El Ayuntamiento de Valdeltormo ordena suspender durante un año todas las licencias para parques eólicos
Modifica el PGOU y declara “de no utilidad pública” los parques de Forestalia y Capital EnergyEl Ayuntamiento de Valdeltormo ha comenzado a tomar medidas administrativas para impedir el desarrollo de proyectos de energía renovable que afecten a su paisaje. Su última decisión ha sido ordenar la suspensión “durante un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que estén relacionadas con la implantación de instalaciones de proyectos de energía eólica” en su termino municipal. La decisión fue adoptada este mes de enero por el Pleno municipal y afecta a todo el suelo no urbanizable.
El acuerdo plenario implica una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de “completar la regulación establecida para la implantación de instalaciones de energías renovables eólicas” en la zona no urbanizable.
Asimismo, en el mismo acuerdo plenario, el consistorio declara “de no utilidad pública” los proyectos de los parques eólicos de Forestalia y Green Capital que afectan a este término municipal —Peol-540 AC _ 34 y Peol_280AC respectivamente—, que suponen “una enorme ocupación superficial del territorio y un gran impacto sobre el paisaje”, enfatiza el acuerdo plenario.
En su justificación, el Pleno alega que la suspensión prevista se produce con objeto de “redactar el correspondiente instrumento de planeamiento”, esto es, para llevar a cabo una “revisión o modificación del PGOU en lo que se refiere a la regulación de la implantación de instalaciones de energías renovables”, de manera que se pretende “concretar el ámbito territorial de la suspensión”, a la vista, añade el acuerdo plenario, no solo del “impacto sobre el paisaje” sino de todas las infraestructuras complementarias que acompañan este tipo de proyectos: “subestaciones eléctricas de transformación (que vendrían a unirse a las ya existentes en este término municipal) y líneas eléctricas de evacuación en alta tensión, que se proyectan en trazados aéreos, sobre postes de gran altura”.
El acuerdo de pleno aduce que son las propias normas urbanísticas locales las que obligan a realizar este tipo de revisiones del planeamiento urbano. En este sentido, la normativa local señala que “constituirán motivos de revisión o sustitución de la delimitación de suelo urbano cuando aparezcan usos no previstos en el planeamiento”. Por tanto, “las grandes infraestructuras de energías renovables son un uso no previsto en el PGOU y ocupa grandes extensiones de terreno destinado a cultivos agrícolas, por lo que afecta gravemente al destino de los suelos”, apunta el acuerdo municipal, que considera necesario modificar el PGOU para que “recoja y regule estos nuevos usos no previstos’, puesto que, además, “tienen una muy alta repercusión sobre el suelo no urbanizable”.
La decisión del Pleno viene avalada por el informe de necesidad redactado por el técnico municipal de Urbanismo y el informe jurídico del secretario del Ayuntamiento. En ambos documentos se justifica la necesidad de que el planeamiento urbano haga mención a las instalaciones de energías renovables eólicas, regulando e imponiendo determinaciones que hagan compatible su implantación.
El acuerdo se adoptó por unanimidad de toda la Corporación, formada por concejales del PP, PSOE y PAR.
Un último recurso
La teniente de alcalde de Valdeltormo, Inma Antón, explicó que “la suspensión de la concesión de las licencias a proyectos eólicos es el último arma que tenemos los Ayuntamientos para regular la implantación de los macroproyectos eólicos”. A partir de ahora y en cuanto la suspensión entre en vigor, el consistorio tendrá un año de plazo para llevar a cabo una revisión y modificación del planeamiento urbanístico. En este sentido, la concejal explicó que “se contratará a un arquitecto especializado en renovables para que efectúe la modificación y señale en qué puntos es aprobada la implantación de este tipo de proyectos”.
Según Antón, en la página web de la asociación Aliente “hay un modelo a seguir para realizar este tipo de acuerdos en el que nos estamos basando muchos ayuntamientos”. Lo han hecho Fórnoles, La Fresneda, Valjunquera, La Portellada y Ráfales, además de Valdeltormo. Todos han adoptado acuerdos en este mismo sentido. Según la teniente de alcalde, “es muy importante que la suspensión de las licencias municipales se efectúe antes del día 25. Antes, supuestamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se pronunciará sobre la viabilidad ambiental de los proyectos eólicos del Matarraña”.
En el caso de que los proyectos se autoricen, “ganamos un año de tiempo, un plazo en el que las empresas pueden decidir renunciar a desarrollar el parque o seguir adelante”, pero “es lo que podemos hacer, además de movilizarnos”, añadió la edil.
En relación al plazo del 25 de enero, la teniente de alcalde de Valdeltormo reconoció que “estamos expectantes a que el Ministerio se pronuncie y salga publicado el documento ambiental, por eso estamos mirando el BOE todos los días”.
Hay que recordar que tanto en Valdeltormo como en Valjunquera el vecindario se pronunció claramente en contra de los macroproyectos eólicos en una consulta pública que los ayuntamientos realizaron a la población en septiembre de 2021. En Valdeltormo, con apenas información en aquel momento entre el vecindario, apenas votó el 35% del censo, decantándose el resultado a favor del ‘no’ en un 91%. En Valjunquera la participación fue mucho mayor, del 61%, siendo también el ‘no’ la opción mayoritaria entre los vecinos (70%).
Otro ayuntamiento del Matarraña afectado por los parques eólicos, Mazaleón, organizó una consulta popular con el resultado contrario, a favor del ‘sí’, aunque con un balance muy ajustado. La consulta vecinal se saldó con 130 votos a favor, 107 en contra y un voto en blanco. Acudió a las urnas el 56% del censo electoral.
Otros ayuntamientos del Matarraña también se han posicionado en contra de los proyectos de macrocentrales eólicas, aunque no han organizado consultas públicas, sino que se han limitado a adoptar acuerdos plenarios rechazando la declaración de utilidad pública de estas infraestructuras y alertando de los perjuicios que tendrá su desarrollo sobre el paisaje.
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