La acusación particular pedirá cinco y dos años por la muerte de Joel García en Andorra

La acusación particular pedirá cinco y dos años de prisión respectivamente para dos guardias civiles que intervinieron en el ejercicio de sus funciones en el suceso ocurrido en Andorra el 11 de enero de 2021, cuando el joven Joel García, que sufría en ese momento un brote esquizofrénico psicótico y portaba un destornillador y un cuchillo, resultó muerto al intentar reducirlo los agentes y uno de ellos efectuó disparos con su arma reglamentaria. El juicio, que tenía que iniciarse este martes, se celebrará finalmente a partir del 19 de junio en la Audiencia Provincial tras resolverse una cuestión previa de competencia.

La vista estaba señalada para el martes 6 de junio pero a última hora de la mañana del día anterior avisaron al abogado de la familia de la víctima para que no acudieran los testigos, porque previamente había que resolver una cuestión de competencia sobre a qué tribunal correspondía juzgar a los dos agentes de la Guardia Civil que están acusados, si la Audiencia Provincial o un Tribunal del Jurado.

La duda había surgido por un error en uno de los escritos de calificación de las partes, por lo que el tribunal planteó una cuestión de competencia que se resolvió en el acto y se señaló de nuevo la vista para los próximos días 19, 21 y 22 de junio en la Audiencia Provincial, que es el órgano judicial competente tal como estaba previsto. Inicialmente el juicio había sido programado para los días 14 y 15 de marzo pasado, pero entonces también se pospuso. Al señalamiento de ayer solo acudieron los dos guardias civiles acusados, así como el Abogado del Estado, el fiscal y el letrado de la acusación particular, puesto que se trataba de resolver esa cuestión previa.

Arma reglamentaria

Uno de los agentes, que fue el que hizo uso del arma reglamentaria, se enfrenta a una petición de pena de cinco años de prisión por un presunto delito de lesiones, otro de homicidio imprudente y un tercero de lesiones imprudentes. El otro guardia civil se enfrenta a una petición de dos años por un presunto delito de lesiones.

En ambos casos solo acusa la acusación particular ya que el Abogado del Estado y la Fiscalía piden la absolución al entender que su intervención la realizaron en defensa propia cuando intentaban desarmar al enfermo.

Carlos Guía, abogado de la familia de la víctima, manifestó que por fin se va a poder celebrar el juicio tras dos años complicados en los que se ha intentado archivar la causa sin atribuir responsabilidades a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron.

El letrado de la acusación particular, que es el único que acusa puesto que la Fiscalía no lo hace al haber pedido la absolución en el caso del agente que disparó su arma y el sobreseimiento para el otro acusado de lesiones por entender que las patadas a la víctima las dio para desarmarla, comentó que ha habido “muchas dificultades” para llegar al juicio y que el principal interés de la familia era que un tribunal de justicia “investigara y enjuiciara los hechos”.

Proceso complejo

Guía recordó que ha habido hasta cinco intentos de que el asunto no llegara a juicio con peticiones de sobreseimiento libre. Explicó que se resolvieron dos asuntos en instrucción sobre esa cuestión, y dos en la Audiencia Provincial. “Al final habrá juicio, que es lo que más garantiza nuestro sistema, que haya un juicio y que las partes puedan con todos los medios de prueba exponer sus posturas y que sea el tribunal el que decida”, argumentó el letrado.

Los hechos ocurrieron la tarde del 11 de enero de 2021 cuando la víctima, Joel García, de 30 años, sufrió un brote esquizofrénico psicótico agudo y la madre avisó al 061 ante la violencia mostrada. Personados los equipos sanitarios y dos patrullas de la Guardia Civil con un total de cuatro agentes, intentaron en un principio tranquilizar al enfermo para que depusiera su actitud, portando este un destornillador en una mano y un cuchillo de mesa en la otra.

Los agentes intentaron reducir al joven con la ayuda de sus defensas extensibles y un escudo antidisturbios. Tras un primer intento infructuoso en el que mediaba una puerta con la que podían contener a la víctima, la segunda vez que intentaron desarmarla fue cuerpo a cuerpo y fue entonces cuando uno de los guardias civiles disparó con su arma reglamentaria, mientras el otro le dio una patada para desarmarlo, según el Abogado del Estado, si bien el abogado de la familia del fallecido sostiene que en ese momento estaba ya desarmado.

Informe de criminalística

Los dos agentes de la Guardia Civil acusados que intervinieron en los hechos ocurridos en enero de 2021 cuando un paciente sufría en casa de sus padres un brote esquizofrénico psicótico agudo, y empezó a amenazar a su familia y a los profesionales que acudieron a atenderle, serán juzgados por presuntos delitos de imprudencia en el ejercicio de sus funciones al hacer uno de ellos uso de su arma de fuego reglamentaria, además de lesiones. El informe de criminalística y la autopsia serán determinantes para esclarecer la posible responsabilidad penal, sobre todo en el caso de quien abrió fuego.

Lo que se juzgará, en el caso de este agente, es si cometió un homicidio imprudente, no voluntario, en el ejercicio de sus funciones para intentar reducir a la víctima ante el estado de resistencia que mostraba. También de un delito de lesiones imprudentes, puesto que la bala de uno los disparos impactó en la rodilla del hermano de la víctima. Además, este y el otro agente están acusados de sendos delitos de lesiones por golpear a la persona que había sufrido el brote psicótico.

Las pruebas periciales que se practicarán en el juicio deberán esclarecer cómo se produjeron los acontecimientos, y si en el momento de realizarse los disparos la víctima no portaba ya ni el destornillador ni el cuchillo al haber sido desarmado previamente. La autopsia reveló que se efectuaron tres disparos que entraron por la parte posterior del hombro izquierdo.