Los afectados por el derrumbe de Pui Pinos de Alcañiz esperaban un mayor reconocimiento de daños morales

La responsabilidad solidaria de Sifa y del Ayuntamiento de Alcañiz por el derrube de Pui Pinos entraba dentro de lo esperado por las partes que representan a las familias personadas en el procedimiento, aunque no tanto las indemnizaciones reconocidas por la sentencia, de 1.360.000 euros, muy inferiores a los más de dos millones de euros reclamados por los afectados.

El conocimiento del contenido de la sentencia el lunes por la mañana provocó sentimientos dispares entre los afectados. Hubo quienes se mostraron satisfechos con el fallo judicial y quienes entienden que se queda demasiado lejos de lo demandado, especialmente en lo que concierne a la reclamación de daños morales.

Este último era el aspecto más peliagudo de las reclamaciones vecinales, al contrario que los daños materiales, que son más fáciles de cuantificar. A algunos afectados se les aceptan más daños morales que a otros, que apenas ven reconocido el 10% de su reclamación en este sentido. Según valoró el abogado de uno de los vecinos personados en el caso José María Sancho, ha habido una “disminución importante en ese sentido por parte de la juez”. Aún con todo, ninguna persona queda sin indemnización en esta sentencia.

David Miranda, uno de los afectados, valoró que “por fin tenemos un fallo judicial, que es lo que hemos estado esperando durante cuatro años, aunque no nos puede dejar del todo satisfechos cuando apenas han sido reconocidos los daños morales en unas personas a las que el Ayuntamiento terminó ninguneando”. En este sentido,  dijo, “lamentamos que se haya reconocido lo mínimo para compensar las pérdidas de enseres personales, por ejemplo, que se nos dijo que podríamos retirar del punto de recogida que montó el Ayuntamiento gastándose un montón de dinero y que cuando pudimos acceder a él nos dimos cuenta de que allí no había otra cosa más que montones de tierra”.

Aún con todo, Miranda reconoció que “la sensación general es buena, porque llevamos tres años peleando por ello”, añadió. Con todo, este vecino, que ha actuado en distintas ocasiones como portavoz de la Plataforma de afectados, lamentó que “a las dos funcionarias municipales no se las responsabiliza de nada y van a seguir en su puesto”.

Por su parte, la pareja formada por María Ángeles y Antonio Gaibar calificó el fallo de “positivo” y consideró que “pone la cara colocara al Ayuntamiento”, afirmó María Ángeles, a quien el derrumbe se le llevó por delante la mitad de su vivienda de tres pisos en la que vivían la pareja, su suegra y su hijo con su nuera. Aún con todo, esta vecina evitó valorar como un éxito el fallo judicial, puesto que “vamos con pies de plomo, porque la sentencia no es firme y cualquiera de las partes tiene 20 días para recurrir”.

Por otra pare, el letrado José María Sancho consideró que el fallo entraba dentro de las previsiones, a la vista de cómo había ido discurriendo el procedimiento y de las periciales que se habían practicado. “Habían concurrido dos circunstancias que habían determinado el corrimiento de tierras que originó los daños en las viviendas y han quedado demostradas”, enfatizó el abogado. En relación a los posibles recursos, consideró que “está la promesa del alcalde actual de que no se iba a recurrir la sentencia, fuera cual fuera el fallo, pero no hay que olvidar que el  Ayuntamiento tiene una póliza concertada con Mapfre, y la aseguradora no está sujeta a esa promesa. Además, Sifa o algún afectado también pueden recurrir”.