Endesa y Samca siguen tirando del carro un año después del cierre de la térmica de Andorra

Un año después del cierre de la central térmica y cuando se cumplen dos y medio de la clausura de las últimas minas de carbón de la provincia, Endesa y Samca siguen ofreciendo la mayor parte de las escasas alternativas laborales que tienen las 504 personas que, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), se han visto afectadas por las políticas de descarbonización del nuevo paradigma energético.

Un total de 69 agentes de los 34 municipios comprendidos en el Convenio de Transición Justa de Aragón han presentado al Instituto para la Transición Justa (ITJ) hasta 140 propuestas e ideas, un proceso para el que la directora del organismo dependiente del Miteco, Laura Martín, prefirió no poner una fecha de resolución en su última visita a Andorra el pasado 28 de mayo.

En esa ocasión presentó, ante una veintena de empresas energéticas, cooperativas, grupos de acción local, asociaciones empresariales y sindicatos, las bases del concurso del Nudo Mudéjar, los 1.300 megavatios (MW) de potencia de evacuación que el Miteco pretende adjudicar antes de final de año a la eléctrica o eléctricas que desarrollen nueva potencia renovable en la zona. Para llevárselo, deberán generar valor añadido en cuanto a inversión asociada, creación de empleo, formación, ingresos municipales y, en definitiva, contribuir a la recuperación socioeconómica de la cuenca minera turolense tras el cierre del sector mineroeléctrico.

En aquella reunión estuvo presente Endesa, que hasta ahora ha sido la única compañía eléctrica en dar a conocer abiertamente su proyecto de 1.725 MW de desarrollo renovable, almacenamiento energético e hidrógeno verde.

106 empleos en el desmontaje

El Miteco no puede mostrar predilección por uno u otro proyecto, pero sí ha incluido dentro de las bases del concurso criterios de creación de empleo en el desmantelamiento de antiguos equipamientos energéticos como la central térmica de Andorra que, según fuentes de Endesa consultadas, generaba a finales de la semana pasada 106 empleos, de los cuales el 70% corresponden a trabajadores locales y el resto a empleados especializados que vienen de otros lugares y que dinamizan igualmente Andorra y comarca.

La eléctrica prevé que a lo largo de julio la contratación aumente y, con ello, se refuerce el compromiso anunciado de creación de empleo local en las tareas iniciales de desmantelamiento del parque de carbones y descalorifugado y desamiantado de las tres torres de refrigeración.

El desmantelamiento tendrá un coste de 60 millones de euros y movilizará durante 48 meses a picos de 140 trabajadores directos. Para su capacitación, en el marco de un convenio entre Endesa, el Inaem y el Ayuntamiento de Andorra han concluido cuatro cursos dirigidos a un total de 200 personas, algunas de las cuales se han apuntado a la bolsa de empleo del ITJ dirigida principalmente a los empleados de las subcontratas.
 

73 personas en la bolsa

Según datos ofrecidos por el Miteco, a fecha 5 de junio había 73 personas inscritas, de las que 41 ya tenían alguna oferta de empleo. Un total de 23 estaban trabajando en el desmantelamiento, seis se iban a incorporar de forma inmediata y otras nueve habían encontrado otros empleos. Tres más fueron seleccionadas pero por motivos personales de diversa índole decidieron renunciar al empleo en el desmontaje de la térmica.

“En el desmontaje hay trabajando unos veintipocos de las antiguas contratas”, por lo que “sigue habiendo mucha gente parada que se ha comido ya un año de prestación por desempleo”, corroboró el extrabajador de la central José Antonio Crespo, que gracias a su bagaje profesional consiguió colocarse en otro centro industrial a los días de cerrar la térmica.

Samca cumple

Si Endesa es uno de los motores de absorción del empleo destruido en el sector mineroeléctrico, también lo es Samca, empresa que explotó minas de carbón a cielo abierto y de interior principalmente en Ariño.

La solvencia de la empresa permitió realizar la restauración ambiental de sus minas, una tarea que el Miteco apoyó con 15.924.254,63 euros concedidos en 2020 para la unidad de producción a cielo abierto Santa María. Compañía General Minera de Teruel, perceptora de otros 3.929.933,33 euros, hizo lo propio con Mi Viña, desmonte localizado entre Estercuel y Cañizar del Olivar.

Nada más cerrar las minas, Samca anunció dos proyectos industriales para el territorio. El primero, Forgasa, es una planta en Ariño con 41 millones de euros de inversión que emplea ya a 20 trabajadores indefinidos en la fabricación de fertilizantes en base a leonardita, polvo de carbón. Cuando esté a pleno rendimiento prevé crear 125 puestos de trabajo, 85 de ellos directos.

Por otro lado, tras invertir 15 millones de euros, Samca reabrió este año sus instalaciones en Alcorisa, en esta ocasión bajo el nombre de Faveker y para fabricar sistemas de fachadas ventiladas con aplicación tanto en rehabilitación como en obra nueva y proyectos singulares. Emplea ya a 35 personas y a la vuelta del verano “va a tener un aumento significativo de la actividad y de la carga de trabajo” porque sus productos se están consolidando como “claves para la eficiencia energética”, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, explicaron fuentes de la empresa.

“Samca ha cumplido con lo que se había comprometido y no se ha quedado prácticamente nadie colgado”, aseguró el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que destacó el esfuerzo de la empresa no solo con su plantilla propia, sino también con las subcontratas. Las explotaciones de arcillas han sido fundamentales también para absorber el empleo perdido en la denostada minería del carbón.
 

Renovables

A la espera de que lleguen otros proyectos productivos que los ayuntamientos de la zona, especialmente el de Andorra, dicen tener en cartera, el corto plazo parece depender de centrales renovables como las de Endesa, que prevé generar entre 600 y 700 empleos anuales hasta 2026 en la construcción de su macroplanta fotovoltaica. Esta generaría del orden de 200 empleos en su fase de mantenimiento y operación, calcula la eléctrica.

Sin embargo, esta inversión depende de que se le adjudique el total de los 1.300 MW del Nudo Mudéjar. El resultado del concurso se conocerá el próximo otoño, según Martín, que aseguró en su visita reciente a Andorra que lo que se busca es crear valor añadido en forma de “proyectos asociados en territorio, no simplemente la instalación de renovables”. El proceso de adjudicación tendrá en cuenta la generación de empleo y la puesta en marcha de planes de formación profesional, analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales, tendrá en cuenta la posibilidad de promocionar el autoconsumo energético y las comunidades energéticas, los ingresos municipales, el impacto ambiental o la madurez del proyecto.

El Miteco le da a este Nudo “una importancia muy significativa” dentro del Convenio de Transición Justa para el que Martín rehusó dar una fecha de firma, aunque avanzó que el ITJ sí hará público un borrador que sirva de guía a las 69 administraciones locales, organizaciones empresariales y sindicales, empresas, universidades, centros educativos, oenegés ambientales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y otras entidades que han presentado propuestas.

El proceso de participación pública finalizó el 7 de junio de 2020 y el protocolo entre el Miteco y el Gobierno de Aragón fue firmado el 22 de mayo de 2020. La empresa pública Tragsatec ha visitado el territorio para comprobar el grado de idoneidad y las necesidades de las propuestas, pero todavía no ha definido cuáles tienen más visos de realidad por su madurez ni la financiación que se les aparejaría.

El ministerio insiste en que la demora con los Convenios de Transición Justa se debe en parte a la pandemia pero también, paradójicamente, a una buena noticia como son los 300 millones de euros en ayudas específicas para las zonas en transición energética que el Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia (PRTS) del Gobierno de España contempla inyectar, si bien hay que “replantear agendas y procesos para aprovechar esta nueva vía de financiación”.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se refirió en marzo en el Senado al proceso de Transición Justa en Teruel como “un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar empleo, atraer inversión para dinamizar, diversificar y restaurar las economías de Andorra y las regiones mineras de Teruel”.

Prometió que el Convenio sería “un documento de acciones y no de intenciones”, elaborado a partir de la participación y la consulta social” en aras de “identificar los mejores proyectos para el territorio teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales”.

504 empleos

El compromiso del Ejecutivo estatal es crear en el territorio, al menos, el mismo número de empleos que estarían potencialmente afectados por el cese de la actividad minera y energética, estimados en 504, la mayor parte de los cuales se corresponde actualmente con trabajadores prejubilados, empleados en las tareas de restauración o en formación profesional.

Las ayudas a trabajadores, municipios e iniciativas empresariales concedidas hasta la fecha en la zona de este Convenio, que incluye 34 municipios –de Cuencas Mineras, Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Maestrazgo– ascienden a 43,4 millones de euros, que según el ministerio ayudarán a crear 294 empleos y a mantener 338 puestos de trabajo. No obstante, comprenden algunos planes antiguos, como el Miner 2013-2018, cuyas infraestructuras no se han ejecutado porque la financiación no llega a los ayuntamientos y comarcas. De ellas dependen más de un centenar de empleos.

Además, según explicó Ribera, están por llegar 357 millones de euros para las comarcas en transición energética de toda España. De ellos, 20 millones serán para nuevos proyectos empresariales Miner y 7 para pequeños proyectos de inversión previstos para el periodo 2020-2023; 7 millones irán a parar a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas; 30 millones para una línea adicional de ayudas para pymes y los 300 millones del PRTS en ayudas específicas para zonas en transición energética. De este montante, habrá dinero para seguir restaurando minas y 100 millones irán a parar a infraestructuras municipales, sociales y ambientales.
 

Los sindicatos y empresarios locales, escépticos ante una transición justa que la DGA sí considera viable

Antes la gente llegaba a trabajar a Andorra y ahora es la mano de obra andorrana la que tiene que salir a otras localidades del entorno con más industria. Así lo manifiestan sindicatos y empresarios locales, que reclaman alternativas laborales para que Andorra no tenga que conformarse con ser una localidad de servicios. La Administración autonómica y local mantiene la esperanza de que el proceso de transición justa se salde de forma satisfactoria tras desplegar todo el brazo financiero y económico a su alcance.

La villa minera ha perdido su estatus de polo industrial con el cierre de la central térmica. Según el Instituto Nacional de Estadística, Andorra cerró 2020 con 7.345 habitantes frente a los 7.472 de 2019 y los 7.633 de 2018. Sin embargo, “por la noche no duermen más de 5.000 personas en el pueblo”, calculó el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, que en los últimos meses ha pasado del optimismo al escepticismo ante “la tomadura de pelo” de la transición justa.

“No hemos avanzado absolutamente nada. Solo hemos visto procesos participativos de los que estamos cansados y lo que necesitamos es que nos pongan medios para salir de esta situación”, dijo el empresario, que calificó de “vergüenza” que la banda ancha no haya llegado todavía a los polígonos de Andorra.

Miguel aseguró que los andorranos aún están esperando “los cinco proyectos empresariales y los 230 empleos” que anunció Javier Lambán en Andorra hace dos años o “la mayor planta de pelets de Europa; y se quedan tan anchos”, afeó.

“Confío en que la adjudicataria del Nudo Mudéjar de 1.300 MW sea para Endesa, que al menos es una empresa seria que, por supuesto, viene a ganar dinero, pero no nos podemos quejar de todo lo que nos ha dado y se ha demostrado que no viene a jugar a comprar y vender”, manifestó Miguel.

“Si la construcción de los parques son seis años, seis años más que tiraremos para adelante. Y si ese dinero que ingrese el ayuntamiento lo podemos revertir en hacer de Andorra un sitio maravilloso para vivir, estupendo, aunque tengamos que salir a trabajar a 20 o 40 kilómetros”, concluyó.

“Estamos en el mismo punto de partida que hace un año o incluso peor porque no vemos absolutamente nada. La única alternativa es el desmantelamiento pero trabajan cien personas y no todas de la zona, cuando hace un año estábamos 300 en la central”, dijo el presidente del comité de empresa de la térmica y secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve.

El también concejal en el Ayuntamiento de Andorra dijo que hay interés empresarial por instalarse en Andorra. Mientras se deciden los posibles inversores, los trabajadores salen a “Calanda, Albalate o a Prenavisa (La Puebla de Híjar), por lo que antes venían a Andorra a trabajar y ahora salimos nosotros”.

“Cada día hay que comer”

“Vivimos siempre en el futuro. A ver cuándo pasamos a hacerlo en el presente porque cada día hay que comer, pagar la hipoteca y comprar unas zapatillas a los niños cuando se rompen. Nos han acostumbrado a que dentro de unos años habrá empresas, pero nunca llegan”, criticó el secretario de la Unión Comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez.

José Antonio Crespo, extrabajador de las subcontratas, aseguró que “la situación de las familias va siendo complicada”, pues “la mayoría de los compañeros se ha quedado en el paro y están esperando a que les llamen para trabajar”.  En concreto, “un compañero con 58 años está desesperado y otros se han tenido que buscar la vida, algunos en Zaragoza en trabajos eventuales de dos o tres meses”, añadió.

“Transición justa no ha habido. Todos los intereses están vinculados al beneficio de Enel-Endesa. Nos quieren llenar de molinos el Matarraña y el Maestrazgo, y el Bajo Martín y Bajo Aragón de placas solares sin recibir ningún beneficio; lo único que haremos es producir energía para llevarla a no sé dónde”, concluyó.

Proceso “desplegado”

Más optimista se mostró el pasado martes en el Premio Empresa Teruel celebrado en Andorra el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, que aseguró que “está desplegado todo el proceso de la transición justa” y “todos los instrumentos económicos y financieros para hacer factible la viabilidad” y el “futuro” de la zona, especialmente el Nudo Mudéjar. “No es casualidad que el primer proyecto que sale a concurso por el cierre de una central sea en Teruel. Desde el Gobierno de Aragón hemos estado trabajando con la ministra en esta cuestión”, presumió.

“La transición y el cierre de estas chimeneas tiene que ser estrictamente justa”, sentenció Aliaga, quien aseguró que “en los despachos del Gobierno de Aragón, Teruel y la comarca de Andorra están puestos en la primera línea de los expedientes porque nos creemos que hay futuro y desarrollo” a través, principalmente, de los sectores agroalimentario, turístico y energético.

En el mismo acto, el alcalde de Andorra, Antonio Amador, asumió el “reto” y la “oportunidad de diseñar” y “diversificar” la economía “con la experiencia adquirida” para “construir el futuro de este territorio”. Reclamó agilidad administrativa para materializar proyectos y urgió acabar con la brecha digital.

Por su parte, el presidente de CEOE y Cepyme Teruel, Juan Ciércoles, lamentó que el “año convulso” que ha vivido el país a consecuencia de la pandemia no haya permitido a los empresarios “tomar las decisiones tan alegremente como cuando no se está en estas circunstancias”. Sin embargo, se mostró convencido de que la adjudicación del Nudo Mudéjar traerá “proyectos que acompañen esas inversiones fotovoltaicas y eólicas con un plan de acompañamiento”, y avanzó que la convocatoria de ayudas empresariales del Miner de este año “posiblemente será una de las que más proyectos haya”. Este programa de ayudas, unido al Fite y las ayudas al funcionamiento que bajarán un 20% los costes laborales a las empresas turolenses, hará que más empresas se acerquen a la cuenca minera, garantizó.