Jiloca: El comité de huelga acusa a FCC de dilatar el juicio por unos servicios mínimos "abusivos"

El abogado de los trabajadores del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de la Comarca del Jiloca ha solicitado al Juzgado de lo Social de Teruel que declare atentatorio contra el libre ejercicio al derecho de huelga por su carácter abusivo los servicios mínimos impuestos por la concesionaria FCC. En su escrito de conclusiones remitido este jueves solicita requiere asimismo que condene a la demandada a indemnizar a los trabajadores con 700 euros por día de vigencia de los mismos que haya tenido que trabajar.

El representante legal de los empleados, el abogado Sergio Méndez, explicó que recibió este miércoles la documentación requerida a la empresa, en concreto los partes de trabajo para probar que, aunque los servicios mínimos determinados por la Comarca eran del 70 %, “en realidad la empresa estaba poniendo más horas que cuando no había huelga” y que incluso superan las de una jornada normal.

Méndez indicó que estos partes son la base de su demanda y lamentó que la empresa haya apurado el plazo dado por el juzgado para hacer entrega de los mismos. “Nos encontramos con que un procedimiento que podría haberse resuelto alrededor del 20 de agosto se va a ir a bien entrado el mes de septiembre, por lo que entendemos que la indemnización solicitada para cada uno de los trabajadores que hay sufrido esta circunstancia está más que justificada”, dijo en su escrito.

El representante legal de los trabajadores considera acreditados los hechos de la demanda “por lo que habrá que dictarse, y así se solicita, resolución considerando abusivos y, por tanto, nulos, los servicios mínimos impuestos unilateralmente por la empresa demandada”.

Escrito

Méndez recuerda en su escrito que la empresa entregó una carta a los trabajadores que contenía una orden de trabajo conforme a un cuadrante que “en ningún caso se puede considerar que respete ese 70 % sino que constituye incluso más del 100 % de las horas pues contiene incluso un apartado de servicios extraordinarios”.

En el escrito, reiteran que FCC se comprometió en marzo, tras conseguir la adjudicación del servicio, a reforzar la plantilla en los meses de más ocupación, como puede ser el verano o las fiestas patronales. Sin embargo, al hacerse cargo del mismo el 1 de agosto había dos trabajadores de baja de larga duración que no han sido sustituidos. “La empresa no ha guardado la debida diligencia a la hora de tener contratado personal suficiente para prestar el servicio aunque no hubiese sido declarada huelga ninguna. ¿Deben ser, por tanto, los trabajadores los que hagan un sobreesfuerzo y no la empresa?”, se preguntan.

La demora en la aportación de los cuadrantes motivó que el juicio no pudiese concluir el pasado 22 de agosto, informa Méndez, quien se pregunta qué impedía a la empresa haber aportado dicha documentación en el acto de la vista. Por lo tanto, considera que la única intención era dilatar lo más posible la resolución del juicio.

Tras desglosar las horas de trabajo realizadas por los trabajadores, el escrito termina con la súplica al juzgado de que dicte nulos los servicios mínimos impuestos por FCC y atentatorio contra el libre ejercicio al derecho de huelga por su carácter abusivo y abone 700 euros por día de vigencia de los mismos a quienes hayan tenido que trabajar en concepto de indemnización por daños y perjuicios.