Andorra, Alcorisa, Albalate, Alloza y Ariño no desisten de la elevación de agua del Ebro, pero llevan años sin reunirse

Ningún ayuntamiento beneficiario de la Elevación de Aguas del Ebro (Andorra, Alcorisa, Albalate del Arzobispo, Alloza y Ariño, ‘las 5 aes’) quiere “enterrar” los 25 millones de euros invertidos hasta ahora en el proyecto y casi todos abogan por que el Gobierno de España desatasque la ejecución de la segunda fase, valorada en 22 millones. Sin embargo, la mancomunidad que formaron en 2003 para este fin lleva años sin reunirse y a ojos de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón “no desarrolla actividad alguna desde octubre de 2010”, lo que unido a “la renuncia del secretario”, que también lo es del consistorio albalatino, hace que el Ejecutivo regional inste a su disolución.

En 2019, el demoledor informe de fiscalización del Plan Miner realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón advertía de que “el proyecto más ambicioso  presenta un grado total de ineficiencia al no haberse concluido” pese a suponer el 6% de todo el presupuesto de los sucesivos programas de reconversión minera, porcentaje que llegaría al 11% si se ejecutara la segunda fase.

Dicha auditoría advertía de que la Mancomunidad Turolense de Elevación de Aguas del Ebro “se encuentra desde el 2012 sin actividad ninguna”, y añadía que ni siquiera “ha incluido en su inventario las obras realizadas en la fase I”. El informe recogía una inversión total de 25.057.000 euros entre 2004 y 2011.

La Elevación se proyectó para asegurar el suministro de agua en estas cinco localidades como acicate a la reconversión minera. En concreto, el proyecto contempla un trasvase de 5,8 hectómetros cúbicos anuales de agua desde Escatrón (Zaragoza), de los cuales 4,1 serían para usos industriales, 0,6 agropecuarios y 1,1 residenciales.

La primera fase consistió en instalar una toma en Escatrón, construir una tubería hasta la Val de Arcos (Andorra) de más de 37 kilómetros pasando por Samper de Calanda e instalar las estructuras de las estaciones de bombeo en Andorra y Samper.

Las obras de la segunda fase contemplan realizar 12 kilómetros más de tramo de tubería hasta la balsa de Piogordo (Alloza), la cota más alta del proyecto y desde donde bajaría el agua hasta los términos de Alloza, Alcorisa, Ariño y Andorra a través de diferentes ramales. Hasta Albalate el agua descendería directamente desde Val de Arcos.

Nueve años sin encomienda

Sin embargo, en 2013 el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente Modesto Lobón (PP) decidió devolver la encomienda de gestión al Gobierno de España porque solamente incluía 27 millones para hacer unas obras presupuestadas en 36 millones. Esto generó un gran revuelo político. En las Cortes de Aragón fueron numerosas las iniciativas para recuperar la encomienda de gestión y modificar el proyecto, que fue presentado en Andorra en 2016 por el consejero Joaquín Olona (PSOE), considerablemente adelgazado hasta los 22 millones de euros por el Instituto Aragonés del Agua (IAA).

A partir de ahí, unas obras que podían haberse ejecutado en año y medio se diluyeron entre estudios de impacto ambiental en los despachos de la DGA y del Ministerio de Medio Ambiente.

En noviembre de 2018, en una reunión de la Comisión Bilateral Aragón Estado, la exministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet (PSOE) se comprometió a ejecutar la segunda fase, pero sin plazos concretos. Ese año, con el anuncio del cierre de la central térmica  hubo anuncios electorales pero nunca más se supo. La Elevación quedó fuera de la agenda.

'Las 5 aes' no renuncian

La última notificación de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para disolver la mancomunidad -la primera llegó en 2016- ha agitado a los consistorios que, pese a que han dejado pasar la legislatura sin renovar el órgano, ahora se oponen por mayoría a que se disuelva. Los plenos municipales tienen que dar el visto bueno para que desaparezca.

En Albalate no se aprobará la disolución. Según aseguró la alcaldesa, Isabel Arnas, “hay unanimidad de los tres grupos (PP, Cs y PSOE) de culminar el proyecto” para “darle uso a esa concesión de agua que tenemos”. Eso sí, “hay que ver si el resto de los pueblos siguen estando interesados o no”, para lo que Arnas instó a una reunión en la que quede a las claras “si esto es viable, o incluso si pudiesen entrar otros pueblos interesados”.

La localidad tiene agua suficiente para los usos actuales agropecuarios e industriales, “pero desde luego, mirando al futuro, si hay abundancia mejor, más posibilidades nos abre y menos limitaciones”, concluyó.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, también se mostró partidario de no arrojar la toalla con la Elevación y reactivar la mancomunidad. “Andorra es la más interesada en que esto tire hacia adelante”, dijo, en referencia a los desarrollos energéticos e industriales que acogerá el municipio con el Nudo Mudéjar. Noé se sumó a la propuesta de mantener reunión para “ir todos de la mano” porque, además, “la primera fase fue perfecta” y “sin discrepancias políticas”.

“Estamos en contra de que se disuelva la mancomunidad porque se invirtieron un montón de millones en la primera fase y ahí está estancada. Se debería seguir y retomar la segunda fase, para la que no hay ningún interés” político, dijo el alcalde de Alloza, Miguel Ángel Aranda, que aportó que el mantenimiento eléctrico sería hoy más económico gracias a las placas solares.

En el último pleno, Andorra votó en contra de la disolución de la mancomunidad, si bien el equipo de gobierno (PSOE-PAR) -que estaba en minoría por ausencia de tres socialistas: el alcalde, Antonio Amador, y las dimisionarias Mercedes Baselga y Margarita Santos- abogó por finiquitarla. El alcalde en funciones, Joaquín Bielsa, se mostró partidario de buscar otro instrumento para canalizar la segunda fase, a la que “por supuesto que no renunciamos” porque “habría un caudal fijo del Ebro”. Por lo tanto, “interesa mantener esa concesión y que no se pierda esa inversión”, resumió. No obstante, la localidad aspira, como alternativa, a que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) conceda a Andorra los 18 Hm3 del Guadalope que tenía adjudicados Endesa para la refrigeración de la central térmica, hoy en desmontaje.

El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, explicó que el pleno ya aprobó la disolución de la mancomunidad en 2021 a instancias de la DGA. Subrayó que esta legislatura no ha habido ninguna reunión sobre la Elevación, pero se mostró dispuesto a asistir a las que se planteen aunque Alcorisa tiene el suministro garantizado.

Empresarios y sindicatos plantean la concesión de Endesa como alternativa

El presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, culpa a la “pasividad política” de que la Elevación de Aguas del Ebro no lleve suministrando agua a la zona desde hace 10 años.

“Hay que consensuar quién quiere agua todavía y para qué la queremos. ¿Las necesidades de inversión requieren ese esfuerzo económico? Habrá que reformular la mancomunidad y aplicar criterios de hoy para que tenga sentido común un proyecto para el 2025”, valoró.

Las empresas que concurren al Nudo Mudéjar necesitan agua para sus proyectos de hidrógeno verde y los usos industriales y agrícolas aparejados, y el agua en Andorra nunca ha sido abundante, destacó Miguel. El empresario deslizó que hay empresas que llevan bombeos entre sus proyectos para hacerse con los 1.202 megavatios de nueva potencia renovable que el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a subasta.

Preguntado por la concesión de Endesa de 18 Hm3 del Guadalope, Miguel instó a la eléctrica a “aportar al territorio si va a seguir teniendo intereses económicos” en caso de resultar adjudicataria del Nudo. “Tiene que seguir revirtiendo a la zona”, concluyó.

De la misma opinión es el secretario provincial de UGT en Teruel, Alejo Galve, que pidió que el agua de la térmica sea aprovechada tanto para usos industriales, como de boca y para los regantes en un “reparto que sea justo”.

En cuanto a la Elevación, Galve dijo que “se puede luchar, pero en 10 años no se ha hecho nada y hay más de 20 millones enterrados; no se debía haber permitido”, zanjó.