La línea que separa lo ilegal de lo inmoral es tan fina, tan fina, tan fina, que yo soy de las que mantiene que un comportamiento inmoral debería ser ilegal. Yo directamente lo impondría por ley.
Los ciudadanos estamos hartos de ver a tanto pillo llenándose los bolsillos por una simple llamada. Y los políticos, de todos los colores y en todas las áreas, deberían castigar a estos especímenes que tratan de justificar acciones despreciables con actos despreciables. ¿Saben estos personajes lo que cuesta a millones de españoles ganarse el pan cada día?
¡Ya está bien! Son ya demasiadas las veces que se separa lo ilegal de lo inmoral para tratar de justificar acciones que son injustificables, las mires por donde las mires. Son comportamientos que avergüenzan a cualquier ser humano.
Son trapicheos que indigna a una sociedad a la que se le han muerto muchos ciudadanos mientras ellos aprovechaban el caos y la muerte para engrandecer sus fortunas. Es una conducta bochornosa ante aquellos que se han visto obligados a pedir la vez en las colas del hambre, para los que no llegan a fin de mes, para los que han tenido que cerrar sus negocios, para los que no encuentran un empleo, para los que perdieron a un ser querido y ni siquiera le dejaron acompañarle en el entierro.
Estamos hasta los mismísimos de tanto asqueroso que esconde su verdadero yo repugnante bajo un traje de Armani, y cuando le trincan mangando se escudan en que su trabajo es perfectamente legal. ¡Venga ya! ¡Encima nos toman por tontos!
Una cosa es cobrar una comisión de intermediario y gastárselo donde uno quiera y otra muy distinta es que la comisión, de seis millones de euros, fuera del 60 por ciento para las mascarillas, del 71 para los test y del 81 para los guantes. Y que, además, el material que encargaron no estuviera en las mejores condiciones.
Hay que tener el rostro muy grande para ¡encima! estar satisfecho del trabajo realizado y creer que una llamada telefónica y poner en contacto a un malayo con el Ayuntamiento de Madrid bien merece seis millones de euros. Pa la saca, parafraseándoles a ellos mismos.
Según la investigación, seis millones del Ayuntamiento de Madrid, seis millones, repito, seis, fueron a las cuentas de Luis Medina y Alberto Luceño. Cabe recordar que cuando trincaron la pasta, un dinero que nosotros no cobraremos en toda nuestra vida laboral, se enterraban centenares de españoles al día por coronavirus.
Espero y confío en que Anticorrupción prepare un auto que no deje lugar a dudas en que Alberto Luceño y Luis Medina obtuvieron "un exagerado e injustificado beneficio económico", como recoge el escrito de la Fiscalía, al llevarse comisiones escandalosas por una gestión que se hace en nada.
Ellos dijeron ante el juez que se ofrecieron para ayudar en la lucha contra el virus, pero ni uno ni otro tenían ni pajolera idea de virus ni de mascarillas.
El Ayuntamiento, para defenderse, vendió que Asia era un zoco donde era imposible encontrar material a un precio adecuado.
Parece increíble que un negocio sí pudiera colar en el ayuntamiento más grande de España, que se presenta ante los ciudadanos como una víctima de estos dos pillos.
Y, aunque estoy convencida de que casos como éste lo encontraríamos si rascamos un poco en cualquier ayuntamiento, en cualquier comunidad, incluso en algún ministerio, eso no significa que toda la fuerza de la ley caiga sobre estos dos tipos que siguen creyendo que se merecían ¡seis millones! Del dinero de todos los madrileños por hacer una simple gestión.
Confío en que la justicia les obligue a devolver el dinero que es de los ciudadanos de a pie y que ellos monetizaron en una casa que vale más de un millón de euros, en doce vehículos de lujo, en no sé cuántos relojes y en un yate al que llaman Feria. Hay que ser jeta.
