Dolores Sanz Oliete, abogada del turno de oficio: “El turno de oficio es una cuestión de justicia social, de ayudar a quienes no tienen recursos”

F. J. M.
Teruel

La abogada Dolores Sanz Oliete se colegió en 1994 y se incorporó al turno de oficio del Colegio de Abogados de Teruel al año siguiente. Lleva 29 años en él y recibió recientemente un diploma del Consejo General de la Abogacía Española como reconocimiento a su dedicación en el turno de oficio y la justicia gratuita. 
-¿Qué importancia tiene el turno de oficio?
-Mucha, puesto que cada vez hay más personas que no pueden costearse los gastos de un juicio. La justicia gratuita es un derecho esencial y a través del turno de oficio a quienes cuentan con menos recursos se les nombra un abogado y un procurador para que puedan defender sus derechos ante los tribunales.
-¿Qué derechos garantiza?
Desde contar con asesoramiento y orientación jurídica previa, es decir, antes de iniciar cualquier actuación judicial, a tener un abogado que le defienda y un procurador que le represente en un juicio; a no tener que pagar tasas judiciales ni depósitos para interponer recursos, a no tener que pagar a un perito si se necesita en un juicio, e incluso, obtener copias de documentos sin coste alguno.
-¿Es cada vez más necesario?
-La justicia gratuita ya no es un servicio marginal, el hecho de que cada vez más personas la soliciten es un claro indicador del aumento de las desigualdades económicas de nuestra sociedad.
-Es voluntario, ¿por qué está inscrita en el turno?
-Para mí, hoy en día, es una cuestión de justicia social, es una forma de ayudar a personas que de otro modo no podrían acceder a la justicia o defenderse legalmente; también te digo que cuando empecé, y de eso hace ya muchos años, el turno de oficio me ofreció la posibilidad de adquirir experiencia y de intervenir en casos que no siempre se encuentran en la práctica privada.
-El coste económico lo asume la administración, ¿está suficientemente retribuido? 
-El trabajo que desempeñamos no está suficientemente retribuido ni reconocido. Es una reivindicación constante, no sólo la actualización de los baremos sino que se paguen todas las actuaciones que se realizan. Porque por ejemplo, en los casos en los que a la persona en cuestión se le deniega el derecho a la justicia gratuita, que en ocasiones se debe a que no presentan la documentación necesaria, la administración no nos abona el trabajo realizado. Y este servicio tan esencial, es una responsabilidad de la administración que no puede recaer sobre los profesionales que lo prestan.
-¿Qué otros recursos necesarios echan en falta?
-Se echan en falta espacios de trabajo adecuados, por ejemplo en las instalaciones judiciales, para tener reuniones con clientes que, muchas veces, por falta de medios o recursos no pueden desplazarse hasta nuestro despacho y en ocasiones tienes que entrevistarte con ellos en espacios públicos, sin mucha privacidad.
-¿Cómo afecta ejercer el turno de oficio en el medio rural?
-El servicio es el mismo sea en el medio rural o en la ciudad, con las mismas garantías, lo que no es igual es la situación de los abogados que lo prestamos. En el medio rural tenemos que desplazarnos muchos kilómetros, por supuesto con nuestro coche, el problema es que no siempre nos pagan los desplazamientos. En segundo lugar venimos sufriendo una evidente discriminación en la retribución de las guardias, que son de 24 horas y en cualquier día del año, en el sentido de que una guardia en un partido judicial que no es capital de provincia como es Alcañiz, se compensa con una cantidad equivalente a una tercera parte de lo que se retribuye la misma guardia en una capital de provincia, algo que carece de toda lógica y fundamento, ya que la disponibilidad es la misma, sea en una ciudad o en un pueblo, y merece una compensación equivalente.  Mucho se habla del reto demográfico y de la España vaciada, pero desde luego con medidas como esta no va a haber abogados que presten el servicio en el medio rural.
-¿En qué debería renovarse la ley que regula la asistencia jurídica gratuita?
-La actual Ley de Justicia Gratuita es de 1996 y tiene que adaptase a las nuevas circunstancias sociales del momento. Es necesario que la nueva ley establezca criterios uniformes en todo el territorio nacional tanto en las condiciones para reconocer este derecho a los ciudadanos, como en las compensaciones para los abogados que prestan el servicio. Se deberían revisar los criterios de concesión de la justicia gratuita, para que este beneficio se conceda a las personas que presentan una real y verdadera insuficiencia de recursos. Igualmente tendría que incluir trámites para los que actualmente no se reconoce la justicia gratuita, como por ejemplo las demandas de conciliación previas a una reclamación salarial, o las reclamaciones administrativas previas a la interposición de un pleito frente a la administración. Y es necesaria una nueva ley pero también dotarla de los presupuestos necesarios para llevarla a cabo.
-¿Qué ha supuesto para usted el reconocimiento que le hicieron por su trabajo en el turno de oficio?
-Fue una verdadera sorpresa y sinceramente creo que cualquiera de los compañeros que están de alta en el turno eran igualmente merecedores de este reconocimiento.