Concentración de trabajadores de prisiones ante la Subdelegación del Gobierno en Teruel
Trabajadores de la prisión de Teruel reclaman ser reconocidos como agentes de la autoridad
Concentración en la plaza San Juan tras el asesinato de una compañera en la cárcel de Tarragona
Trabajadores de la prisión de Teruel volvieron a concentrarse este viernes en solidaridad con la compañera del centro penitenciario de Tarragona que fue asesinada por un interno la semana pasada, y reclamaron por enésima vez ser reconocidos agentes de la autoridad ante el riesgo que entraña su trabajo.
En esta ocasión se concentraron alrededor de cuarenta personas en la plaza San Juan ante la Subdelegación del Gobierno, después de que la semana pasada ya lo hicieran frente a las puertas de la prisión turolense.
El delegado de CSIF de la Administración General del Estado en Teruel y trabajador de la prisión, Javier Gómez, dijo que estaban “consternados” por lo ocurrido en el centro penitenciario de Tarragona puesto que era algo que venían advirtiendo y denunciado desde hacía tiempo.
El representante sindical pidió que se cumplan las reivindicaciones de este colectivo, entre ellas ser agente de la autoridad para que se les respete más y preservar su seguridad. Es una reivindicación que llevan tiempo haciendo y sobre la que parecía que había predisposición, dijo, pero sobre la que aseguró que los políticos “nos han engañado”.
Chabi Ripoll, de Tu abandono me puede matar (TAMPM), denunció que el interno que mató a la trabajadora del centro penitenciario de Tarragona ya había degollado a otra mujer en la calle y ahora la Administración asegura que “no se podía prever ese asesinato”. Manifestó que la Administración debe hacer algo porque hay agresiones sexuales a funcionarias y violencia machista.
Insistió en que hay que cambiar la normativa penitenciaria y reconocerles como agentes de la autoridad, porque los conductores de autobús lo son y en cambio ellos que trabajan con delincuentes se arriesgan a diario en el desempeño de su trabajo sin ningún tipo de protección.
Ripoll explicó que una agresión con un parte de lesiones a un funcionario apenas supone quince días de reclusión del interno en su celda, mientras que como agentes de la autoridad podría suponerles una pena de uno a cuatro años, con lo cual se lo pensarían.
Aseguró que el cambio legislativo no se hace por motivos políticos, con independencia de quién gobierne, lo que los deja en una situación de indefensión. Explicó que en todo el país cada 17 horas se produce una agresión a un trabajor de prisiones, y que en la prisión de Teruel también las hay, puesto que aunque su catalogación es la más baja, a veces llevan internos peligrosos para los que no está preparado el centro. Los trabajadores pidieron también más dotación de personal.
En esta ocasión se concentraron alrededor de cuarenta personas en la plaza San Juan ante la Subdelegación del Gobierno, después de que la semana pasada ya lo hicieran frente a las puertas de la prisión turolense.
El delegado de CSIF de la Administración General del Estado en Teruel y trabajador de la prisión, Javier Gómez, dijo que estaban “consternados” por lo ocurrido en el centro penitenciario de Tarragona puesto que era algo que venían advirtiendo y denunciado desde hacía tiempo.
El representante sindical pidió que se cumplan las reivindicaciones de este colectivo, entre ellas ser agente de la autoridad para que se les respete más y preservar su seguridad. Es una reivindicación que llevan tiempo haciendo y sobre la que parecía que había predisposición, dijo, pero sobre la que aseguró que los políticos “nos han engañado”.
Chabi Ripoll, de Tu abandono me puede matar (TAMPM), denunció que el interno que mató a la trabajadora del centro penitenciario de Tarragona ya había degollado a otra mujer en la calle y ahora la Administración asegura que “no se podía prever ese asesinato”. Manifestó que la Administración debe hacer algo porque hay agresiones sexuales a funcionarias y violencia machista.
Insistió en que hay que cambiar la normativa penitenciaria y reconocerles como agentes de la autoridad, porque los conductores de autobús lo son y en cambio ellos que trabajan con delincuentes se arriesgan a diario en el desempeño de su trabajo sin ningún tipo de protección.
Ripoll explicó que una agresión con un parte de lesiones a un funcionario apenas supone quince días de reclusión del interno en su celda, mientras que como agentes de la autoridad podría suponerles una pena de uno a cuatro años, con lo cual se lo pensarían.
Aseguró que el cambio legislativo no se hace por motivos políticos, con independencia de quién gobierne, lo que los deja en una situación de indefensión. Explicó que en todo el país cada 17 horas se produce una agresión a un trabajor de prisiones, y que en la prisión de Teruel también las hay, puesto que aunque su catalogación es la más baja, a veces llevan internos peligrosos para los que no está preparado el centro. Los trabajadores pidieron también más dotación de personal.
