Un estudio cuestiona los incentivos fiscales como medida contra la despoblación

Un estudio de la cátedra “Despoblación y Creatividad”, constituida por la Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, analiza la eficacia de los incentivos fiscales como instrumento para luchar contra la despoblación y cuyos resultados cuestionan que sirva como medida contra ella.

Según informa la Universidad de Zaragoza, estos resultados invitan a adoptar una posición de cautela ante las demandas crecientes de utilizar el sistema fiscal para realizar una política activa contra la despoblación. .

La investigación insiste en la necesidad de diseñar y aplicar una evaluación periódica de las políticas contra la despoblación que se adopten, para tomar decisiones informadas sobre su mantenimiento, reforzamiento o, en su caso, corrección o abandono.

En el estudio también se confrontan los costes y beneficios de vivir en una pequeña localidad o en una gran ciudad.

La investigación revisa los fundamentos teóricos y la escasa experiencia internacional que existe sobre la materia y concluye que no hay base teórica ni evidencias empíricas suficientes sobre la eficacia de los incentivos fiscales para atraer o fijar la población.

Otros instrumentos pueden ser más determinantes a la hora de luchar contra la despoblación, como las subvenciones directas o la garantía de servicios básicos, como la sanidad o la educación, o infraestructuras como el transporte o las comunicaciones.

No obstante, los autores identifican una serie de aspectos a tener en cuenta para un diseño adecuado de un sistema de incentivos fiscales y que están relacionados con el objetivo perseguido por las medidas, su ámbito de actuación, los destinatarios de las medidas, el propio diseño de los incentivos, la existencia de otras medidas complementarias y, muy especialmente, la necesaria evaluación de las políticas.

El estudio también revisa las políticas fiscales contra la despoblación adoptadas en los tributos cedidos por las comunidades autónomas y, en particular, por Aragón.

Solo dos comunidades no aplican ningún incentivo en este ámbito, Madrid y la Región de Murcia. Aragón ha legislado deducciones en el IRPF (por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual y por nacimiento o adopción del primer o segundo hijo) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (en el arrendamiento de fincas).

Aunque, con la información disponible, no es posible concluir si las medidas adoptadas por Aragón han tenido o no algún efecto significativo sobre las decisiones de localización de las personas, la investigación identifica algunas deficiencias de su actual diseño y sugiere posibles vías de mejora, supuesto que se quiera mantener su vigencia.

En primer lugar, los datos muestran que el coste recaudatorio de los incentivos adoptados en el IRPF es reducido, debido al escaso número de contribuyentes que se benefician de los mismos y a su reducida cuantía.

Además, los investigadores entienden que los límites que establece la legislación son cuestionables, teniendo en cuenta los objetivos que persiguen las deducciones y pueden provocar que algunos profesionales y autónomos se queden fuera de los incentivos por su nivel de renta. Finalmente, hay potenciales beneficiarios de esta deducción que no van a poder disfrutarla por no presentar declaración del IRPF.

La cátedra recurrió al Grupo de Investigación de Economía Pública de la UZ para analizar académicamente un asunto recurrente en todos los foros de despoblación sobre el que se ha investigado y publicado poco en España. Los profesores Julio López, Ángela Castillo, Fernando Rodrigo y Eduardo Sanz han sido los encargados de llevarlo a cabo.

La cátedra “Despoblación y Creatividad”, constituida por la Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza a finales del pasado año, es la primera específica en España sobre esta amenaza para la cohesión social que ha entrado en los últimos meses en la agenda pública y del Estado con la decisión de la Conferencia de presidentes, reunida en enero de 2017, de aprobar una Estrategia nacional y con la posterior puesta en marcha del Comisionado ante el reto demográfico.