Trufas sin recoger, compras sin hacer y 236 denuncias: así es el día a día en los pueblos limítrofes

El confinamiento perimetral de Aragón por el Covid-19, que se inició el pasado día 27 de octubre y se mantendrá, al menos, hasta el próximo 30 de noviembre ha modificado el día a día de los vecinos de los pueblos situados justo en la zona limítrofe de la provincia. En algunos casos hay personas que tienen tierras a pocos kilómetros de su casa, pero en una comunidad diferente, y, si no son profesionales, no pueden trabajarlas. También se dan situaciones difíciles para los que, como Libros, tienen la gasolinera muy cerca, en el pueblo de al lado, pero en la provincia de Valencia. 

Los alcaldes de los pueblos más pequeños reconocen que la Guardia Civil ya conoce a los habitantes de sus localidades y no les pone problemas a la hora de cruzar los límites provinciales porque saben que es un motivo justificado. “Con decir que eres de Tronchón ya no te piden nada más”, asegura Roberto Rabaza, que es el alcalde de Tronchón, a 3 kilómetros del límite con Castellón, por donde va la única carretera que accede a la población porque el resto son caminos rurales asfaltados. Sin embargo, matiza que todos los habitantes que trabajan en pueblos castellonenses tienen salvoconductos de sus empresas por si acaso.

En total desde que se inició este segundo confinamiento se han tramitado 236 denuncias en el conjunto de las carreteras provinciales por cuestiones de movilidad entre provincias. En este sentido, fuentes de la Guardia Civil indican que aunque los controles se han intensificado y se pide información a muchos conductores, “la mayoría de los movimientos son por causas justificadas”.

Raúl Arana, de Libros, dice que apenas tienen problemas para cruzar a echar gasolina a la población vecina, ya en Valencia, pero recalca que la mayor parte de la gente lo evita porque la norma les impide hacerlo. Los pueblos de la ribera del Turia tienen en Ademuz (Valencia) su referente a la hora de hacer compras porque está situado a 16 kilómetros y por mejor carretera que Teruel, donde para llegar hay que recorrer 28 por una de las peores nacionales que hay en España. “Ahora no podemos ir tampoco a Teruel porque no nos dejan entrar salvo para ir a trabajar o al médico, la gente va a Cella a hacer las compras”, relata Arana. 

En el confinamiento del mes de marzo no se vieron obligados a modificar sus costumbres porque Ademuz solicitó pertenecer a la zona circundante, que es la provincia de Teruel, y no a la autonómica. Sin embargo, ahora el Rincón de Ademuz no ha hecho ninguna petición porque, como explica Eduardo Aguilar, alcalde de  Castielfabib, no tienen ningún problema para llegar hasta la capital turolense por temas médicos y pueden acceder a Valencia para las compras, algo que no podrían hacer en Teruel debido a que la ciudad está confinada perimetralmente y solo se puede entrar o salir de ella para cuestiones sanitarias o educativas. 

Aguilar se muestra sincero y relata que en el primer confinamiento preferían adoptar las normas de Aragón, que en ese momento iba una fase por delante de la Comunidad Valenciana, pero ahora les interesa que los hijos del pueblo que viven en la zona de Valencia puedan llegar ya que los de Teruel no pueden hacerlo de todas formas. Sin embargo, la mayor parte de las personas que emigraron lo hicieron hacia la zona de Teruel, dice el alcalde de Castielfabib, quien señala que se ha notado desde el inicio de la pandemia un incremento en el censo de personas que, de esta forma, pueden seguir yendo al pueblo los fines de semana. 

Abejuela está rodeada por la Comunidad Valenciana y su única carretera va a parar allí, por eso no tienen problemas de movilidad. “Estos pueblos son tan pequeños que no suele haber controles”, comenta la alcaldesa, Mari Carmen Civera, quien añade que, no obstante, desde que se decretó el confinamiento ningún propietario de segunda residencia va por Abejuela. En cuestiones de abastecimiento de alimentos no tienen problemas porque la venta ambulante se ha mantenido y, además, ellos pueden desplazarse hasta los pueblos más cercanos de Valencia a comprar. 

José Luis Alvir lleva a diario a sus sobrinos a la guardería desde Arcos de las Salinas, municipio del que es alcalde, hasta Alpuente (Valencia). Es la más cercana y, gracias a los convenios entre Comunidades Autónomas, gozan de los mismos privilegios que los niños alpontinos, pero a la hora de cruzar el límite provincial debe de presentar toda la documentación referente a los pequeños y a su escolarización. “El primer día casi me denuncian”, explica. 

Sin embargo, muchas veces depende de los guardias que están en el control porque “a algunos les explicas porqué quieres cruzar y te dejan”. Y es que la relación entre los municipios limítrofes llega hasta el punto de que muchos vecinos de localidades valencianas acuden hasta Arcos de las Salinas a diario para comprar el pan del horno moruno. 

Donde sí hay controles continuos es en San Agustín, que es el último pueblo de la provincia hacia Valencia, y sus vecinos lamentan que no pueden ir a comprar a Segorbe, en otra provincia, ni a Teruel por el confinamiento de la capital. “En el multiservicio no hay de todo y no tenemos acceso a ninguna ciudad grande” dice Dani Riera, que es el alcalde de San Agustín, para añadir que el otro día una vecina le mostraba su preocupación sobre cómo comprar los regalos navideños si esto se alargaba: “Le he dicho que habrá de tirar de Amazón o que me haga la lista y se los compraré yo que por trabajo sí que me puedo mover”, especifica. 

La cercanía hace que las cuadrillas de trabajadores no tengan problema en cruzar de provincia si de lo que se trata es de almorzar a retiro. “Esta semana se han quedado aquí en la terraza, pero la pasada que llovía se iban allí, donde los bares pueden estar abiertos en el interior a un 30% del aforo”, detalla José Luis Alvir, que además de alcalde regenta un establecimiento hotelero y de restauración. Está conforme en que haya restricciones en el turismo, pero no con los trabajadores: “¿Qué mal hacemos si damos 15 almuerzos y 6 comidas al día?”, se pregunta. En el hotel sí pueden tener alojados a trabajadores que están montando los aerogeneradores de La Yesa (Valencia). “Por trabajos esenciales pueden pasar y el hotel más cercano es el de Arcos”, recalca Alvir. En ese caso sí les pueden servir comidas y cenas en el interior. 

El alcalde de Tronchón lamenta esas medidas tan estrictas porque, aunque insiste en que no suponen un gran problema, sí incide en que los habitantes de zonas limítrofes tienen más contacto con las provincias cercanas que con la propia. “En Tronchón la gente ha emigrado siguiendo el curso natural del río, hacia el Levante, nadie se ha ido a Teruel que tienes que cruzar cuatro puertos”, describe. En los municipios de pequeño tamaño y con gran parte de la población envejecida muchos mayores se han quedado sin las atenciones que los hijos les prestaban cada fin de semana. “Si ocurriera algo está claro que pueden pasar sin problema, pero son muchos los abuelos que llevan meses sin ver a sus nietos y sin que pasen los hijos a dar vuelta”, lamenta Roberto Rabaza.

En otros pueblos también limítrofes pero más grandes, como Orihuela o Bronchales, los problemas de acceso a los servicios son menores. En ese caso los que sí cruzan a Teruel para hacer sus compras son los vecinos de los municipios de Guadalajara, que, según precisa el alcalde de Orihuela, Rafael Samper, no tienen problema para llegar hasta la carnicería, la panadería o la gasolinera, sus servicios esenciales más próximos aunque estén en otra provincia. 

Algo similar ocurre en los municipios del Jiloca, cuyos habitantes no pueden cruzar a Zaragoza pero disponen de localidades con supermercados, como Calamocha o Monreal, más o menos a la misma distancia.

“Tengo las trufas a 20 kilómetros pero se van a pudrir, no puedo ir a cogerlas”

La temporada de la trufa se inició el pasado 15 de noviembre y muchos propietarios de fincas truferas no las tienen como actividad principal. Esto no supone ningún impedimento si vives en la misma provincia donde están las carrascas, pero hay numerosos truficultores que tienen sus fincas en la comarca de Gúdar-Javalambre y viven en localidades valencianas. La gerente de la Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa de la provincia de Teruel, Luna Zabalza, señala que desde Atruter han preparado numerosas acreditaciones de la pertenencia a la asociación. Los truficultores las presentan, si les para la Guardia Civil, junto a los documentos acreditativos de la propiedad de la parcela y, de momento, “nadie ha comentado que haya tenido problemas”, dice Zabalza. 

José Ballestero trabaja en el Ayuntamiento de Arcos de las Salinas y se cogió vacaciones para ir a coger las trufas que tiene en Alpuente (Valencia) y, de paso, enseñar a un perro a buscarlas. A unos días de que se terminen los días de descanso no ha podido ir a coger ni una sola trufa porque la única forma de llegar al pueblo de al lado es a través de la carretera, donde a diario hay controles de la Guardia Civil. “Esperaré a que abran para ir a recoger lo que pueda, pero mucha se me pudrirá”, lamenta. 

La mitad de los cazadores no cogerán la escopeta este año

Los cazadores no pueden cambiar de Comunidad Autónoma ya que la orden emitida esta misma semana por el Gobierno de Aragón para declarar esencial la caza solo permite la movilidad para determinadas especies y a “quienes practican la caza a través de toda la Comunidad Autónoma y con independencia de su residencia en cualquier lugar de Aragón”.

Esta medida favorece el control de la poblaciones de corzo, cabra montés, jabalí, ciervo y conejo, que son las que se incluyen en la orden, de numerosas zonas, pero no las de los pueblos en los que la mayor parte de los cazadores proceden de otras regiones limítrofes. Es el caso de Arcos de las Salinas, donde los aficionados al deporte cinegético ya no pudieron salir al monte en primavera y ahora, salvo los pocos que viven en el pueblo, tampoco podrán hacerlo. 

Es el caso de Santiago Serrano, que reside en Valencia y, tras haber abonado los 500 euros como socio del coto de Arcos, duda de que pueda cazar en las próximas semanas. Su problema no es único ya que de los 24 socios solo una decena residen en la localidad y tan solo uno de los que viven fuera está en Teruel y, por tanto, podrá ir tras la nueva orden del Gobierno de Aragón. “En nuestro coto solo le sirve a una persona, podrían haber hecho como en Andalucía, donde pueden cazar todos los federados”, comenta. 

El problema no se limita a que los aficionados no puedan practicar su deporte favorito, sino todo lo que eso acarrea. “Es una actividad que redunda en la economía del pueblo y, además, la sobrepoblación causa daños irreparables a la agricultura”, lamenta. Para Serrano no tiene sentido que hasta Arcos pueda llegar un cazador de Huesca tras hacer 600 kilómetros y que los que están en Alpuente, a solo 20, no puedan cruzar. 

En una situación parecida está Tronchón, a solo 3 kilómetros del límite con Castellón y con la mitad de sus cazadores en esa provincia desde la que, casi, pueden apuntar a sus presas.

En Orihuela del Tremedal hoy tendrá lugar la primera batida de la temporada y hay problemas, según reconoce el alcalde, Rafael Samper, para la venta de los pases de selectiva por las estrictas medidas que hay que cumplir. En los ingresos del coto se notará porque la venta de los permisos de selectiva ha caído un 60%. Por los que el año pasado se pagaron 400 euros este año solo se han abonado en torno a 150.

Algo similar ocurre en Villarluengo, donde los pases de caza de cabra montés se han convertido en el principal recurso para las arcas municipales. Este año habrá problemas para su venta porque los cazadores que pagaban por los principales trofeos, de momento, no pueden entrar a la provincia a causa del confinamiento perimetral.