Un año de los primeros casos de covid en Teruel: la cronología de una crisis sanitaria con más de 13.000 contagios y 410 fallecidos

El martes 10 de marzo de 2020 se ponía en marcha el contador de coronavirus en Teruel. Tres ancianos octogenarios de la residencia de Monreal del Campo fueron los primeros positivos de covid-19 en la provincia. Ahora son ya 13.149 (sumando los 7 de este miércoles) los turolenses que se han infectado y 410 de ellos han muerto. Ha sido un año muy duro en el que se han experimentado cuatro oleadas de contagios que han marcado todos los ámbitos de la vida. La vacuna, que llegó a finales de diciembre y avanza poco a poco, parece ahora la esperanza para contener la pandemia.

Los tres mayores del centro de Monreal, de 83, 84 y 87 años, fueron ingresados en el Hospital Obispo Polanco hace hoy un año. En esta jornada en Aragón había 39 afectados.  

Al día siguiente se confirmó el contagio de una sanitaria del centro de salud de este municipio que pasa a prestar solo atención de urgencias. 

Paralelamente, se van sucediendo aplazamientos de actos de diferentes ámbitos. Uno de los primeros, el día anterior a la confirmación de los primeros positivos fue la Gala Nacional del Deporte que estaba previsto realizar en la capital turolense el lunes 16 de marzo. También se tomó una decisión similar con las Jornadas Nacionales del Tambor de Alcorisa y monumentos emblemáticos como la Fundación Amantes, decidieron cerrar sus puertas.

Fue una semana frenética que culminó con la declaración del Estado de Alarma, el sábado 14. Previamente ya se había decidido la suspensión de las clases presenciales en Aragón, desde el lunes 16 durante 15 días, que se convertirían en todo lo que quedaba de curso. Al igual de la medida de excepción que tendría varias prórrogas y que supuso un largo confinamiento domiciliario en todo el país.

El martes 17 de marzo las autoridades sanitarias notificaron el primer fallecimiento por covid-19 de la provincia, uno de los mayores de Monreal.

Unos días más tarde, el sábado 21, se producía la primera muerte en el Hogar San José de la capital, un centro que sufrió uno de los brotes más virulentos que obligó primero a una intervención sanitaria por parte del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y después también a que desde Ciudadanía tomarán las riendas de la gestión asistencial.

Mientras, el primer fallecido en el sector sanitario de Alcañiz fue un vecino de La Zoma, de 84 años.

Los casos se fueron incrementando y las residencias se convirtieron en el epicentro de la pandemia. El virus mostró su cara más virulenta con los ancianos y  muchos centros se sintieron desbordados. Desde el Gobierno de Aragón se tomó la decisión de poner en marcha los llamados centros covid, un recurso intermedio al que se enviaron a residentes positivos por covid-19 que no necesitaban hospitalización para tratar de controlar la expansión de los focos, facilitando la sectorización y los aislamientos en las residencias con brotes. En Teruel se abrieron dos, uno: en Alfambra que recibió sus primeros usuarios el 29 de marzo y cerró el 13 de mayo, y otro en Gea de Albarracín, que abrió el 9 de abril y con diferentes etapas ha estado dando atención hasta la pasada semana.

Los hospitales turolenses tuvieron que reorganizarse por completo para hacer frente a un virus desconocido que llenaba las urgencias y las camas de cuidados intensivos con pacientes muy complejos y con ingresos muy prolongados. Cada centro estableció su plan de contingencia con diferentes medidas a adoptar en función de la evolución de la pandemia. 

Con la población confinada se redujo al máximo la atención hospitalaria con la suspensión de las intervenciones salvo aquellas urgentes y no demorables.

La principal preocupación eran las camas de críticos. En toda la provincia solo había seis camas de UCI, todas en el Obispo Polanco, y se reorganizó el servicio con el apoyo de otras especialidades como Anestesia para triplicar esta capacidad, con 19 plazas (14 para covid y el resto para otras patologías). Durante varias semanas estuvieron ocupadas las 14 destinadas a coronavirus.

Además, en los momentos de mayor presión asistencial en el sector Teruel se ha contado también con las camas del Hospital San José.

En Alcañiz se trasladaban a otros hospitales, principalmente en Zaragoza, a los pacientes que requerían cuidados intensivos. También fue necesario habilitar el hotel Ciudad de Alcañiz para atender a pacientes menos graves, que recibió a los primeros el 27 de marzo.

El pico de esta primera ola del coronavirus se produjo entre los últimos días de marzo y los primeros de abril. 

Paralelamente, se fueron sucediendo las medidas de contención y las prórrogas del Estado de Alarma. El 30 de marzo se endurecieron las medidas y solo podían salir los trabajadores esenciales, una prohibición que se mantuvo hasta el 13 de abril.

Conforme se fue suavizando la curva de contagios se fueron tomando algunas medidas de alivio al confinamiento domiciliario. Los niños pudieron salir el domingo 26 de abril, a dar paseos de una hora. Llevaban seis semanas sin pisar la calle.

Para el resto de la población las salidas comenzaron el 2 de mayo por franjas horarias según la edad. 

La desescalada se organizó en cuatro fases y comenzó el 4 de mayo, para entonces habían muerto 75 turolenses y se acumulaban 574 positivos.

Se fueron reduciendo las restricciones y se retomaron las diferentes actividades de forma progresiva. El 8 de enero se recuperó la movilidad entre las tres provincias aragonesas. El 21 de junio se inició la llamada nueva normalidad con aforos al 75% y movilidad entre comunidades. Pero en Aragón la tranquilidad duraría poco y al día siguiente se retrocede a la fase 2 en tres comarcas oscenses por un brote relacionado con la recogida de la fruta.   

Un verano atípico

Ni Vaquilla, ni fiestas de los pueblos. El verano de 2020 no iba a ser como todos los veranos. Se reabrieron muchas piscinas y los pueblos se llenaron pero el coronavirus seguía al acecho y a finales de julio y principios de agosto el incremento de casos también llegó a la provincia propiciado por el incremento de las relaciones sociales tras meses de encierro.

A nivel autonómico las comarcas de la Franja y el Bajo Aragón-Caspe sufrieron los contagios vinculados con la actividad hortofrutícola y posteriormente, la movilidad de los trabajadores también incrementó casos en otras comarcas.

Teruel no estuvo libre de brotes estivales, el primero se detectó en Alacón, en el ámbito familiar. Después llegarían otros en localidades como Alcañiz o Valjunquera, relacionados con viajes de jóvenes a la costa y el ocio nocturno. Más preocupante fue el foco en la residencia de personas mayores de Burbáguena donde se registró un altísimo número de contagios.

Ante el incremento en la incidencia, se aplicaron nuevas restricciones a principios de agosto: se prohibió el botellón y las peñas, se redujo el horario de la hostelería y se endurecieron las sanciones.

La segunda ola de covid-19 en Aragón remitía y el 4 de septiembre se volvió de nuevo a la normalidad. En ese momento, la provincia de Teruel acumulaba 1.808 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y 129 fallecidos.

Con una mejora en los datos epidemiológicos daba comienzo la vuelta al colegio más esperada. Los niños llevaban seis meses sin pisar las aulas y se planificó un inicio de curso escalonado a partir del 7 de septiembre y estrictas medidas de higiene. Mientras, los estudiantes de tercero y cuarto de Secundaria y primero y segundo de Bachillerato tuvieron sistema semipresencial, que paulatinamente ha pasado a presencial.

Un otoño complicado

Epidemiológicamente, el mes de septiembre fue especialmente difícil en el Bajo Aragón. En Alcañiz hubo un brote en la residencia Santo Ángel y en Andorra se dispararon los contagios y la transmisión comunitaria obligó a aplicar un cierre perimetral entre 11 de septiembre y el 2 de octubre, fue el segundo de la Comunidad, después del de Ejea de los Caballeros y el primero de la provincia.  

En octubre, especialmente después del puente del Pilar, se incrementaron los contagios en la capital y en la cercana localidad de Cella. El día 15, Salud Público decreta el paso a fase 2 para ambos municipios.

Pero la situación también se complicó en todo Aragón y el Gobierno de Aragón publicó el 21 de octubre un nuevo decreto para regular las diferentes medidas para el control del virus, en función de diferentes indicadores epidemiológicos. Se establecieron tres niveles de alerta 1, 2, 3, siendo el 3 el más restrictivo, posteriormente se incorporó el 3 agravado. El día 22 se establecieron confinamientos perimetrales para las tres capitales aragonesas. El 4 de noviembre se cerraron también las provincias y las actividades no esenciales tenían que cerrar a las 20.00 horas.

A mediados de noviembre se registraron nuevos brotes importantes en residencias de mayores, en este caso las dos en la capital, la Javalambre y la Rey Ardid.

El pico de esta tercera oleada se alcanzó a principios de noviembre y con la mejoría de los datos se dio por finalizado el confinamiento de las ciudades de Teruel, Zaragoza y Huesca, el 30 de noviembre, pero se mantuvo el provincial.

Durante el mes de diciembre se fueron flexibilizando medidas y se abrieron las provincias en los días centrales de las fiestas navideñas para facilitar los encuentros familiares 

El día 27 de diciembre, coincidiendo con el resto de España y varios países europeos, en Teruel también se administran las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19. Este acto simbólico empezó con dos horas de retraso por algunos problemas con la temperatura de los viales y se realizó en el Hogar San José. El primero en recibir su dosis fue el enfermero Ángel Loras y Concha Abascal fue la primera residente en ser vacunada. 

La dura resaca navideña

La cuarta ha sido la peor ola el coronavirus en Teruel. El incremento de las relaciones sociales y la movilidad con motivo de las celebraciones navideñas pasó factura en toda la Comunidad pero la incidencia en la provincia ha sido más alta y ha tardado más en bajar.

La curva epidemiológica obligó a endurecer las restricciones. El 5 de enero se pasó a nivel 3 agravado en toda la Comunidad. El sábado 16 se inició el segundo confinamiento de la ciudad de Teruel y el primero para la de Alcañiz. El criterio principal para esta limitación de la movilidad que estableció el Gobierno de Aragón para los municipios de más de 10.000 habitantes fue el de tener una incidencia acumulada a 7 días de más de 250 casos por 100.000 habitantes. Se cerraron nueve ciudades (Teruel, Alcañiz, Zaragoza, Huesca, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Utebo y Tarazona). La apertura fue paulatina, conforme mejoraban los datos epidemiológicos. En Alcañiz fue el 26 de febrero y en Teruel, el 2 de marzo. Se aplicaron otras medidas en toda la Comunidad como el adelanto del toque de queda de las 23.00 a las 22.00 horas, limitación a cuatro personas  en las reuniones sociales o reducción de horarios y aforos. Ahora se han ido flexibilizando y quedan todavía vigentes los confinamientos provinciales y el autonómico. 

Como en todos los picos de incidencia, los hospitales turolenses se tensionaron a finales de enero en Alcañiz se medicalizó una planta del Hogar Santo Ángel y en el Obispo Polanco se suspendieron operaciones.

Poco a poco disminuyen los ingresos y en las dos últimas semanas se ha reducido sensiblemente la curva de contagios con incidencias acumuladas que no se daban desde el pasado mes de julio.

El virus podría estar circulando en Teruel desde enero de 2020

La Atalaya Médica Turolense, la revista del Colegio de Médicos de Teruel, publicó un monográfico sobre el coronavirus en el que se incluía un artículo sobre un caso clínico de una neumonía bilateral que se trató en el Hospital Obispo Polanco de Teruel en el mes de enero, y que podría haber supuesto que ya circulaba el virus SARS-CoV-2 entonces, si bien no se pudo confirmar analíticamente

La polémica por las pruebas diagnósticas en los primeros meses

El 1 de abril de 2020 aparecen los primeros positivos en la residencia municipal de Valderrobres. Fue también uno de los centros más afectados y surgió el debate sobre las pruebas diagnósticas. En aquel momento el criterio que se marcaban desde Salud Pública era hacer PCR solo a personas con síntomas, pero el alcalde de esta localidad, Carlos Boné, demandaba que se hicieran test a todos los usuarios y trabajadores y, finalmente, decidió contratar a un laboratorio para hacerlo. Unas pruebas que no quiso reconocer la Administración sanitaria que, además, emitió una orden por la que hacía falta una autorización previa para poder hacer este tipo de pruebas.

También otros ayuntamientos como el de Utrillas habían adquirido pruebas para realizarlas a personal esencial que ante la citada orden no se llevaron a cabo.

Lo cierto es que la capacidad diagnóstica no era en los primeros momentos de la pandemia la misma que la actual, de ahí también la enorme diferencia de datos entre este primera ola de la crisis sanitaria con el resto.

Cuando se recuperó en junio la llamada “nueva normalidad” se determinó que lo fundamental era el seguimiento de los casos y sus contactos estrechos y por ello se puso en marcha desde atención primaria a los rastreadores y ya se hacían PCR a personas sin síntomas pero que habían estado con positivos.

La falta de material de protección para los sanitarios

Los sanitarios se enfrentaron cara a cara al coronavirus desde el primer día. Recibían aplausos desde los balcones cada tarde pero ellos seguían insistiendo en que no eran héroes, que solo hacían su trabajo pero que lo querían hacer protegidos.

La falta de equipos de protección individual (EPI) durante los primeros meses por el desabastecimiento generalizado a nivel mundial dejaba indefensos a los sanitarios que se contagiaron, con altísimos porcentajes en la provincia de Teruel.

Los sindicados médicos CESM y FASAMET decidieron llevar el asunto por la vía judicial en las tres provincias. El juzgado de los Social de Teruel les dio la razón. Las primeras medidas cautelares llegaron el 21 de marzo, obligando al Gobierno de Aragón a facilitar el material a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y el 4 de junio le condenó por la falta del mismo. Tras los recursos presentados por el Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó la sentencia el 28 de septiembre.

La polémica sobre los EPI tuvo también sus consecuencias políticas. El 12 mayo presentó su dimisión la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, por las declaraciones que había realizado sobre que elaborar su propio material era un estímulo para los sanitarios que cayeron como un jarro de agua fría a los profesionales que se concentraron en todo Aragón para pedir su cese. El 14 de mayo tomó posesión la nueva responsable de la Sanidad aragonesa, Sira Repollés.

La vacuna abre la esperanza de una nueva nueva etapa

El 27 de diciembre de 2020 empezaba una nueva etapa en la lucha contra la covid-19, comenzaba el plan de vacunación. Lo hacía en el lugar donde más estragos ha causado el virus, en las residencias, que en Teruel ya han recibido las dos dosis en el 92,5%.

Los efectos de esta inmunización ya se dejan notar en estos centros asistenciales que empiezan a recuperar las rutinas perdidas por la pandemia. Los brotes se han reducido en un 80% en Aragón y en los últimos diez días solo ha habido un caso de un residente contagiado.

Paulatinamente se han incorporado diferentes grupos: personal sanitario de Atención Primaria, de Especializada, y otros sanitarios. Estudiantes de titulaciones de Ciencias de la Salud como los de Enfermería y Psicología, grandes dependientes no institucionalizados y mayores de 80.

El plan está condicionado por la disponibilidad de vacunas que dependen de la distribución de las farmacéuticas pero el Gobierno de Aragón estima que en el mes de abril se podrá triplicar la actividad actual.