Todos los grupos reconocen que las ayudas por la sequía son insuficientes

Todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón reconocieron este miércoles que las ayudas por la sequía recogidas en el decreto ley del Ejecutivo aragonés que regula estas subvenciones son “insuficientes”. Así lo manifestaron en el pleno celebrado en el Parlamento durante el debate de convalidación del mismo, que salió adelante sin ningún voto en contra aunque tanto el PSOE como CHA se abstuvieron para dar un toque de atención por sus carencias.

La convalidación se produjo en un pleno atípico, en el que se dio la paradoja de que se hablaba de la sequía mientras se iban conociendo los efectos de la dana y las elevadas cifras de muertos en el Levante por las precipitaciones torrenciales, hasta el punto de que la sesión plenaria fue suspendida tras la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, que era el tercer punto del orden del día.

Sí se vio, al figurar como segundo punto tras el primero de aprobación de las actas de la sesión anterior, la convalidación del Decreto ley 1/2024 del Gobierno aragonés que regula la concesión de subvenciones directas a los agricultores y ganaderos afectados gravemente por la sequía, que tiene una especial trascendencia en la provincia de Teruel.

Desde la oposición insistieron, no obstante, en criticar que se hubiesen quedado fuera municipios turolenses como Calaceite, Mazaleón, Lledó y Arens de Lledó, al igual que se hubiesen excluido de las ayudas los cultivos leñosos y las plantaciones de almendros o de olivar, por su particular incidencia en el Bajo Aragón histórico.

El pleno tampoco contó con la participación del consejero de Agricultura, Javier Rincón, para defender el decreto ley ante los parlamentarios. Fue en su lugar el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, quien expuso los pormenores de esta norma que contempla ayudas directas por valor de 7 millones de euros para compensar los efectos de la sequía. De esa cantidad, 5,8 millones son para el sector agrícola en las zonas más afectadas, y 1,2 millones para el sector ganadero.

Bermúdez de Castro indicó que más del 51% de los municipios aragoneses han sufrido pérdidas considerables, con áreas donde la situación ha sido “tan dramática que se ha llegado a perder el 80% de los cultivos y una fuerte mortandad de los ganados debido a la falta de pastos”.

El consejero de Hacienda defendió que estas ayudas van a proporcionar un “alivio financiero”, además de asegurar la “continuidad” de las zonas más afectadas. Indicó que las ayudas llegarán a 304 municipios de 19 comarcas y las mismas no excluyen la posibilidad de recibir otras procedentes de otras administraciones.

Para los ganaderos la ayuda se fijará en 25 euros por unidad de ganado mayor, explicó Bermúdez de Castro, y para los agricultores se tendrá en cuenta el número de hectáreas afectadas con un límite de 100 hectáreas, habiéndose definido “un mínimo de 200 euros por ayuda y una cantidad máxima de 5.000 euros para jóvenes agricultores” en las zonas de mayor afección. Aseguró que en caso de ser ganadero y agricultor se podrá optar a ambas “alcanzando un total de 7.500 euros”.

El representante del Ejecutivo aragonés incidió además en que el proceso para solicitarlas será sencillo y directo para que lleguen cuanto antes, y permitan a ambos sectores continuar con su actividad.

El portavoz de agricultura del grupo socialista, Marcel Iglesias, puso el foco durante su intervención en la “escasez de las cuantías” y el retraso con que se habían aprobado. Aclaró ante las críticas de los populares por no haberlas dado el anterior gobierno cuatripartito, que no fue hasta marzo cuando el Gobierno central autorizó poder dar estas ayudas y que por tanto correspondía hacerlo al nuevo Ejecutivo.

Socialistas y populares se enzarzaron en reproches sobre las políticas de apoyo al sector que estaban aplicando desde las administraciones que gobernaban. Iglesias aseguró que eran “decepcionantes” al excluir a los cultivos leñosos, la fruta, el olivo, el almendro y la viña pese a su importancia. También afeó al Ejecutivo de no atender a “todas las granjas en la zona del Maestrazgo, del Matarraña, también del Bajo Aragón”, que tenían que llevar el agua en cubas a sus explotaciones y ahora no van a recibir nada.

Iglesias argumentó que solo el PSOE ha defendido a los agricultores y ganaderos cuando han gobernado ellos, y justificó la abstención “para no impedir su tramitación”. Pidieron al igual que otros grupos que se tramite como proyecto de ley, pero en la votación que se hizo no fue tomado en consideración. La intención era que el Gobierno pudiese “rectificar” y “mejorar esas ayudas”.

Zonas de mayor daño

La diputada de Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, calificó de “muy insuficientes” las cantidades de ayudas previstas, además de por haber dejado fuera de las zonas de “mayor daño” a los municipios de Calaceite, Mazaleón, Lledó y Arens de Lledó, o no haber contemplado otros territorios como Tarazona o municipios de la zona de Calatayud o Caspe.

Insistió, como viene haciendo esta formación en los últimos tiempos, en que lo “solucionen para este año” y consideró que no había justificación para haber excluido los cultivos leñosos, las plantaciones de almendro o de olivar, que afectan en particular a la provincia de Teruel.

Pilar Buj recordó que en el reciente Debate sobre el estado de la Comunidad se aprobó una propuesta de resolución de Teruel Existe que pedía corregir todas esas cuestiones en las ayudas por la sequía. Además, hizo valer la presión de los agricultores y la insistencia de algunos grupos parlamentarios como el suyo para que se hubiese dictado ese decreto y aclaró que el voto a favor de Teruel Existe era “por responsabilidad”, a la vez que urgió a corregirlo para incluir a los que han excluido y que sea este mismo año.

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, también fue crítico con la escasez de las ayudas, pero aclaró que apoyaban la convalidación del decreto porque a pesar de ser una cantidad insuficiente, no hacerlo sería “negar la realidad que hoy vive el campo aragonés”.

Izquierdo insistió en que las ayudas deberían llegar a los 40 millones, porque por la sequía un agricultor pierde de media entre el 70 y el 80% de su renta, que con 3.000 o 4.000 euros era “difícil de resolver”.

Álvaro Sanz (IU) dijo que el decreto llega “tarde” porque debe usarse “en momentos de emergencia”, mientras que Joaquín Palacín (CHA) incidió en que “hay muchas comarcas turolenses con muchísimos problemas” que deberían haber sido tenidas en cuenta, y Santiago Morón (Vox) reivindicó que en el tiempo que ellos estuvieron al frente de la consejería ya impulsaron ayudas. El portavoz del PP, José María Giménez, defendió tanto estas ayudas, que admitió que podrían ser mejorables, como los créditos que ha impulsado el Ejecutivo y que en total elevó a 20 millones. El diputado de Podemos no asistió al pleno.