Un piso de protección oficial valdrá lo mismo en Zaragoza que en Huesca o Teruel

El departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón publicará mañana la orden que actualiza los precios máximos de la vivienda protegida en la comunidad autónoma con el objetivo de “desbloquear” los suelos que solo pueden tener ese uso. El precio máximo de una VPO en Teruel de régimen general de 90 m2 más 33 m2 de anejos será 185.099,96 euros, igual que en Huesca o Zaragoza. Para los municipios incluidos en el Grupo C, que en la provincia son Alcañiz, Andorra y Calamocha, el precio máximo será de 166.457 euros.

En rueda de prensa, el consejero José Luis Soro explicó este martes que esta actualización es una petición que desde hace tiempo han formulado municipios, promotores y cooperativas, ya que la última actualización es de 2009, lo que hace que construir estas viviendas tengan un coste superior al precio de venta.

Esto ha llevado a que no se haya promovido “prácticamente” vivienda de protección en Aragón, ninguna en las provincias de Huesca y Teruel desde 2017, frente a las 617 que se calificaron en Huesca en 2008 y 184 en Teruel ese mismo año.

En Zaragoza, en los últimos cinco años se han impulsado 600, pero en 2008 fueron 3.983, “casi siente veces”. Soro señaló como causas de esta situación la crisis económica que comenzó en 2008, la dificultad de acceso al crédito y la falta de actualización del precio máximo desde hace 13 años.

Precios

El consejero esgrimió que al actualizar precios se contribuirá a “contener” el precio de la vivienda libre por lo que habrá efectos “muy positivos”, además de liberar los suelos que no podían usarse para otro fin. “Ya hay municipios que nos han transmitido que va a haber promoción de viviendas de protección”, dijo, porque estaban esperando a este incremento, igual que promotores y cooperativas.

Esta subida supondrá, asimismo, que Aragón deje de ocupar el penúltimo puesto en precio máximo de este tipo de viviendas, que es de 1.394 euros el metro cuadrado en el caso de las de régimen general, junto con Cantabria y La Rioja, y solo por delante de Extremadura (1.134), a pasar al séptimo, con 1.685 euros el metro cuadrado.

Soro aclaró que su modelo no es el de protección y limitar el precio con el que los promotores las venden a particulares, sino incrementar el parque público de vivienda destinado a alquiler asequible y favorecer la rehabilitación. No obstante, “puesto que tenemos mucho suelo reservado para VPO, había que desatascarlo” ya que hasta ahora estaba “prisionero”.

El consejero explicó la situación actual, con un módulo básico de 758 euros por metros cuadrado útil a partir del cuál se determina el precio máximo de la vivienda protegida, teniendo en cuenta el tipo y ámbito territorial.

Concretó que en las viviendas de protección de régimen especial, dirigidas a personas cuyos ingresos en la unidad familiar no supere 2,5 veces el Iprem -1.448 euros al mes- el precio se obtiene de multiplicar el módulo de 758 euros por 1,45, lo que en una vivienda de 90 metros cuadrados y 33 de garaje y trastero hace un precio máximo de 120.681 euros.

Régimen general

Las viviendas de protección de régimen general -para unidades familiares con unos ingresos máximos 4,5 veces el Iprem, es decir, 2.606 euros al mes- multiplican el modulo por 1,6 y el precio máximo que resulta es de 133.165 euros.

Asimismo, para el régimen tasado -unidades familiares con ingresos hasta 6,5 veces el Iprem, es decir, 3.763 euros al mes- el módulo se multiplica por 1,8, siendo el precio máximo de 149.811 euros.

Soro añadió que existen tres ámbitos territoriales donde esos precios generales se pueden elevar un 20 por ciento, para el denominado grupo A, donde se encuentran las tres capitales de provincia; hasta el 15 en el B, y hasta el cinco en el C, en el que se sitúan Alcañiz, Andorra y Calamocha.

El consejero indicó que no se ha actualizado el módulo, sino que se ha hecho una revisión en los ámbitos territoriales porque “los establecidos entonces no responden a la realidad, ni a las necesidades actuales”.

Para eso, se han aplicado tres criterios: la estructura del sistema de asentamientos de Aragón, que se revisa cada año, asignando los precios máximos en aquellas que son centralidades o asentamientos autosuficientes, excluyendo los núcleos dependientes; el índice sintético de desarrollo territorial, con los mayores precios a los municipios por encima de la media; y la población.

La orden entrará en vigor un mes después de su publicación, si bien al día siguiente, se abre un plazo de tres meses para los promotores que ya habían solicitado calificación puedan actualizar.