Víctor Francos, secretario de Estado de Política Territorial: “Nos interesa que el Fite sea un reflejo de las políticas del Estado y sirva para la transformación”

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, estuvo el pasado jueves en Teruel para asistir a una reunión de la comisión del Fite y visitar algunos proyectos financiados con estos fondos especiales. Desciende de Teruel y presume de conocer su realidad, por lo que se muestra partidario de que el Fite sea un reflejo de las políticas que está impulsando el Gobierno y sirva para la transformación.
-El ministro Miquel Iceta se comprometió en el Senado a que el Estado iba a estar en las zonas en declive demográfico. ¿Ha llegado el momento para la España despoblada?
-Creo que hay un hecho innegable, que es el compromiso firme del presidente del Gobierno con dos temas desde el inicio de la legislatura, uno es la transición ecológica y el otro el reto demográfico. Son dos grandes temas que no han sido habituales en la agenda gubernamental. Nosotros estamos poniendo todas las herramientas a nuestro alcance para que esos dos objetivos sean una realidad. La verdad es que para nuestro ministerio es especialmente importante porque nuestras raíces crecen en cada uno de los territorios de España. Que mi primera visita haya sido a Teruel y para tener una reunión sobre el seguimiento de los Fondos Fite y para hacer la apuesta de mantener esos fondos y volver a renovarlos también pretende ser un gesto.
-Llevan un tiempo trabajando en el Estatuto básico de los pequeños municipios, ¿en qué va a consistir?
-Ahí estamos trabajando con la Secretaría General del Reto Demográfico y la Federación de Municipios y Provincias, que es una herencia de la época de Darias, y estamos viendo si podemos tener ya en las próximas semanas un primer texto de regulación de esos municipios de menor población. Lo que pretendemos es recoger una realidad que es palpable. Del conjunto de los más de 8.000 municipios que tiene hoy España, 3.966 tienen menos de mil habitantes, y por lo tanto eso quiere decir que necesitamos generar unas estructuras legales y una regulación que pueda dar respuesta a sus problemas, incluidos los servicios que presta el Estado y las autonomías a los ayuntamientos.
-¿En qué consistirá?
-Básicamente en ver cómo podemos ser más eficientes en las políticas que se hacen para esos municipios, y cómo se puede ser más eficiente con lo que la administración presta a esos municipios, y también que ellos sean más eficientes a la hora de hacer políticas. Eso tiene que contar con el concurso de la Federación de Municipios, estamos trabajando de forma conjunta y creo que de forma bastante satisfactoria.
-Aparte de la mejora de los servicios, en las 130 Medidas del Reto Demográfico plantean la fijación de población con este Estatuto básico, ¿cómo?
-Ahí me permitirá que no pueda avanzar las medidas concretas, pero efectivamente nuestra idea es que la regulación que hagamos para los municipios de menor población sea la respuesta para que no se queden aún con menos población de la que tienen. Efectivamente es una de las 130 medidas que aprobó la Comisión Delegada del Reto Demográfico hace unas semanas.
-Póngame algún ejemplo.
-En función pública, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de ocupar según qué puestos en esos pequeños municipios, y tenemos la obligación de dar respuesta a eso y debemos ser capaces de tomar medidas para que los municipios tengan los servicios necesarios para prestárselos a sus ciudadanos. Me refiero, y es una realidad que en Teruel es conocida, a la falta de secretarios municipales, por ejemplo.
-O el caso de lo que pasó con el CAISS de Montalbán.
-Exacto, y ahí estamos trabajando con la Secretaría General de Función Pública para ver cómo podemos poner los incentivos y generar la territorialización de los accesos, y llegar a facilitar el hecho de que para determinados puestos haya bolsas que siempre sean capaces de responder a esa demanda de una España que tiene difícil competir con otros ayuntamientos grandes.
-¿Supondrá algún tipo de discriminación positiva hacia estos territorios?, y no ya solo con los de menos de mil habitantes sino los de menos de cien, que es la realidad de esta provincia.
-Sí, lo sé, lo sé. Yo procedo de esta provincia y por lo tanto conozco su realidad, de un municipio que en invierno no viven más de cincuenta personas, con lo cual soy plenamente consciente. Mi madre era de Gargallo y conozco perfectamente la realidad.
-Entonces seguro que habrá una discriminación positiva a esos municipios de menos de cien habitantes que son los que en peor situación se encuentran demográficamente.
-Mire, es que si me deja ser un poco provocador le diría que el simple hecho de que ya hagamos una regulación en sí mismo es una discriminación positiva, porque lo que estamos haciendo es regular una realidad específica que no estaba regulada, reconocerla y tomar unas medidas para esos municipios.
-Pero me refiero con atención especial a esos muy, muy pequeños municipios con apenas habitantes, que no es lo mismo que uno de mil.
-Es que ahí evidentemente lo que estamos hablando con la Secretaría General del Reto Demográfico es que las medidas para un ayuntamiento de mil habitantes no pueden ser lo mismo que para un conjunto de municipios que estén en el entorno de diez kilómetros en los que ninguno supera los cien, por ejemplo. Será gradual, entendiendo que vamos a intentar que esa regulación recoja con exactitud la realidad que existe. No será lo mismo una regulación para un municipio de mil habitantes que para  otro más pequeño.
-¿Cuándo tienen previsto aprobar el Estatuto y qué rango normativo tendrá?
-Lo estamos estudiando y querríamos que pudiera tener rango legislativo. La idea que tenemos es negociar con la Federación Española de Municipios y Provincias hacer una modificación legislativa que lo recoja y que pase por tanto por las Cortes Generales.
-¿Plazos?
-Poner plazos a leyes, que es una cosa que no depende del Ejecutivo, me incomoda. Lo que sí le digo es que tenemos la interpelación del Plan de Gobierno para que eso sea lo más inmediato posible. Yo le diría que de las cuatro o cinco prioridades que tenemos encima de la mesa ahora mismo, una es esa, y querríamos en un plazo de dos o tres semanas tener un primer texto que sea el esqueleto a presentar a la Federación Española de Municipios y Provincias.
-¿Los efectos los esperan de forma inmediata o será más a medio y largo plazo?
-Depende, habrá algunas que serán más inmediatas y otras menos. Nosotros por ejemplo todas las modificaciones que tengamos que hacer en la función pública pues habrá que recogerlas en la legislación, y si queremos tocar el acceso a la función pública para favorecer determinados municipios, pues habrá que modificar la legislación de acceso. Eso será inmediato, porque a la siguiente convocatoria de plazas ya entre en vigor. Luego habrá otras medidas como la mancomunación de servicios que requieren de una actividad proactiva de los ayuntamientos interpelados. Nosotros vamos a poner los instrumentos, pero aquí tendrá que haber una colaboración por parte de todas las administraciones. Nuestra voluntad es firme pero será gradual la implementación. Lo relevante es que vamos a regular eso y esa realidad municipal ya nunca dejará de ser reconocida con unas medidas y una regulación específica. Esos municipios ya no quedarán al amparo de una voluntad política, porque con independencia del gobierno que haya esos municipios estarán reconocidos como una realidad diferente que requiere de unas medidas diferenciadas y de unos esfuerzos distintos, para lo cual tendrá una parte de la legislación diferenciada dentro de la legislación general.
-Ha venido a Teruel para asistir a una reunión de la comisión del Fite, ¿cree que este fondo ha servido para compensar a Teruel de la exclusión que sufrió en su día del Objetivo 1?
-A mí no me gustan las respuestas absolutas y no puedo decir ni sí ni no, pero lo que puedo afirmar es que el Fite ha sido un éxito. Objetivamente ha sido un elemento cohesionador para la provincia y de permanente inversión independientemente de los colores políticos. Es una inversión muy relevante porque 60 millones de euros destinados bien, como se ha demostrado, permiten hacer cosas muy importantes en Teruel. La gente sabe lo que son los fondos Fite y los solicita, y por lo tanto yo creo que ha sido un éxito.
-Los tiempos evolucionan y las necesidades cambian, ¿cree que hay que darle una nueva orientación al Fite en estos momentos en que se ha pedido también a los agentes sociales que se incorporen a las reuniones para que aporten propuestas?
-Esto lo hemos hablado con la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y a nosotros nos interesaría mucho que los fondos sean un fiel reflejo también del camino que ha emprendido en sus inversiones el Gobierno del Estado y sea un dinero que sirva para la transformación. Al final para nosotros lo que es relevante es que sean unos fondos que generen inversiones y riqueza. Hubo una época en la que había que hacer otro tipo de inversiones que han sido absolutamente legítimas, reconocibles y positivas, y ahora estamos en una fase en la que Teruel, lejos de algunas realidades mediáticas, digamos, o sentimientos, es una gran provincia de España y ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Ahora está en disposición de dar un salto muy importante. Los 60 millones del Fite lo que tienen que hacer es generar otros tantos y crear puestos de trabajo, debe generar transformación económica, empezar a tener una actividad que permita más competitividad. 
-¿Cómo se lo ha explicado a los empresarios turolenses?
-Pues que estamos muy orgullosos de poder mantener el Fite y que el de 2021 queremos que sea de éxito, que nos podamos entender en esos procesos de transformación, que en el fondo no viene a ser más que la lógica que vamos a aplicar para los fondos europeos, es decir, que lo que hagamos sean cosas que después generen riqueza.
-Una demanda histórica es firmarlo antes.
-Este año lo vamos a firmar antes del verano y el ministro se ha comprometido a hacerlo.
-¿Y se mantendrá eso en los ejercicios posteriores?
-A mí lo que me gustaría, y así se lo he trasladado a mi equipo, es que el del año 2022 se firme en enero, que es cuando creo que hay que firmarlos.
-¿Se puede hacer eso teniendo en cuenta la tramitación presupuestaria?
-A ver, hay que verlo presupuestariamente. Cuando digo en enero me refiero al primer día que se pueda, entiéndame el matiz.
-¿Tienen voluntad de seguir con el Fite?
-Totalmente.
-Pero siempre hay un riesgo a futuro con cualquier cambio, como ya pasó cuando entró Mariano Rajoy y estuvo a punto de desaparecer porque no se presupuestó inicialmente. ¿Se podría blindar de alguna manera?
-Pues déjeme que le diga una cosa, que la posibilidad más cierta de que no desaparezca el fondo es que se mantenga este Gobierno. No solo este fondo, sino muchas cosas dependen de la voluntad política del gobierno. Nosotros lo que podemos decir es que nuestro compromiso es firme como estamos demostrando. A partir de ahí darle una situación de perpetuidad es un debate que no hemos tenido, tengo que ser sincero. Sí se tuvo con la plurianualidad cuando yo no estaba todavía y se entendió que era bueno que pudieran desarrollarse proyectos durante unos años y eso se va a mantener.
-Me reconocerá que sería bueno blindarlo como cuando lo decía así explícitamente el preámbulo de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial.
-No es una posibilidad descartable. Sería valorar si el Gobierno de Aragón considera que hay que abrir ese debate y que se tiene que hablar. Yo soy de la idea de que hay que hablar de todo.
-Teruel Existe pidió al ministro en el Senado un complemento para las plazas de función pública en la España Vaciada e Iceta dijo que lo estudiarían, ¿lo ve factible?
-Ahora estamos en un proceso de cambio profundo de toda la regulación de la función pública. Tenemos dos retos muy importantes que afecta además de forma muy directa a los trabajadores públicos de Teruel: uno es la temporalidad, la situación de interinidad en la que viven muchos servidores públicos, y el otro es la regulación de una nueva ley de función pública. Una de las cosas que estamos estudiando es la reivindicación de algunas regiones de España sobre los complementos de ruralidad y la reclamación de Baleares de un complemento de insularidad. Estamos abiertos a ver si eso es una posibilidad. Esa es una de las medidas que estamos estudiando muy atentamente para fijar población en esa España vaciada que tenemos.
-¿Qué complementos?
-Bueno, pueden ser económicos, de promoción, de estabilización y de diferentes tipologías, pero evidentemente tampoco nos engañemos, cuando Teruel Existe habla de complementos yo entiendí que hablaba de complementos salariales. En esto no nos hagamos trampas al solitario y les digamos a los servidores públicos lo que no es; es decir, nosotros efectivamente cuando hablamos de complementos de insularidad o de ruralidad pues somos conscientes de que implica necesariamente una cierta inversión económica, por eso también lo hace más complejo porque al final sabemos que lo que cuesta dinero siempre es más difícil de llevar a cabo, pero repito, está encima de la mesa como una realidad posible.
-Otra medida planteada por el Gobierno es la descentralización del aparato del Estado y llevarlo además a zonas en declive demográfico.
-Ahí la verdad es que no es nuestro ministerio el único interpelado en esta medida, porque cuando hablamos de la descentralización de la Administración General del Estado lo hacemos del conjunto de la misma en el territorio. El reto que nos toca muy directamente a nosotros es cómo dotar a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de los instrumentos para que la Administración General del Estado en el territorio tenga una representación mejor, más eficiente, más digna y más visible. Los primeros expedientes de algunas de esas medidas se van a empezar a tomar la semana que viene. Ese es el primer paso para la descentralización eficiente y ágil en el territorio; y ahí vamos a hacer todos los esfuerzos. 
-Explíqueme alguna medida concreta.
-Una de las cosas que vamos a hacer es abrir las plazas de las delegaciones y subdelegaciones a otras administraciones, es decir, que un funcionario local pueda venir a trabajar a la Subdelegación del Gobierno, cosa que ahora no se puede en la mayoría de casos. Es una manera de conseguir que una persona de Teruel, que nunca le han dejado acceder a la Subdelegación del Gobierno, en vez de pensarse en ir a trabajar a Mora de Ebro porque es funcionario municipal, piense que se puede quedar en la Subdelegación porque podrá optar a esa plaza. Esa es una manera de consolidar la Administración General del Estado en el territorio, y eso son cientos de plazas en España. Otra medida que estamos estudiando es territorializar las pruebas de acceso para que una persona sepa que si accede a esa plaza después no la van a mover.
-¿Cómo va a repercutir la digitalización de la administración en el territorio?
-Eso va a generar dos cosas, agilidad y mejor servicio. Esa es otra medida que no requiere de personal, sino de inversión para la modernización. 
-¿Eso permitirá la deslocalización de los funcionarios, poder trabajar en los pueblos?
-Eso permite la deslocalización, el teletrabajo y algo muy relevante, que no necesariamente un expediente que se genera en Teruel se resuelva aquí.
-¿Se podría resolver en un municipio turolense desde un puesto de teletrabajo.
-Por ejemplo, y eso son procesos que estamos iniciando.
-¿Ve posible alcanzar un Pacto de Estado por el reequilibrio territorial o lo cree difícil a la vista del escenario político?
-Yo le he de decir que últimamente, y viendo los sucesos de las elecciones madrileñas, soy pesimista respecto a la posibilidad de tener en los próximos meses una derecha centrada políticamente y centrada en resolver problemas. Aquí le voy a decir una cosa, nosotros lo del reto demográfico lo vamos a hacer con o sin el PP, esto es una determinación del Gobierno para tener un reequilibrio territorial y ciudadano en España. Nos gustaría que fuera una política de Estado, pero si no lo es será una política del Gobierno. Lo que pueden estar tranquilos los ciudadanos de Teruel es que el reto demográfico es una de las grandes prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez, se va a hacer y lo estamos haciendo.