de forma conjunta en los dos edificios. Dijo que no entendía en este caso la figura del “deber de conservación” porque el número 19 está en estado de ruina total y es imposible la rehabilitación integral.

El perito apuntó que desde el primer informe se dijo que no tenía sentido invertir en un inmueble que está “agotado” y que la situación tampoco ha mejorado en el último año con el desescombro. Sobre la actuación desarrollada insistió en que había “muchas cosas” que técnicamente no acababa de entender. El propietario de uno de los pisos, que inicialmente se oponían a la ruina total, declaró también y dijo que ahora están de acuerdo porque se ha tardado mucho en el desescombro y con la presión de los residuos había sufrido más daños el número 19.

La presidenta de la comunidad de propietarios recordó al término de la prueba en el juzgado que demoler el inmueble tiene un coste de 60.000 euros, mientras que el derribo parcial se eleva a 600.000, cuando después tampoco se va a poder recuperar nada. Son ocho propietarios de un total de nueve pisos.