El Justicia recibe en cuatro años 34 quejas sobre edificios en ruina, sobre todo en los pueblos

El Justicia de Aragón ha recibido al menos 34 quejas sobre conservación de solares y edificios en mal estado en los últimos cuatro años, la mayoría en el medio rural. Entre las últimas aceptaciones de las sugerencias del defensor del pueblo aragonés están los Ayuntamientos de Alloza y Oliete, que se muestran dispuestos a actuar para evitar problemas de seguridad y afecciones a terceros pero ponen sobre la mesa que hay numerosos inmuebles de los que los propietarios no responden, por lo que solicitan nuevas vías de financiación.

En cada una de sus recomendaciones a las entidades locales, Concepción Gimeno Gracia subraya que, conforme a la normativa estatal y autonómica, la competencia de la conservación de inmuebles y solares, tanto en terreno rústico como urbanizable, es de los propietarios, que deben “mantenerlos en condiciones adecuadas para evitar riesgos o desprendimientos y daños o perjuicios a terceros o al interés general”.

En caso de que el titular no asuma su responsabilidad, el deber de conservación recae sobre la administración local, que puede dictar órdenes de ejecución para evitar malos mayores según apunta el artículo 262 del Decreto Legislativo 1/2014 de Urbanismo del Gobierno de Aragón, que habilita al alcalde para “disponer todas las medidas que sean precisas, incluido el apuntalamiento de la construcción o edificación, su desalojo y la ejecución de demoliciones totales o parciales”.

Recuerda el Justicia que no aplicar la normativa para evitar la ruina total de un edificio puede acarrear “una responsabilidad patrimonial municipal por los daños y perjuicios que pudieran causar esas construcciones a terceros”. Consciente de “las dificultades de muchos municipios de nuestra Comunidad Autónoma”, Gimeno Gracia sugiere a los ayuntamientos que, “en caso de no disponer de medios para realizar las actuaciones”, valoren “la posibilidad de solicitar apoyo técnico y económico a entidades locales intermedias” y, en concreto, a la Diputación de Teruel.

Los casos de Oliete y Alloza

Así lo manifiesta de forma genérica el Justicia en el caso de dos inmuebles que corren peligro de derrumbe en Alloza y Oliete. En cuanto al segundo, Gimeno Gracia urge al consistorio a incoar expediente de obras de conservación en la finca colindante a la del promotor de una queja en el Pasaje Eras del Muro, donde un pajar en estado ruinoso ocasiona “continuos desprendimientos de todo tipo de material de construcción, lo que implica peligro para las personas y las cosas”. Los solares anexos tampoco se encuentran en buenas condiciones, traslada la institución.

En este caso, recientemente el Ayuntamiento de Oliete ha aceptado la sugerencia realizada e intentará adoptar “las medidas oportunas” en la medida de sus posibilidades, advierte en su respuesta al defensor del pueblo.

Según dijo el alcalde, Rogelio Villanueva, en este caso la propiedad que da problemas está en suelo rústico. “Me interesan más las que están en el casco urbano, y allí actuamos a la mínima que corre un peligro. Hemos tenido que demoler tres o cuatro casas y hemos dejado el solar”, mientras que por otra parte “hemos tirado dos o tres rafes” para sanearlos, aclaró. Pero cuando “les mandamos la factura a los propietarios” es cuando vienen los problemas, pues “dicen que sí que sí pero nunca pagan”, protestó.

Por ello, Villanueva solicitó al Gobierno de Aragón y otras administraciones con competencias en vivienda “más facilidades para vaciar las casas y poderlas vender” o hacer obra pública tras el derribo para ganar alojamientos necesarios en el medio rural, propuso. “Con recuperar el dinero invertido ya nos valdría”, recalcó, pues “los ayuntamientos no podemos asumir tanto gasto”.

Villanueva advirtió que en los próximos años el problema se acrecentará, pues “con un dron miramos en su día los tejados y da miedo; hay casas que se meten unas entre otras y es complicado” dilucidar la propiedad.

El alcalde de Oliete también subrayó que, en algunas ocasiones, las viviendas sobre las que se actúa están ubicadas en calles estrechas de difícil acceso.

Se lavan las manos

En la misma línea se pronunció la alcaldesa de Alloza, Marta Sancho, que acaba de aceptar una sugerencia del Justicia de Aragón para sanear la vivienda en estado de ruina situada en el número 3 de la calle San Miguel, “muy céntrica y a la vez sin acceso rodado, lo cual es muy complicado porque no puede entrar una retroexcavadora, hay que hacerlo a mano y la situación se complica y se encarece”.

En este caso, la heredera de la última propietaria asegura que ha renunciado a la herencia, lo cual complica que el Ayuntamiento de Alloza pueda cobrar lo que le costará el derribo.

La queja al Justicia la tramitó la titular de una vivienda colindante que expone un problema de humedades y filtraciones como consecuencia de que la casa objeto de demolición carece de gran parte del tejado y suelo. La afectada teme, a mayores, un posible derrumbe estructural que le pueda salpicar.

El arquitecto municipal ya expuso el problema en 2021, con un informe en el que alertaba de que las grietas de la fachada son evidentes y existe peligro severo de que la estructura se desmorone, así como de humedades en las viviendas colindantes por acumulación de agua.

“Vamos a tomar medidas y lo vamos a hacer de oficio. Ya hemos pedido presupuesto y de momento lo pagaremos con fondos propios del ayuntamiento. No podemos estirar más la cuerda”, se comprometió Sancho, quien solicitará ayudas a otras administraciones para derribar, remodelar y alquilar vivienda en caso de que la propiedad no pague. En los últimos años Alloza ha habilitado cuatro casas.