Hace unos días se anunció que España va a ser sede principal, junto con Portugal y Marruecos de la Copa del Mundo de fútbol en 2030. Nuestro país, que albergó la edición de 1982 (casi cincuenta años desde Naranjito, casi nada), será anfitrión de uno de los torneos deportivos más seguidos en el mundo. Muchas generaciones no hemos visto un Mundial en España, y esta noticia debería ser un motivo de alegría.
A priori, debería ser positivo para nuestro país, por lo que supone de escaparate de cara al mundo y por el retorno económico que supondrá, en cuanto a visitantes directos e indirectos, sea por la propia Copa del Mundo o por el efecto llamada. Un Mundial pone al país organizador en boca de todos y eso supone habitualmente un gran impulso en el turismo, principal motor económico de nuestro país.
A raíz de la adjudicación del torneo por parte de la FIFA a España, surgieron multitud de reportajes y entrevistas acerca de las posibles ciudades sede dentro de nuestra geografía. Entre ellos, escuché un programa de radio en una emisora nacional. En ella, el periodista entrevistaba a los alcaldes y alcaldesas de casi todas las ciudades que son candidatas para albergar partidos en 2030: Málaga, Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria o Gijón eran algunas de ellas.
Por supuesto, muy en su papel, todos los regidores municipales loaban las virtudes de sus respectivas capitales y aseguraban que todas ellas serían una gran sede para partidos del Mundial. Ninguno quería perder su trozo de un pastel que tiene un número muy limitado de porciones.
El problema venía cuando el presentador les preguntaba sobre los números: la mayoría de estadios “necesitan urgentemente” grandes remodelaciones, cuando no directamente la construcción de uno nuevo, para adecuarse a las exigencias de FIFA. Las cantidades, en la gran mayoría de casos, se iban a las nueve cifras. Trescientos millones de euros por aquí, doscientos largos por allá, ciento y pico en otro sitio… por supuesto, la gran mayoría de ayuntamientos no podían sufragar esos gastos, difícilmente explicables en términos de retorno, sea a nivel directo o indirecto.
Son cifras que, en según qué ayuntamientos, suponen el presupuesto municipal de todo un año. Y claro, hay otras prioridades.
En la gran mayoría de los casos, esos estadios se utilizan el 80% de los días que se abren para eventos muy concretos, partidos de La Liga en su mayoría, suponiendo un beneficio para los clubes locales, y en pocos casos, conciertos o grandes eventos que supongan un retorno directo para la población de las ciudades.
Creo que los grandes eventos son una gran oportunidad para promocionar un país, pero no estoy seguro de que dilapidar miles de millones de dinero público en cemento que beneficie a unos pocos, clubes deportivos en este caso, sea la mejor forma de demostrar que hemos aprendido del bofetón que supuso la crisis de 2008, donde la corrupción campaba a sus anchas, al calor de un millón que se perdía por aquí y una comisión de más que se pagaba por allá.
En mi modesta opinión, muy diferente sería un caso como unos Juegos Olímpicos. El deporte en nuestro país está jibarizado por el fútbol, e invertir un dineral en estadios en todas las ciudades no creo que sea tan necesario como tejer una red de instalaciones deportivas de primer nivel que permitan organizar eventos de todos los deportes y no solamente en uno. Por supuesto, todo bien planificado y estructurado, para evitar imágenes como las de los estadios de Pekín, que apenas quince años después de los Juegos de 2008 no son más que ruinas abandonadas.
Hacer una inversión fuerte para utilizar el deporte como promoción de un país sí es una gran idea, hacerlo para negocio de unos pocos, bajo mi punto de vista, no.