La empresa Sifa recurre el fallo de Pui Pinos y el Ayuntamiento presenta la fianza

La empresa Servicios Integrales de Fincas Aragón S.L. (Sifa) -encargada del servicio de mantenimiento de parques y jardines de Alcañiz- ha presentado un recurso contra la sentencia  del pasado mes de junio que la condenó, en responsabilidad solidaria con el Ayuntamiento de Alcañiz, a pagar una indemnización a los afectados por el deslizamiento del cerro de Pui Pinos de 1.360.000 euros. El Ayuntamiento de Alcañiz por su parte, ha depositado ya la fianza en el juzgado acatando el fallo.

Así lo confirmaron fuentes de la empresa, por un lado, y el teniente de alcalde de Alcañiz, Javier Baigorri, por otro, quien apuntó que “al margen de lo que haya hecho Sifa, nosotros hemos cumplido con lo prometido a los vecinos, que era acatar la sentencia, fuera cual fuera el fallo judicial, y, por tanto, hemos entregado el depósito de nuestra parte de la fianza”. El montante es una cuarta parte de lo estipulado en la sentencia, a la vista de que la condena era solidaria para ambas partes y que también fueron condenadas las aseguradoras.

Tanto Sifa como el Ayuntamiento de Alcañiz fueron condenadas y declaradas responsables solidarias del corrimiento de tierras del cerro de Pui Pinos, que el 17 de abril de 2017 arrasó en la calle Muro de Santiago varios inmuebles y cocheras y obligó al desalojo durante meses de los vecinos del barrio.

La sentencia fijó una indemnización de 1.360.000 euros para los afectados, lejos de los más de dos millones de euros que sumaban las reclamaciones patrimoniales y por daños morales que demandaron los vecinos que se personaron en el procedimiento.

La magistrada del juzgado de lo contencioso administrativo de Teruel dictó dos sentencias en las que declaró responsables solidarios de lo ocurrido al Ayuntamiento y a la empresa que tenía adjudicada el mantenimiento de los jardines del cerro. No en vano, la juez reconoció la concurrencia de dos circunstancias que determinaron el corrimiento de tierras: la falta de seguridad en el cerro, que se considera demostrada con las pruebas periciales aportadas por las partes y que atañía al Ayuntamiento, y un aporte de agua extraordinario en la zona causado por que la llave de una tubería se dejó abierta durante varios meses.

Baigorri enfatizó que “salvo que el resultado del recurso diga otra cosa, el Ayuntamiento ha cumplido con su parte depositando la parte que le correspondía en el juzgado”, que es una cuarta parte del montante estipulado en la sentencia (1.390.000 euros), ya que parte de los daños también tienen que ser asumidos por las aseguradoras del Ayuntamiento  y de la empresa responsable del mantenimiento de los jardines.

Desde que se produjo el deslizamiento hasta la resolución judicial han pasado cuatro años. En este tiempo, el Ayuntamiento realizó una consolidación del terreno del cerro para evitar que se produzcan futuros desprendimientos y disminuir los riesgos de caída de rocas y tierras, dada la inestabilidad geológica que presentaba el cabezo.