Unanimidad parlamentaria para pedir que no se supriman paradas de autobús en líneas estatales

Todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón se opusieron este jueves a la supresión de paradas de las líneas de autobús estatales, tal como prevé inicialmente el mapa concesional consecuencia de la nueva Ley de movilidad sostenible que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Dos iniciativas presentadas por PP-Vox y por Teruel Existe, ambas enmendadas por el PSOE, salieron adelante por unanimidad tras un debate en el que todas las formaciones estuvieron de acuerdo en que la movilidad es un derecho allá donde se viva.

Las dos iniciativas fueron defendidas y se votaron por separado, aunque se debatieron de forma conjunta. La de los grupos que sustentan al Gobierno de coalición, PP y Vox, instaba al Ejecutivo a realizar todas las acciones que sean necesarias en Madrid para que el nuevo mapa concesional estatal mantenga todas las paradas.

La de Aragón-Teruel Existe era más amplia al incluir tres puntos con el mismo planteamiento, en el sentido de revertir la supresión de las paradas de autobús previstas en la Comunidad Autónoma, además de instar a que se revisen los efectos del proyecto de ley de movilidad sostenible, y reclamar la vertebración de las comarcas aragonesas por las que discurren líneas de autobús de la red estatal optimizando su funcionalidad. Sobre esta cuestión, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, incidió en que no se está teniendo en cuenta el Mecanismo de Garantía Rural, que por ley es ya obligatorio en la aprobación de cualquier nueva política o norma legal que se impulse desde el Estado.

Defensa

En la defensa de la PNL presentada por PP y Vox, el portavoz popular Antonio Romero alertó del daño que supone suprimir 151 paradas de autobús de las líneas estatales en Aragón, “recortando la posibilidad de movilidad a más de 134.000 aragoneses”. Una medida, dijo, que afecta directamente a ese medio rural que tanto dice defender el Gobierno central.

El parlamentario popular argumentó que eliminar paradas en zonas rurales “significa dejar a miles de personas sin acceso a un medio de transporte básico y esencial”, aislando así todavía más a quienes “viven en los pueblos más pequeños y alejados, negándoles la posibilidad de desplazarse de forma segura y cómoda para poder acceder a servicios básicos como la salud o la educación”.

Romero pidió rectificar esa decisión por “injusta”, al igual que denunció la diputada de Vox, Carmen Rouco, puesto que una medida así “ignora por completo el reto demográfico”.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, recordó que en el caso de Teruel afecta a 54 municipios, siendo la provincia más perjudicada. Denunció que el nuevo modelo de corredores de autobús estatal “renuncia al principio de vertebración del territorio” y lo que hace es impulsar corredores túnel que pasan de largo por los pueblos en lugar de facilitar su conexión. Añadió que la nueva Ley de movilidad en tramitación debe ser “una oportunidad para garantizar la extensión de accesibilidad” y la movilidad para cumplir con el plan de un País de 30 minutos.

Mar Rodrigo (PSOE) dijo que la “sostenibilidad social” debía tenerse en cuenta en el mapa concesional, mientras que Alberto Izquierdo (PAR) acusó al Gobierno central de “falta de voluntad”, y Joaquín Palacín (CHA) dijo que con medidas así no se tenía en cuenta al territorio.