Una polémica servidumbre de paso impide atajar el lanzamiento de objetos contra el IES Bajo Aragón

La identificación, el pasado 10 de noviembre, de cinco menores de edad en Alcañiz por el lanzamiento contra el campus del Instituto (IES) Bajo Aragón de “artefactos” elaborados de manera casera con ácido clorhídrico ha sacado a la luz un problema de incivismo que el centro educativo lleva sufriendo desde hace más de una década: el lanzamiento de objetos de todo tipo y dimensiones desde la plazoleta de los antiguos cines de la urbanización Paola Blasco, una zona privada, pero de uso público.

El problema de lanzamiento de objetos ha llegado a ser tan recurrente que el centro evita emplear siempre que puede la pista deportiva que se sitúa más próxima a la citada urbanización. No en vano, desde una altura de unos siete pisos se vienen tirando puntualmente distintos tipos de objetos contundentes que recalan en el interior de las instalaciones: “piedras, adoquines, bloques de hormigón, sumideros de desagües, baldosas, botellas, latas y hasta una bicicleta entre otros objetos”, según enumera Javier Royo, presidente del Ampa.

Apilados en la pista de atletismo que rodea esta zona deportiva están depositados desde hace meses los rollos del césped del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Santa María que el Ayuntamiento donó al centro cuando lo sustituyó hace meses.

El instituto sigue sin colocarlo por seguridad, puesto que constantemente aparecen en ese punto del campus diferentes tipos de objetos (botellas de cristal y latas principalmente) que se lanzan desde las zonas de acceso público de la urbanización, en concreto desde la plaza de los antiguos cines. “Si siguen lanzando botellas de cristal, el césped se llenará de pequeños cristales, lo que es un peligro para nuestro alumnado, por lo que no podemos colocarlo sin esta situación persiste”, enfatizó la directora del centro, María Victoria Jiménez.

A pesar de que el IES está muy interesado en la colocación del césped, no lo instalará mientras el problema persista, puesto que “la prioridad es la protección de los miembros de la comunidad escolar’, añadió.

Evitar la zona

Ante esta situación, el centro ha tomado algunas medidas como evitar siempre que se puede que en esa parte del campus se practique educación física. “Solamente se emplea la pista de atletismo cuando se necesita y en el resto de actividades el profesorado de Educación Física evita situarse cerca de allí por precaución”, reconoció la directora. En cuanto a los recreos, “aunque el alumnado no suele situarse por allí, en las guardias se les indica que se aparten de ese entorno, también por precaución”, añadió.

El personal de limpieza sigue aproximándose puntualmente a la zona a retirar los objetos que se tiran, teniendo especial cuidado con los restos de cristal (los más habituales) pero lo hace, como relató Jiménez, “con mucha precaución”.

La inquietud del centro se ha hecho extensible al Ampa, que también ha manifestado su “preocupación” por “un problema que acarrea un peligro y lleva muchos años estancado y sin solución”, afirmó Javier Royo, su presidente. Lo del lanzamiento el pasado 10 de noviembre de objetos tipo “cócteles molotov” (así los denominó la Policía Local)  ha sido el último incidente de muchos y es lo que ha llevado al Ampa a pronunciarse sobre una cuestión que les quita el sueño y en la que llevan trabajando desde hace semanas.

 

Los representantes del Ampa han mantenido varias reuniones para intentar llegar a una entente  cordial sobre este problema desde que comenzó el curso: “nos hemos reunido con el alcalde y con la gestoría Asesban, que representa a la Comunidad de propietarios, y mientras unos señalan que es un tema que concierne a la propiedad, los otros que es un tema de seguridad ciudadana y que la responsabilidad no es suya si se lanzan objetos y dañan a alguien que se encuentra en el campus”, explicó Royo.

El Ampa demanda soluciones, puesto que “podría ocurrir que, tarde o temprano, se produzca algún daño personal causado por algún objeto tirado desde arriba, y lo que no queremos es acabar manifestándonos en la plaza de España cuando haya algún suceso que lamentar y sea demasiado tarde”, enfatizó el presidente.

Los primeros avances que apuntaban a una solución se dieron “hace año y medio”, cuando la comunidad dio su “beneplácito” a la colocación de una valla que el Ayuntamiento de Alcañiz se comprometió a financiar (la propiedad no está dispuesta a pagarla). Con esa valla se quiere impedir que se sigan lanzando objetos contundentes desde la plaza de los cines. No obstante, a día de hoy la valla no solo no se ha instalado sino que su colocación requiere de un proyecto, por tener que sujetarse a la estructura de la urbanización y por encontrarse en un área con vuelo y afectada por rachas de viento.

Servidumbre de paso

La plaza desde la que los vándalos lanzan todos estos objetos es una zona de uso público. Se trata de una servidumbre de paso que firmó la empresa promotora de la urbanización a favor del Ministerio de Educación para que el alumnado del IES Bajo Aragón pudiera acceder al centro a través de una escalera que parte de la plaza de los cines y desciende hasta la calle inferior. Pero su estado actual es completamente insalubre y ya desde su construcción y apertura ha sido un foco de vandalismo. Años atrás algunos chavales accedían a los locales vacíos de la urbanización por esa escalera y realizaban pequeñas hogueras. Actualmente, prácticamente nadie las utiliza para acceder al centro; la casi totalidad del alumnado emplea otros accesos alternativos.

Esta servidumbre es un derecho de paso que replica un antiguo acceso -anterior a que se construyera la urbanización- que empleaba una escalera metálica que descendía, entre huertos, hasta el IES Bajo Aragón.

Años atrás, se planteó el cierre de las escaleras como solución para terminar con el problema. La comunidad de propietarios llegó a aceptar y aprobar el cierre de esta servidumbre. Tal y como explicó Óscar Vargas, administrador de la propiedad, “como en las escrituras figura que la servidumbre de paso se otorga a favor del Ministerio de Educación para suplir el antiguo acceso que tuvo el IES, se propuso al Instituto que renunciara a este derecho de paso, y así lo hicieron, renunciando en una carta que firmaron en 2019”, detalló el representante de la propiedad. Sin embargo, según Óscar Vargas, “cuando pensábamos que con esta renuncia ya estaba solucionado todo, en 2022 nos llegó una notificación del Ayuntamiento en la que se nos prohibía cerrar este paso, porque el derecho, según los servicios jurídicos del Ayuntamiento, no solo es para el alumnado del Instituto Bajo Aragón, sino para toda la ciudadanía”, detalló.

Ante la negativa municipal a cerrar el paso, la última alternativa que se ha negociado es la colocación de una valla de dos metros de altura sobre el muro que circunda la plaza de los antiguos cines y evitar que se sigan efectuando lanzamiento de objetos. Se trata, en todo caso, de una medida disuasoria, pero no definitiva, puesto que “aunque quien lance algo no podrá ver qué ocurre cuando llega abajo, lo cierto es que no impide que, de manera parabólica, se sigan tirando objetos”, reconoció Vargas.

Reclamación

De la misma opinión es el Ampa, que ha reclamado que, además del vallado, se coloquen cámaras de videovigilancia, algo que tampoco parece fácil, puesto que, al tratarse de un espacio de uso público, existe un derecho de privacidad de quien transita por la zona. Según el representante de la propiedad, “estaríamos a favor, pero como comunidad no podemos realizar grabaciones y, si se colocan cámaras, éstas tienen que estar conectadas a la centralita de la Policía Local”.

En definitiva, la situación, por una cuestión u otra, se encuentra “en un limbo”. Así lo define el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien reconoció que “la colocación de una valla, que es el acuerdo al que se había llegado inicialmente, no es tan fácil técnicamente como parece, porque la zona tiene vuelo, recibe vientos y hay que tener cuidado de que no se emplee para que nadie pueda trepar a los pisos superiores de la urbanización”, detalló.

En cualquier caso, el Ayuntamiento “está dispuesto a pagar el vallado, pero éste tiene que tener la autorización de la comunidad y cumplir con cierta reglamentación para seguir adelante”. El proyecto se ha encargado a un arquitecto local para que aporte la mejor solución técnica. “Esperamos tenerlo en unas semanas”, informó Vargas, aunque la propiedad también reconoce que “esto no soluciona el problema definitivamente, porque, aunque se complica, no se imposibilita que se lance nada”.

Con todo, la gamberrada de principios del mes de noviembre ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que nadie ha solucionado en más de una década y que tiene pocos visos de encontrar una solución a corto plazo,  y de ello se lamentan desde el Ampa. El presidente de la Asociación de padres y madres se pregunta qué habría ocurrido si los artefactos  que tiraron los chavales identificados por la Policía Local el 10 de noviembre (se produjeron varias explosiones que se escucharon desde el interior del centro) hubieran causado daños personales. “Nadie quiere la responsabilidad por lo que sucede, unos dicen que la tiene la comunidad de propietarios y otros que el Ayuntamiento, porque es un problema de seguridad ciudadana, pero no se puede seguir así”, sentenció Javier Royo.