Urgen a adaptar la normativa y a reducir la burocracia para desarrollar las zonas rurales

Adaptar la normativa y reducir la burocracia para que emprender en los pueblos no se convierta en un problema es una de las demandas que hace la propia gente que vive en el territorio, y que ha recogido en un documento la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), para que las administraciones públicas empiecen a aplicar el Rural Proofing, el Mecanismo de Garantía Rural que debería contribuir a asentar la población en las zonas rurales y luchar contra la despoblación. El documento recoge las conclusiones de una consulta ciudadana realizada este año y cuyas propuestas se entregaron a finales del mes pasado a los asistentes al Foro de Alto Nivel sobre Política Rural organizado por la Unión Europea en Sigüenza (Guadalajara).

Urge aplicar el Mecanismo de Garantía Rural para que los territorios dispongan de herramientas útiles para hacer frente a las desventajas que supone vivir en las zonas rurales, donde a nivel administrativo y burocrático se les trata como si lo hicieran en las grandes ciudades cuando la realidad es diametralmente distinta.

“Los beneficios que va a generar un negocio en una zona rural por norma general van a ser menos que los que puede generar ese mismo negocio en una zona urbana”, argumenta en una de las consultas un vecino de Magallón (Zaragoza), quien considera que solo porque el número de clientes potenciales ya es menor, estos negocios deberían contar ya con mecanismos de discriminación positiva.

Adaptar la normativa y revisar la burocracia a la que se enfrenta el medio rural son por ese motivo dos de las primeras propuestas que hace el documento Habla la ciudadanía rural. Rural Proofing contra la España ‘vacilada’, que recoge las propuestas que ha hecho la propia gente del territorio a la consulta ciudadana que hizo la REDR denominada Escuchamos a la población: testimonios por la implementación del Rural Proofing.

La expresión vacilada no es una errata, sino una ironía tomada del testimonio de una de las participantes en la encuesta a partir de la cual se ha hecho el documento. Esta persona, de Medina de Pomar (Burgos), afirmó que aunque los españoles tenemos los mismos derechos, “en el medio rural nos sentimos abandonados” porque “somos la España vacilada”.

El Mecanismo de Garantía Rural ha pasado a engrosar el discurso político y figura también en las normativas que se están elaborando, aunque falta lo más importante, que es su aplicación. Así lo recoge por ejemplo la Ley de Dinamización del Medio Rural, que el actual Ejecutivo aragonés piensa revisar.

Además, España fue el primero en recoger ese mecanismo en su normativa en la pasada legislatura, a instancias de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados. Así lo plantea la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. La norma incorporó una disposición adicional por la que el Gobierno se compromete a implementar el Rural Proofing.

Este mecanismo es una metodología que debería contribuir a revertir el proceso de despoblación de las zonas rurales, impulsando la revisión de las leyes y políticas desde una perspectiva rural. Es decir, todas las políticas y normativas deberían tener en cuenta la realidad rural para no perjudicar a estas zonas y por el contrario favorecerlas.

La consulta realizada por la REDR para presentar las propuestas al Gobierno de España y a la Unión Europea recibió un total de 166 aportaciones por parte de la sociedad civil, las empresas, el tercer sector y las administraciones públicas. El mayor volumen, el 55%, llegó de la sociedad civil, mientras que el 39% lo hizo de las entidades que trabajan directamente en el medio rural, y un 5% de las que se encuentran en el medio urbano.

El trabajo se articula en torno a retos y propuestas entre las principales problemáticas detectadas y que son de sobras conocidas porque se lleva tiempo trabajando en ello y advirtiéndolo: la producción agroalimentaria, el empleo y el emprendimiento, el acceso a servicios sanitarios, educativos y culturales, la digitalización, la conectividad, el transporte y la vivienda.

Se ha dicho hasta la saciedad que hacen falta servicios, movilidad y empleo en las zonas rurales para asentar a la población, y en el caso concreto de este documento se incide en que hay que favorecer el emprendimiento mediante medidas de discriminación positiva que tengan en cuenta que lo urbano y lo rural son realidades distintas.

En lo relativo a la producción, transformación y comercialización del sector agroalimentario, así como a la promoción del empleo y el emprendimiento, las conclusiones de la consulta establecen que hay que “adaptar la normativa para impulsar la producción y transformación” de productos en estos territorios, así como “impulsar la comercialización y el consumo local y de cercanía de productos agroalimentarios de la zona”.

Entre las propuestas, se sugiere hacer una comparativa de los requisitos que se exigen en otros países, y copiar las buenas prácticas que se puedan estar llevando a cabo en las zonas rurales para la promoción de la producción agroalimentaria artesanal. También se plantea impulsar iniciativas innovadoras que promocionen la venta directa y el consumo local, y promocionar la cooperación interterritorial y trasnacional para el intercambio de experiencias.

De igual forma, para la promoción del empleo y el emprendimiento se sugiere adaptar la oferta a los jóvenes, y “revisar y reducir la burocracia administrativa vinculada al emprendimiento rural”, así como adaptar los requisitos que se exigen para la apertura y ampliación de negocios en las zonas rurales. Entre las propuestas plantean igualmente comparar la situación con otros territorios, promover la cooperación interterritorial e internacional, y promocionar el empleo joven rural a través de mesas de diálogo y programas de creación de empleo joven.

Acceso a servicios con soluciones innovadoras adecuadas a la realidad

El documento con las conclusiones de la consulta ciudadana hecha para implementar el mecanismo rural de garantía plantea el acceso a los servicios mediante soluciones innovadoras y adecuadas a la realidad de los territorios. Así, en los servicios sanitarios, fundamentales para que la gente se asiente, plantea diseñar proyectos pilotos en esa línea y apoyar más servicios de acompañamiento y protección de las personas mayores.

En digitalización sugiere alcanzar la conectividad universal, replicar buenas prácticas, adaptar los procesos a las personas mayores e incorporar las limitaciones de la conectividad rural en los trámites burocráticos de la administración y en la puesta en marcha de iniciativas de formación. En la movilidad reclama mayores conexiones al transporte y adaptar las bonificaciones y ayudas a la realidad rural. Plantea incluso bonificar el transporte privado cuando sea obligado y no haya servicios de transporte público.

Con la vivienda incide en aumentar el suelo urbanizable, promocionar la compra y alquiler sobre todo entre jóvenes y facilitar las reformas. En educación y cultura plantea adaptar las leyes a la realidad rural.