Ricardo Altabás (izquierda), Fernando Safont y Roberto Rabaza, el viernes durante la comparecencia ante la comisión
Paisajes de Teruel y Viento Alto exponen su dispar visión de las renovables en la Comisión de Investigación de las Cortes
Oquendo desgrana “malas prácticas” de las empresas energéticas y Safont, Altabás y Rabaza plantean la necesidad de cubrir servicios básicos
El portavoz de la Plataforma A favor de los Paisajes de Teruel, Javier Oquendo, y varios representantes de la Asociación Viento Alto en el Maestrazgo, Fernando Safont, Ricardo Altabás y Roberto Rabaza, comparecieron este viernes ante la Comisión de Investigación sobre implantación de las energías renovables en Aragón y mostraron su diferente opinión sobre la forma de actuar tanto del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) como del efecto que estos proyectos eólicos y fotovoltaicos tendrán en el territorio.
Javier Oquendo hizo un repaso por diferentes proyectos energéticos de la provincia de Teruel incidiendo en las malas prácticas desarrolladas en cada uno de ellos. El portavoz entregó una memoria USB con 26 anexos para que tengan toda la documentación ante la imposibilidad de relatarla en la comisión.
Entre las malas prácticas que sacó a relucir están las “amenazas a personas mayores” o la “influencia” que ejercieron “personas vinculadas con la administración” sobre el territorio, algo que, aseguró, no sólo lo dice Paisajes de Teruel, sino que es una afirmación que también realizó el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste. Oquendo indicó que la presencia de cargos públicos en las presentaciones de Forestalia estaban fuera de lugar, al igual que la firma de contratos en las casas consistoriales de los pueblos, porque eso supone influenciar en los vecinos.
Durante su intervención destacó cómo algunos de los proyectos recibieron una Evaluación de Impacto Ambiental Negativa, como el parque de Alpeñés, pero después, sin cambiar ningún documento, se publicó una nueva EIA positiva. En esta falta de rigor también incidió Alejandro Serrano, de la Plataforma 13 de marzo, que fue más allá en sus afirmaciones y señaló que el Inaga tuvo en la tramitación de algunos parques una forma “poco transparente de aprobar informes”, algo que calificaron de “comportamiento negligente y constitutivo de delito.
Uno de los aspectos en los que incidieron varios de los comparecientes fue en la necesidad de realizar una planificación en la Comunidad Autónoma. En este sentido Oquendo aseguró que el Gobierno de Aragón nunca ha tenido interés en ello.
Tanto Paisajes de Teruel como Plataforma 13 de marzo hicieron hincapié en la dificultad que entraña consultar la documentación, tanto por la cantidad de documentos como porque “no se informa a la ciudadanía, ni siquiera a los propietarios o afectados”, indicó Serrano.
Respondieron a las preguntas que les formularon los representantes de las distintas formaciones políticas que integran las Cortes, muchas destinadas a concretar algunos de los datos aportados por los comparecientes y otras para aclarar conceptos.
Una de las cuestiones sobre las que preguntaron a las plataformas ambientales es si consideran necesaria una moratoria, algo que defendieron como imprescindible. Plantearon primero ordenar el territorio y, en base a esa planificación, acometer los proyectos. Oquendo planteó la necesidad de esa moratoria y recalcó que “las prisas son malas consejeras”.
Las puertas giratorias utilizadas por responsables políticos que acaban en empresas energéticas fue otro de los puntos criticados por parte de los representantes de las plataformas de defensa ambiental, al igual que tener que recurrir a la vía judicial para defender el territorio.
El alcalde de La Iglesuela y presidente de Viento Alto, Fernando Safont, estuvo acompañado por los alcaldes de Cantavieja, Ricardo Altabás, y Tronchón, Roberto Rabaza. Detalló cuáles son los objetivos de la Asociación para el impulso del desarrollo de las energías renovables en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, y destacó que los nueve ayuntamientos tomaron la decisión de participar en la agrupación por unanimidad de todos los representantes de esos consistorios, de diferentes partidos políticos.
Roberto Rabaza hizo una reflexión “desde el territorio” y planteó que en Tronchón tienen a 200 metros los generadores de Olocau del Rey, mientras los suyos estarán a más de dos kilómetros. “Vemos lo que ocurre allí y nos sacan una gran ventaja. Tienen alguacil todo el año, una gasolinera y cajero automático. Nosotros tenemos una C15 vieja y tres meses de alguacil con el plan de empleo de la Diputación”, describió. Para Rabaza el clúster del Maestrazgo no constituye una solución contra la despoblación, “probablemente estaremos muertos a corto plazo”, sentenció, pero por lo menos los vecinos que vivan allí “tendrán unos servicios mínimos”, dijo.
Ricardo Altabás fue muy breve en su intervención inicial y sólo preguntó a los representantes institucionales si tienen un plan B para el Maestrazgo, una zona donde no hay otro recurso actualmente salvo el proyecto eólico.
En el turno de preguntas, los representantes del Maestrazgo fueron interpelados por el empleo que se iba a generar, algo que no pudieron detallar, y también sobre cómo iba a afectar a la ganadería y al turismo, sectores en los que Altabás indicó que no va a repercutir de forma negativa y puso como ejemplo a Morella, en Castellón, con más de cien molinos y muchos más en proyecto.
Safont recalcó que su presencia en la comisión era para defender que los intereses municipales “dependen de los parques eólicos” y planteó que “si hay cosas bien hechas o mal hechas” no son ellos quienes lo tienen que determinar.
En cuanto a la planificación y reordenación de los proyectos, los alcaldes del Maestrazgo se posicionaron a favor, aunque cuestionaron que todas las voces discordantes hayan surgido a tenor del clúster eólico de Forestalia en este territorio. “¿Por qué con todos los parques que se están montando en España sólo se cuestiona el del Maestrazgo?, ¿porque somos sólo 3.000 vecinos? ¿porque nos comparan Ordesa? -cuestionó Safont–pues que nos den la misma financiación que a Ordesa, porque nosotros no tenemos otra cosa que los parques eólicos”, sentenció.
Además, también comparecieron en la comisión la profesora titular de la Universidad de Zaragoza, María Blanca Simón; la directora de Ibermac y consultora en sostenibilidad, Beatriz López, y el presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Clúster de la Energía de Aragón, Jesús Alijarde.
Javier Oquendo hizo un repaso por diferentes proyectos energéticos de la provincia de Teruel incidiendo en las malas prácticas desarrolladas en cada uno de ellos. El portavoz entregó una memoria USB con 26 anexos para que tengan toda la documentación ante la imposibilidad de relatarla en la comisión.
Entre las malas prácticas que sacó a relucir están las “amenazas a personas mayores” o la “influencia” que ejercieron “personas vinculadas con la administración” sobre el territorio, algo que, aseguró, no sólo lo dice Paisajes de Teruel, sino que es una afirmación que también realizó el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste. Oquendo indicó que la presencia de cargos públicos en las presentaciones de Forestalia estaban fuera de lugar, al igual que la firma de contratos en las casas consistoriales de los pueblos, porque eso supone influenciar en los vecinos.
Durante su intervención destacó cómo algunos de los proyectos recibieron una Evaluación de Impacto Ambiental Negativa, como el parque de Alpeñés, pero después, sin cambiar ningún documento, se publicó una nueva EIA positiva. En esta falta de rigor también incidió Alejandro Serrano, de la Plataforma 13 de marzo, que fue más allá en sus afirmaciones y señaló que el Inaga tuvo en la tramitación de algunos parques una forma “poco transparente de aprobar informes”, algo que calificaron de “comportamiento negligente y constitutivo de delito.
Uno de los aspectos en los que incidieron varios de los comparecientes fue en la necesidad de realizar una planificación en la Comunidad Autónoma. En este sentido Oquendo aseguró que el Gobierno de Aragón nunca ha tenido interés en ello.
Tanto Paisajes de Teruel como Plataforma 13 de marzo hicieron hincapié en la dificultad que entraña consultar la documentación, tanto por la cantidad de documentos como porque “no se informa a la ciudadanía, ni siquiera a los propietarios o afectados”, indicó Serrano.
Respondieron a las preguntas que les formularon los representantes de las distintas formaciones políticas que integran las Cortes, muchas destinadas a concretar algunos de los datos aportados por los comparecientes y otras para aclarar conceptos.
Una de las cuestiones sobre las que preguntaron a las plataformas ambientales es si consideran necesaria una moratoria, algo que defendieron como imprescindible. Plantearon primero ordenar el territorio y, en base a esa planificación, acometer los proyectos. Oquendo planteó la necesidad de esa moratoria y recalcó que “las prisas son malas consejeras”.
Las puertas giratorias utilizadas por responsables políticos que acaban en empresas energéticas fue otro de los puntos criticados por parte de los representantes de las plataformas de defensa ambiental, al igual que tener que recurrir a la vía judicial para defender el territorio.
El alcalde de La Iglesuela y presidente de Viento Alto, Fernando Safont, estuvo acompañado por los alcaldes de Cantavieja, Ricardo Altabás, y Tronchón, Roberto Rabaza. Detalló cuáles son los objetivos de la Asociación para el impulso del desarrollo de las energías renovables en el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, y destacó que los nueve ayuntamientos tomaron la decisión de participar en la agrupación por unanimidad de todos los representantes de esos consistorios, de diferentes partidos políticos.
Roberto Rabaza hizo una reflexión “desde el territorio” y planteó que en Tronchón tienen a 200 metros los generadores de Olocau del Rey, mientras los suyos estarán a más de dos kilómetros. “Vemos lo que ocurre allí y nos sacan una gran ventaja. Tienen alguacil todo el año, una gasolinera y cajero automático. Nosotros tenemos una C15 vieja y tres meses de alguacil con el plan de empleo de la Diputación”, describió. Para Rabaza el clúster del Maestrazgo no constituye una solución contra la despoblación, “probablemente estaremos muertos a corto plazo”, sentenció, pero por lo menos los vecinos que vivan allí “tendrán unos servicios mínimos”, dijo.
Ricardo Altabás fue muy breve en su intervención inicial y sólo preguntó a los representantes institucionales si tienen un plan B para el Maestrazgo, una zona donde no hay otro recurso actualmente salvo el proyecto eólico.
En el turno de preguntas, los representantes del Maestrazgo fueron interpelados por el empleo que se iba a generar, algo que no pudieron detallar, y también sobre cómo iba a afectar a la ganadería y al turismo, sectores en los que Altabás indicó que no va a repercutir de forma negativa y puso como ejemplo a Morella, en Castellón, con más de cien molinos y muchos más en proyecto.
Safont recalcó que su presencia en la comisión era para defender que los intereses municipales “dependen de los parques eólicos” y planteó que “si hay cosas bien hechas o mal hechas” no son ellos quienes lo tienen que determinar.
Comparación con Ordesa
En cuanto a la planificación y reordenación de los proyectos, los alcaldes del Maestrazgo se posicionaron a favor, aunque cuestionaron que todas las voces discordantes hayan surgido a tenor del clúster eólico de Forestalia en este territorio. “¿Por qué con todos los parques que se están montando en España sólo se cuestiona el del Maestrazgo?, ¿porque somos sólo 3.000 vecinos? ¿porque nos comparan Ordesa? -cuestionó Safont–pues que nos den la misma financiación que a Ordesa, porque nosotros no tenemos otra cosa que los parques eólicos”, sentenció.
Además, también comparecieron en la comisión la profesora titular de la Universidad de Zaragoza, María Blanca Simón; la directora de Ibermac y consultora en sostenibilidad, Beatriz López, y el presidente de la Comisión de Sostenibilidad del Clúster de la Energía de Aragón, Jesús Alijarde.
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