Acom pide una oficina que tramite las ayudas para la transición justa a los ayuntamientos afectados

La doble presentación el pasado jueves del Convenio de Transición Justa de Aragón y del plan de futuro de Endesa para Andorra y su entorno son valorados de forma positiva en líneas generales por los agentes políticos, sociales y económicos del territorio. No obstante, los municipios que vieron cerradas las últimas minas de carbón hubieran deseado que alguno de los 14 parques renovables de Enel Green Power recalara en su término, y los más pequeños piden una oficina técnica que les ayude a tramitar proyectos susceptibles de concurrir a las líneas de ayudas.

Los empresarios valoran el trasiego de trabajadores como beneficioso para el sector servicios, mientras que los sindicatos exigen que el  Instituto para la Transición Justa (ITJ) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) fiscalice el nivel de empleo prometido y cumpla con lo que dice cada vez que pisa el territorio: que se crearán más empleos de los destruidos con el cierre de los últimos cielos abiertos y la central térmica.

El plan de Endesa ubica la construcción de 1.844 megavatios (MW) de nueva capacidad eólica y solar en Albalate del Arzobispo, Híjar, Samper de Calanda, Castelnou, Andorra, Calanda, Alcañiz, La Puebla de Híjar, Jatiel y Alcorisa.

“Lo más positivo es que la zona en su conjunto va a salir adelante y deseamos que todos los proyectos se hagan realidad para que se genere riqueza y puestos de trabajo, pero al final algunos ayuntamientos van a salir mucho más beneficiados que otros. No digo que todos tengan que ganar por igual, pero han entrado pueblos grandes como Alcañiz y echo en falta ayuntamientos muy mineros como Ariño, Foz Calanda y Estercuel”, explicó el alcalde de Ariño y representante de la asociación Municipios en Transición Justa-Acom, Joaquín Noé.

En cualquier caso, el regidor valoró que “está habiendo movimientos y poco apoco vamos teniendo las cosas más claras” tras la falta de concreción inicial del Convenio que dejó la visita de la ministra Teresa Ribera. “Hay muchas líneas en marcha -continuó- y el ministerio está contento con el proyecto de Endesa”.

Oficina técnica

El alcalde de Ariño reiteró el jueves a la directora del ITJ, Laura Martín, la conveniencia de “poder tener una oficina técnica” en el territorio “que nos ayudara a todos los ayuntamientos por igual” a la hora de presentar sus proyectos a las diferentes líneas de ayudas contempladas en el Convenio, dotado por el momento con un montante de 204 millones de euros para Aragón.

“Los ayuntamientos pequeños tenemos poca capacidad para poder presentar proyectos porque las secretarias van a tope de trabajo. En este aspecto, los ayuntamientos más grandes tienen una ventaja”, destacó Noé, quien recordó que en zonas de transición justa como Asturias o León hay ciudades concernidas.

Noé valoró las nuevas líneas de ayudas a empresas, como la publicada ayer por el ITJ en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para proyectos empresariales, dotada con 50 millones de euros para toda España. “Es importante que se puedan aprovechar empresas, que vengan a la zona y se hable de nosotros en positivo”, subrayó, instando a erradicar los mensajes “catastrofistas”.

En definitiva, para Noé días como el del jueves “son importantes, con todo tipo de agentes sociales implicados”.

“Popurrí de subvenciones”

Entre ellos estuvo la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, cuyo presidente, Roberto Miguel, criticó que el Convenio vaya a acabar siendo “un popurrí de subvenciones y proyectos, algunos del Miner 2013-2018”. También le hubiera gustado que “esta doble reunión, de Endesa por un lado y el ITJ por otro, hubiera sido conjunta”. Dicho esto, celebró los proyectos de inversión anunciados y deseó que consigan “aterrizar en el territorio para ver esa vorágine de empresas y trabajadores”, de la que los comercios locales se beneficiarán. “Tendremos que dar servicio y cobertura a esta alta incidencia. Andorra no tiene falta de vivienda porque estuvimos censados cerca de 9.000 habitantes y ahora somos 7.200, por lo que durmiendo cada día no creo que pasemos de 6.000. Los comerciantes sabremos dar servicio a una población de 10.000 personas”, garantizó.

Miguel explicó que ante la expectativa generada “se han reactivado negocios como el Hostal San Macario o el Hotel Andorra”, y los bares están preparados para dar servicio.

Consideró que Endesa es una empresa solvente, como demuestra que haya depositado 221 millones de euros en avales por resultar adjudicataria del Nudo Mudéjar, e intuyó que “pondrá sus herramientas para que esto tenga cierta garantía” y “cumplir con la zona, como ya ha demostrado con su trayectoria”.

Piden fiscalizar los empleos

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Alejo Galve, valoró positivamente el proyecto de Endesa porque “es para toda la comarca y va a crear empleo en todos los sectores, que es lo que solicitábamos para no caer en otro monocultivo”.

En cuanto al Convenio, dijo que el ITJ cuantifica proyectos “que ya salieron de la última Mesa de la Minería”, por lo que no son novedad. En todo caso, pidió al ministerio que esté “vigilante” para que las empresas cumplan con los puestos de trabajo comprometidos en las subvenciones y que los fondos se vuelquen en la creación de empleo.

También consideró “muy importante” la formación a los trabajadores para su reciclaje profesional y que “puedan trabajar y vivir en sus pueblos”.

Más crítico se mostró el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO en el Bajo Aragón, Darío Sanz, quien deseó que “la euforia” que detectó el jueves “se plasme en la realidad”. Las empresas y centenares de empleos prometidos “los tenemos que ver materializando y funcionando”, dijo con escepticismo.

Aseguró que las cifras del Convenio están hinchadas porque, en los 250 empleos que dice el ITJ haber generado con los planes Miner y otros, se tienen en cuenta trabajadores que ya estaban contratados, y afirmó que en el desmantelamiento de la central térmica apenas trabajan 50 operarios para la UTE, y que la mayoría no son de la zona. “La gente se ha buscado la vida desde el minuto 1” tras el cierre de la térmica. “No podían estar esperando a que se les diera un puesto de trabajo cuando no había garantía de que, haciendo los cursos pagados por el Estado, se les fuera a contratar”, destacó.

“Hay diferencia entre la política y la realidad”, dijo Sanz, que pidió “control público” al proyecto de Endesa y las empresas que reciban ayudas porque “todos sabemos lo que ha pasado con la reindustrialización de las cuencas mineras”.