Un grupo de 50 hombres y 50 mujeres revisará las leyes para que no perjudiquen a la España rural

El Gobierno de Navarra y El Hueco ponen en marcha un proyecto pionero a nivel estatal para “ruralizar” las leyes. El proyecto, denominado Mecanismo Rural de Garantía, se basa en la creación de un grupo de 100 personas (G100), convocadas por el ecosistema de emprendimiento e innovación El Hueco y expertas en ámbitos como movilidad, vivienda, tecnología, municipalismo, medioambiente o fiscalidad, que durante este año identificarán y propondrán modificaciones en la normativa actual con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales. De igual modo, estas 50 mujeres y 50 hombres plantearán alternativas para futuras leyes.

El Consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha presenciado esta mañana la constitución de este grupo de trabajo. En la sesión, han participado el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, acompañados por Joaquín Alcalde, director de El Hueco. Esta iniciativa cuenta, además, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Rodríguez ha remarcado en rueda de prensa que “se legisla desde la ciudad pero debe hacerse para todo el territorio. Solo así lograremos construir una Navarra equilibrada, armoniosa y sostenible donde se asegure la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente del lugar en el que hayan elegido vivir”. Ha incido, además, en que “una legislación que no tenga en cuenta la “visión rural” puede dar al traste con cualquier política que se haga entorno al reto demográfico”.

Por su parte, el director de El Hueco, organización que ha impulsado y coordina el proyecto, ha considerado que “hay que evitar que una mala legislación bloquee el futuro de nuestros pueblos, no les deje crecer o, en el peor de los casos, acabe con ellos. En este caso, que las leyes no sean iguales para todos es una cuestión de justicia, de cohesión territorial y social, y de progreso”.

“El Mecanismo Rural de Garantía tiene que funcionar de manera automática, como se hace ahora con las cuestiones de género o medio ambiente. En el futuro no debería aprobarse ninguna ley que no se haya revisado desde esa perspectiva rural”, ha reivindicado Alcalde.

Mecánica de trabajo del G100

El denominado G100 se dividirá en 15 áreas estratégicas: municipalismo y gobernanza, legislación europea, fiscalidad, contratación pública, empleabilidad y emprendimiento, educación y cultura, movilidad y transporte, envejecimiento y salud, urbanismo y vivienda, medioambiente y energía, economía agropecuaria y forestal, tecnología y conectividad, comercio y turismo, comunicación, nuevas economías e innovación social.

El proceso se llevará a cabo a lo largo de este año. En una primera etapa, entre los meses de febrero y junio, los grupos temáticos recopilarán y revisarán las políticas y normas que influyen y/o limitan el desarrollo rural. A continuación, se realizará un trabajo plenario para poner en común los diagnósticos de cada área. Durante el segundo semestre, los grupos propondrán alternativas al diagnóstico realizado y a final de año se presentarán públicamente los resultados.

Para finalizar el proyecto, se editará una guía con el Mecanismo Rural de Garantía que recogerá los puntos normativos conflictivos y las propuestas para su modificación en favor del impulso de una legislación que permita y promueva el desarrollo de las zonas rurales. El documento hará referencia asimismo al diseño de programas y estrategias para cubrir las necesidades de las comunidades rurales y pondrá en valor el potencial de estas zonas para aportar modelos de desarrollo innovadores, integradores y sostenibles.

Iniciativa a nivel internacional

El mecanismo ‘Rural Proofing’, como se conoce esta iniciativa a nivel internacional, surge al amparo de procesos similares que se han iniciado en países que padecen graves desequilibrios territoriales, como es el caso de Reino Unido, Finlandia, Suecia, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.

En 2016 la Unión Europea (UE) celebró la Conferencia sobre Desarrollo Rural Cork 2.0, en la que se concluyó que era necesario revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural.