Unos Presupuestos Generales del Estado para volver a poner a Teruel en el punto de arranque

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que acaba de presentarse esta semana, vuelve a colocar a Teruel en el punto de salida para dar respuesta a las carencias de infraestructuras que arrastra desde finales del siglo pasado, aunque el grueso de la inversión se va a centrar en las obras del ferrocarril por ser una de las pocas actuaciones que hay en marcha junto con la variante de Alcorisa. Aumenta un 19,3% en el capítulo de inversiones reales, si bien el dinero que llegue a la provincia aparte de lo que figura consignado territorialmente en los PGE puede ser importante en función de cómo acabe beneficiándose de los 2.500 millones de euros para reto demográfico que se contemplan para todo el país con los fondos de recuperación.
La presentación de unos nuevos proyectos presupuestarios está rodeada todos los años de los mismos juicios de valor en función de cómo se interpreten los mismos, por lo que las lecturas pueden ser múltiples y diametralmente opuestas como sucede siempre. No obstante, si uno se fija en las cifras objetivas del proyecto se puede afirmar que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incrementan las inversiones reales un 19,3% con respecto a las cuentas aprobadas para 2018, que se prorrogaron en 2019 y 2020 al no haber habido suficientes consensos en los dos últimos años para aprobar otros nuevos.
Otra lectura podría hacerse si se comparase por ejemplo con  el proyecto presupuestario de 2019 que presentó a principios del año pasado el PSOE, y que no logró salir adelante por falta de apoyos, pero como se retiró por ese motivo no valdría a priori la comparación. 
Las inversiones reales previstas para 2021 suman 119.299.440 euros en la provincia. Esta cifra sale de sumar tres conceptos: las inversiones reales del Estado a través de los ministerios, las inversiones reales de los organismos y entidades públicas dependientes de los ministerios, y el Fondo de Inversiones de Teruel, que se transfiere a la Comunidad Autónoma, encargada de su gestión.
Es preciso hacer cada año un poco de didáctica para explicar los presupuestos porque si no puede dar lugar a distintas lecturas e interpretaciones. Objetivamente para ver cuánto se prevé invertir en Teruel las cuentas salen sumando esos tres conceptos. Otra cosa es que después a través de los distintos ministerios y mediante partidas genéricas el Estado haga más inversiones, que por lo general no están plasmadas en la “letra gorda” de los presupuestos, pero sí en la planificación ministerial.
Eso sucede por ejemplo con el tan demandado arreglo de la carretera N-330 entre Teruel y el límite de la provincia de Cuenca. Este proyecto data de finales del siglo pasado y acabó aparcándose cuando se empezaron a hacer estudios de la autovía A-40. El tiempo ha pasado y no hay ni una cosa ni la otra, y esta carretera sigue siendo el proyecto de los PGE más parecido al Guadiana, que aparece y desaparece.
Probablemente sea una de las infraestructuras de la provincia que más enmiendas a los presupuestos ha acumulado a lo largo de este siglo al desaparecer de las cuentas parlamentarias y volver a aparecer durante la tramitación parlamentaria de los mismos. En el proyecto de 2021, por ejemplo, no está nominalmente en las inversiones del Ministerio de Transportes a diferencia de lo sucedido en los últimos proyectos presupuestarios, si bien al diputado del PSOE, Herminio Sancho, le han garantizado fuentes ministeriales que sí figura dentro de partidas genéricas de conservación y mantenimiento. Sería un ejemplo de lo que parece no estar, pero en realidad está.
Hecha esta precisión, en el capítulo de inversiones reales a ejecutar directamente por los ministerios figuran 26,2 millones de euros, un 28,3% menos que los presupuestos de 2018 que se prorrogaron en los dos años siguientes.
A eso hay que sumar los 63 millones de euros consignados en el capítulo de inversiones reales correspondientes a organismos públicos y entidades públicas. En este caso la inversión se incrementa un 88,7%. Si se suman los dos conceptos más los 30 millones de euros del Fite, el resultado son los 119,3 millones de inversión previstos para 2021.
La cifra más importante es la de las entidades públicas porque ahí figuran las obras del plan director de mejora del ferrocarril, ya que Adif destinará 57,7 millones, mientras que Acuaes dispondrá de 3,9 millones de euros para el recrecimiento de Santolea. Ambas actuaciones son continuación de proyectos ya en marcha.
En el caso de las inversiones reales a ejecutar directamente por los ministerios, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copa, como es normal, el grueso inversor con 22,7 millones del total de los 26,2 presupuestados. El otro ministerio con más inversión es el de Transición Ecológica y Reto Demográfico con 3,3 millones de euros. Lo que sucede en este último caso es que el detalle presupuestario no especifica dónde van a ir a parar esas inversiones.
Sí se detalla con las inversiones en carreteras del Ministerio de Transportes, y la partida más voluminosa va a parar a la variante de Alcorisa con 12 millones de euros, que son unas obras ya en marcha. En el resto ninguna supera los 400.000 euros y eso es así porque no hay proyectos constructivos para poder iniciar obras, ya que todos se encuentran en fases administrativas.
Esa es la otra lectura que hay que hacer a la hora de analizar los presupuestos. Y en el proyecto de 2021 se observa que la A-68 entra por fin en la fase necesaria para que dentro de tres años puedan adjudicarse obras ya que, en la provincia de Teruel, se consignan partidas de 200.000 euros para los tramos El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa.
Así sucede en todas las actuaciones previstas excepto en la citada variante de Alcorisa. Si se miran los plurianuales con las previsiones de inversión hasta 2024, se observa que en los tres próximos años tampoco se verán obras, puesto que todas las actuaciones -el detalle aparece en el cuadro adjunto- se encuentran en fase inicial de tramitación administrativa. Como media una actuación de este tipo lleva unos diez años: tres de estudio informativo, tres de redacción de proyecto constructivo y el resto para la licitación, adjudicación y ejecución de obras.
De la lectura de los presupuestos de 2021 se saca esa conclusión, que los proyectos de infraestructuras de la provincia de Teruel han vuelto al punto de arranque después de casi quince años apareciendo en sucesivos PGE, puesto que la mayoría corresponden a lo contemplado en el Plan de Actuación Específico para Teruel del Gobierno de Zapatero de 2005.
En estos tres lustros se habían ido perdiendo variantes, que ahora se recuperan y en algunas se observa que al menos la tramitación estaba latente y se ve ya la posibilidad de obras en 2024. En otras hay que partir de cero, puesto que se dejaron caducar los estudios informativos, como es el caso de la N-211 entre Monreal y Alcolea (Guadalajara), o el ferrocarril de alta capacidad Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Teruel-Sagunto.

Proyectos que vuelven
En el caso de la N-211 entre Monreal y Alcolea (Guadalajara) sí parece haber voluntad de agilizar la tramitación puesto que aparecen consignados en los PGE 8 millones para 2024. Cuando se meten esas partidas es porque se piensan licitar ya obras. No obstante, llama la atención la escasa cuantía consignada en la casilla de coste total de la obra, que asciende a solo 25,2 millones -menos que la variante de Alcorisa- para un trayecto que es de 112 kilómetros.
También se observa en los plurianuales la voluntad de que haya obras, o se licite la adjudicación en torno de 2024, en las variantes de Calanda y Utrillas. Pero los criterios técnicos del Ministerio de Transportes a la hora de consignar partidas en los plurianuales son todo un misterio porque por más que respondan a una programación en el tiempo, denotan todo menos una planificación exacta, porque de un año a otro varían completamente. Pasa lo mismo con la A-40, que sigue ahí con una partida abierta de 100.000 euros para 2021 pero sin programación plurianual en los años siguientes, al igual que los estudios para la continuación de la A-68 hasta Vinarós.
Al margen de estas inversiones, Teruel podrá beneficiarse por su despoblación de los fondos de recuperación para el reto demográfico, que en el conjunto del Estado ascenderán a 2.500 millones de euros, según anunció la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera el pasado jueves en el Senado y que se contemplan como partidas globales en los PGE.
Además, las cuentas de 2021 prevén 19 millones de euros para todo el país con cargo a la Secretaría General de Reto Demográfico, que acaba de cambiar de responsable, para llevar a cabo actuaciones que movilicen inversión, innovación, empleo y emprendimiento en el territorio, en coordinación con los entes locales y Comunidades Autónomas.
Un análisis en detalle por los distintos ministerios permite comprobar que el reto demográfico y la despoblación están presentes en buena parte de ellos, y que parte de los fondos para distintos programas consignados en los PGE se enfocarán a prestar una especial atención a la situación de la España despoblada. Así sucede en el caso del Ministerio de Transportes, donde se incide en la importancia que tendrán las políticas de vivienda.