Unanimidad en la DPT contra los recortes en las paradas de autobús de pueblos de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel sacó adelante en el pleno ordinario de y con el apoyo de todos los grupos políticos dos propuestas, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos, para instar al Gobierno de España a modificar el Mapa Concesional de Transporte Público Interurbano de Viajero en el que está trabajando el Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbana y que, en su primera propuesta, plantea eliminar la parada de autobús de algo más de medio centenar de pueblos de Teruel.

La moción del PP rechaza esta propuesta del Gobierno de España de suprimir las paradas que afectará a 55 pueblos turolenses e insta al Gobierno de Aragón a oponerse también e iniciar las acciones oportunas para que se mantengan las paradas. Por su parte la de Ciudadanos precisaba “instar al Gobierno de España a rectificar el mapa confesional y no aplicar recortes”.

Pese a la similitud entre ambas y a que todos los partidos las votaron a favor, ni se fusionaron ni se pactó una declaración institucional, como solicitó el Partido Socialista.

En palabras de la portavoz del PP, Yolanda Sevilla, el planteamiento estatal “es inadmisible” para el medio rural y supone “otro recorte” y una nueva pérdida de servicios. En su opinión, esta modificación “es una barbaridad”, dijo, para añadir que “no paran de hablar de reto demográfico y para qué quieren los pueblos tantos planes si no tienen parada de autobús que les conecte con las capitales comarcales o con las ciudades”. La solución “la tiene Pedro Sánchez en Madrid” y precisó que “no hacen falta tantos actos ni tantas palabras (en referencia a la despoblación), sino más acciones”,  apuntó.

Pueblos afectados

En esta misma línea se pronunció durante la sesión plenaria el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, quien justificó su iniciativa para rectificar el mapa concesional del servicio de autobús porque “no puede ser que desde la provincia de Teruel reivindiquemos mantener los servicios para ser iguales que otra provincias y el gobierno de Sánchez reme en contra”. Detalló que son 54 municipios que se quedan sin servicio y es “un dato objetivo que el Gobierno de España estará perjudicando a Teruel con sus propuestas”.

Sevilla detalló tanto en el pleno como en la rueda de prensa los municipios que se quedarán sin parada de autobús, según el listado del Ministerio, y que son Calanda, Utrillas, Cella, Valderrobres, Montalbán, Sarrión, Santa Eulalia, Calaceite, Ojos Negros, Valjunquera, Villel, Villafranca del Campo, Báguena, Valdeltormo, La Mata de los Olmos, Burbáguena, Perales del Alfambra, Bello, Odón, Tornos, Alba, Villarquemado, Escucha, Caminreal, Valdealgorfa, Beceite, Manzanera, Mazaleón, Alfambra, Villastar, Torralba de los Sisones, Torrelacárcel, San Martín Del Río, Cuevas Labradas, Blancas, Los Olmos, Torremocha del Jiloca, Libros, Cañizar del Olivar, Mezquita de Jarque, Castel de Cabra, Gargallo, Peralejos, Singra, Orihuela del Tremedal, Fuentes Claras, La Puebla de Valverde, Torrijo del Campo, La Fresneda, Bronchales, Pozuel del Campo, Cañada Vellida, Villar del Salz, Pozondón y Rodenas.

Atención a demanda

El Partido Socialista también se pronunció a favor de estas dos propuestas, para las que planteó una declaración institucional que finalmente no salió adelante. De todas formas, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, precisó durante la rueda de prensa previa al pleno que se trata de un “documento de trabajo, no definitivo y que debe de coordinarse con las Comunidades Autónomas”. En este sentido adelantó que Aragón “está preparando un documento amplísimo que llegará a todos los pueblos” y planteó que ellos apuestan por la atención a demanda, algo que se hace en otros países. “hay pueblos que la parada de autobús se necesita media docena de veces, por eso la solución es a demanda y el Gobierno de Aragón está en estudio de llevarlo a cabo”, sentenció. 

El vicepresidente de la institución, el aragonesista Alberto Izquierdo, mostró su apoyo a las dos mociones porque “el gobierno de España debería tener la mayor sensibilidad posible y dejar a municipios que tenían parada de autobús sin ella es un paso atrás con el que el PAR no puede estar de acuerdo”, expresó.

Por su parte el diputado de Ganar-IU, Pedro Bello, también mostró su voluntad “para que ningún pueblo salga perjudicado en ese mapa concesional”.

La propuesta del Partido Popular sobre la retirada del pliego de condiciones publicado para regir el Transporte Sanitario Terrestre Urgente de Aragón y solicitando al Gobierno de Aragón que revise y modifique el pliego, asegurando los derechos sanitarios de todos los aragoneses, salió adelante con el voto a favor de todos los partidos salvo el PSOE, que se posicionó en contra. Varios portavoces recordaron que una moción similar ya se había abordado en el pleno anterior y Rando aseguró “no entender que se incida una y otra vez” en el tema cuando, recordó, “el PP recortó en la Sanidad Pública y ahora las mejoras han sido sustanciales”. Aseguró, no obstante, que van a seguir trabajando para que se ajuste el pliego aunque  “decir que es peor al anterior es faltar a la verdad porque las ambulancias convencionales no son ambulancias, sino vehículos dirigidos por un técnico”, aseguró, para añadir que eran ilegales y que el anterior gobierno “incumplió las disposiciones europeas”.

Acceso a la universidad 

Otra de las mociones que se debatió fue sobre la prueba de acceso a la universidad, la EvAU, y Ciudadanos planteó una unificación tanto de tasas como de pruebas. Salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Partido Aragonés –que introdujo una modificación para garantizar las competencias autonómicas-, mientras que el Partido Socialista se abstuvo y Ganar-IU votó en contra porque los currículos de unas autonomías no coinciden con los de otras y, justificó, “es inviable una prueba común”.

“Tenemos 17 exámenes diferentes y tendría que haber un mismo examen para todas las comunidades”, dijo Ramón Fuertes en la defensa de su propuesta, para precisar que su solicitud es “una única prueba con los mismos contenidos, los mismos criterios de evaluación y armonizar las tasas de derecho a examen”. Además, solicitó que la tasa en Aragón se reduzca mientras tanto un 34% para ajustarla a lo que se paga en el resto de España. El diputado de Ciudadanos detalló que el precio de las tasas para  acceder al examen ronda los 186 euros, frente a los 46 que paga La Rioja, que es la comunidad donde la prueba resulta más económica.

El Partido Aragonés planteó una enmienda para que se garanticen las competencias autonómicas en las pruebas que fue aceptada por Cs. El portavoz del PAR, Antonio Pérez, se mostró de acuerdo con una parte de la prueba común pero siempre garantizando las competencias de cada autonomía. “Nos parece importante evitar agravios entre unas comunidades y otras y que este tipo de pruebas sean accesibles para todos”, argumentó refiriéndose al tema de las tasas.

El PP sí apoyó la propuesta de CS mientras que el Partido Socialista se mostró de acuerdo en que habría que reducir las tasas, aunque según recordó la diputada Susana Traver, que fue la encargada de defender la posición socialista en la sesión plenaria, hay exenciones y reducciones para numerosas familias y por diferentes cuestiones.

Por otro lado, en lo que respecta a la unificación de las pruebas, recordó a Fuertes que el 60% de las competencias educativas son del Estado y el 40% del Gobierno de Aragón, por lo que para hacer una prueba única “habría que cambiar la constitución” o permitir que cada comunidad aporte sus contenidos ya que si no ese 40% –en algunas comunidades con lengua propia hasta el 50%– no quedaría contemplado en la prueba.

Traver indicó que no es momento para este debate puesto que ya está anunciado que la prueba va a ser modificada en dos años y el cambio “será dialogado” con todos los actores implicados.

Declaración institucional

El pleno concluyó con una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI en la que la diputación se sumó a la defensa del derecho  a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y/o de género. “Creemos necesario tejer y conseguir amplios consensos para que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la Administración y mejorar así la legislación vigente”, figuraba en la declaración institucional.

La Caja de Cooperación ha prestado ya 2,2 millones a 20 núcleos en 2022

Un total de nueve municipios y once barrios han solicitado fondos de la Caja de Cooperación por un valor de 2,2 millones de euros en estos seis primeros meses de 2022. Se trata de diez solicitudes puesto que los once barrios corresponden a Calamocha y, por tanto, se ha realizado para todos ellos una única tramitación.

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, destacó la buena acogida que cada año tiene la Caja de Cooperación, “una forma de nutrirse de fondos sin pagar ningún tipo de interés”, aclaró. En los últimos años se ha incrementado tanto la cuantía disponible, que se ha duplicado, como los años que tienen los municipios para devolver el dinero, que actualmente es de 20.

Rando precisó que la utilización de estos fondos ha ido creciendo y mientras que en 2020 hubo cinco solicitudes, en 2021 se duplicaron a 10 y en este momento ya se han recibido una decena para 2022 correspondientes a una veintena de núcleos de población diferentes.

“Es una herramienta importante, que estaba en esta Diputación apagada y que hubiera sido necesaria cuando los ayuntamientos pasamos los peores momentos por la crisis económica”, sentenció Rando, quien recordó que estuvieron sometidos a las reglas del gasto durante varios años. 

El vicepresidente de la Diputación, Alberto Izquierdo, destacó que esta caja de cooperación “viene muy bien” a los ayuntamientos para contar con fondos o incluso para pagar amortizaciones. “Es un dinero que es gratis y se puede devolver en varios años o de golpe para solicitarlo al año siguiente”, puntualizó. Por otro lado, matizó que hay ayudas que no adelantan el dinero, que deben aportarlo los ayuntamientos y luego esperar hasta ocho meses para recibirlo, por lo que la Caja de Cooperación “ofrece las cuantías necesarias para afrontar esos pagos”, dijo.

Después de un primer aumento en 2020, cuando el importe de estos préstamos pasó de 18.000 a 150.000 euros, el equipo de gobierno de la institución provincial aumentó este año de nuevo la cuantía máxima en consonancia con el incremento de la partida desde los 5 a los 10 millones de euros, “en respuesta a las peticiones de los propios ayuntamientos, que demandaban esta mejora de la herramienta” apuntó Izquierdo.

Hasta 400.000 euros

El pasado mes de febrero la institución provincial aprobó en pleno la modificación del Reglamento para que los préstamos a largo plazo para los ayuntamientos aumenten hasta los 400.000 euros. Además, los municipios con otros núcleos de población podrán solicitar una cantidad adicional por cada núcleo y el plazo de amortización se dobla y pasa de los 10 a los 20 años.

La modificación del reglamento de la Caja de Cooperación no solo contemplaba ampliar la cuantía máxima a 400.000 euros y el aumento del plazo de devolución hasta los 20 años, sino que incorporaba también la posibilidad de que todos los municipios que cuenten con barrios, pedanías y otros núcleos de población diferenciados puedan solicitar también hasta un máximo de un 10% por cada barrio sobre esa cantidad para inversiones a realizar en esos núcleos de población diferenciados.