Teruel tardaría varios siglos en salir de la despoblación con las ayudas de funcionamiento actuales

Teruel tardaría varios siglos para poder salir de la despoblación, si consiguiese hacerlo, con las ayudas al funcionamiento empresarial tal como se están aplicando ahora. Su intensidad es ínfima respecto a lo autorizado por la Comisión Europea y su impacto inapreciable. La medida de la CE, que era la gran esperanza frente al reto demográfico, ha acabado convertida en un instrumento que sirve exclusivamente para una constante confrontación política a todas luces inútil.

Así lo ven con asombro los empresarios, que fueron los que impulsaron su consecución, y una ciudadanía descreída que asiste cansada al tono que ha adquirido el debate político. Se prometió mucho, pero al final ha quedado, como muchas cosas en la provincia de Teruel, en agua de borrajas a la espera de no se sabe cuándo, como la autovía A-40 con Cuenca, la A-25 o el corredor ferroviario de doble vía, infraestructuras no menos importantes para conseguir frenar y revertir la despoblación.

Las ayudas de funcionamiento son una herramienta que debería permitir ganar en competitividad a las tres provincias beneficiarias de este instrumento, con ello impulsar su economía y hacer frente a la despoblación. Suponen una ventaja brutal sobre otros territorios si se aplican en sus máximos, que son la bonificación de un 20% de los costes laborales de las empresas. En cambio, lo que se está aplicando no llega al 1%, pero la imagen que se ha vendido en el resto de España es otra, ya que se bonifica un 20% de las contingencias comunes de la Seguridad Social.

Para que se comprenda, eso supone un ahorro por trabajador que oscila entre 11,8 y 47,2 euros al mes. De poco sirve esa ayuda, por no decir de nada, en un territorio además en el que las empresas son pequeñas y la importancia de los autónomos es grande; colectivo este al que no se le aplica ningún beneficio, salvo a los nuevos autónomos el año pasado con una tarifa plana al mes de 80 euros durante tres años.

Según un estudio hecho por las organizaciones empresariales de la SSPA sobre el primer año de aplicación de la medida, en la provincia de Teruel ha tenido un coste de 8,25 millones de euros, equivalente al 0,54% del coste laboral, cuando lo permitido por Europa es llegar hasta el 20%. El impacto sobre el PIB ha sigo inapreciable, el 0,19% (en todo el territorio SSPA), y el impacto en el empleo generado ha sido de 101 empleos.

De acuerdo con este mismo estudio, de haberse aplicado el máximo del 20% sobre los costes laborales permitido, el coste de la medida habría sido en la provincia de 303,22 millones, el impacto sobre el PIB del 6,79%, y en el empleo del 6,35% (en todo el territorio SSPA). El impacto sobre el empleo habría sido de 3.681 empleos.

La cuenta de la abuela

Aunque es imposible extrapolar de forma científica cuánto tiempo se tardaría en revertir la situación de la despoblación con las ayudas que se están aplicando ahora en su mínima intensidad, puesto que influyen otros factores a tener en consideración, haciendo la cuenta de la abuela se tardaría varios siglos.

A un ritmo de 101 empleos al año harían falta casi cinco siglos, siempre y cuando no se fuesen perdiendo por otro lado, para ganar 50.000 habitantes. Esa es la población de más que tendría que ganar la provincia para estar por encima de los 185.000 habitantes, puesto que solo superando esa cifra se dejaría de tener una densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es el baremo que utiliza Europa para considerar un territorio en peligro de despoblación.

Evidentemente este cálculo no es científico porque faltan otros factores, y a nadie se le escapa que revertir la población en esos niveles es una utopía por la falta de infraestructuras y carencias que tiene la provincia, pero pone en evidencia también que aplicando un 0,54% en lugar del 20% que autoriza Europa para intentar revertir la despoblación no conduce a ningún sitio más allá del hastío y el enfado de los ciudadanos.

Cuando la Comisión Europea autorizó las ayudas al funcionamiento empresarial estalló el optimismo y la esperanza en la provincia porque hubo unanimidad en que este tipo de medidas sí podían suponer un cambio de tendencia en el territorio. Casi tres años después, esa esperanza empieza a difuminarse y se está transformando en desencanto, puesto que hoy día, a efectos prácticos, esa medida solo está sirviendo para que los partidos tengan una nueva arma arrojadiza para lanzarse entre ellos en su constante confrontación política, tan cansina como inútil a los ojos de la gente. Cosas así son las que aumentan el distanciamiento entre la población y los políticos, y lo realmente peligroso, el cuestionamiento de la democracia que aprovechándose de ello hacen los populismos.

Durante la última semana, el tema de las ayudas al funcionamiento ha vuelto a copar titulares de prensa y espacios en radio y televisión, aderezado por supuesto por los reproches políticos entre las distintas fuerzas, que se disputan el mérito de quién las ha conseguido o quién tiene capacidad para ponerlas en marcha frente a la desidia del Gobierno central para su aplicación.

El mérito detrás de la autorización por parte de Europa de las ayudas al funcionamiento a las tres provincias más despobladas de España (Teruel, Soria y Cuenca), que son las que están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es de las organizaciones empresariales de estos territorios agrupadas en torno a la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa.

El logro material de haber conseguido que la Comisión Europea las aprobase fue de los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León en la pasada legislatura, los dos primeros liderados por el PSOE y el tercero por el PP. A pesar de ser de distinto signo político, unieron sus fuerzas para hacer ver a Europa y al Estado español la importancia que podían tener estas ayudas para combatir de verdad la despoblación.

Fue necesario que el Gobierno de España también se implicase en la reclamación, bajo la presidencia del socialista Pedro Sánchez. A pesar de que ese mérito fue del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que las aplicó por primera vez el año pasado, lo hizo en una cuantía tan ínfima que son insuficientes a todas luces para conseguir el objetivo que persiguen. No solo eso sino que defraudan por lo que se dijo y por lo que después ha acabado haciéndose.

Excusas

Decir que lo importante es ponerlas en marcha, que arranque la medida y con el tiempo ir incrementándola, está siendo decepcionante y suena a todas luces a una excusa ante la impotencia de conseguir que Madrid y el aparato del Estado tomen de verdad contacto con la realidad y apliquen medidas que tengan efecto en el territorio.

No hacerlo, como no se está haciendo, parece responder al pragmatismo y la indiferencia, pese a las apariencias, por el nulo peso político que tienen estas tres provincias precisamente por su escasa población y representación política. Así lo transmite el tono plano de las intervenciones de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Es algo que parece común a quiene llegan al poder y se olvidan del derecho a la cohesión territorial de todos los españoles recogido en la Constitución; principio que ha incorporado el Gobierno central a su argumentario, como se ha vuelto a ver en las últimas comparecencias parlamentarias de los ministros, pero que luego no tiene un reflejo efectivo con los territorios más necesitados como son los que padecen la despoblación con mayor virulencia.

Teruel Existe se sumó en la pasada legislatura a la reivindicación de las ayudas de funcionamiento, una vez conseguida la autorización de Europa a instancias de los Gobiernos autonómicos de Aragón y las dos Castillas, junto a las organizaciones empresariales. En los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que fueron los primeros en incluirlas, Teruel Existe no los votó a favor porque según argumentaron tampoco fue aceptada la enmienda para incrementar la intensidad de las ayudas.

Si los socialistas consiguieron convencer a Europa, teniendo en cuenta también la presión que hizo el lobby europeo de las organizaciones empresariales de la SSPA, hoy es más que evidente que desde el Gobierno central son incapaces de aplicarlas en su justa medida, es decir, para que sean eficaces; aunque tal vez no se trate de eso sino de que no quieren aplicarlas. Detrás estaría la creencia de que los territorios limítrofes sufrirían un agravio, ignorando lo que le pasó antes a Teruel cuando quedó fuera del Objetivo 1 mientras las provincias que la rodean se llenaban de posibilidades.

Meter un gol al Gobierno

Cuando se consiguió la autorización de la CE, en el seno de las organizaciones empresariales se decía en privado que habían “metido un gol” al Gobierno. Pues bien, ahora ese tanto parece que  lo ha declarado nulo. La justificación que habría detrás es que las pérdidas económicas para el Estado serían muchas, en lugar de comprender que se trata del coste que hay que pagar para la supervivencia de estos territorios, al igual que pasa con los servicios, las infraestructuras y otras tantas cosas.

De los dos partidos mayoritarios con opciones de gobierno que hay en España, el PP es el único que se comprometió el año pasado a aplicar estas ayudas al máximo si gobernaba, mientras que el PSOE, que es quien pidió y consiguió la autorización de Europa, no lo hizo. Lo máximo que ha hecho es decir que se estudiará mejorarlas, como expresó la ministra Teresa Ribera a las organizaciones empresariales en una carta en la que se comprometió a reunirse con ellas, sin que lo haya hecho tras haber pasado un año.

El compromiso del PP lo adquirió su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, cuando participó en una convención de los populares sobre despoblación celebrada en Teruel en febrero del año pasado. El Partido Popular volvió a comprometerse a ello el mes pasado en la Interparlamentaria de esta formación que tuvo lugar en Galicia, donde incluyó de nuevo como una de las líneas de su programa político la aplicación de las ayudas de funcionamiento en su máxima intensidad en las tres provincias.

Casualmente el PSOE también celebró una convención política en Galicia esos mismos días, donde en su programa incidió por enésima vez en la cohesión territorial, sin referirse específicamente a las ayudas de funcionamiento. Lo que sí que hicieron los socialistas es defenestrar a la turolense Mayte Pérez y sacarla de la Ejecutiva Federal del partido, además de fundir en una misma secretaría las áreas de Política Municipal y Reto Demográfico.

No tan casual parece que la defenestrada de la Ejecutiva socialista, Mayte Pérez, fuese la consejera de Presidencia que en la pasada legislatura empujó desde su departamento en el Gobierno de Aragón la consecución de la autorización de las ayudas de funcionamiento por parte de Europa; ni que lo hiciese con Castilla-La Mancha, cuyo presidente es el también socialista y crítico con Sánchez, Emiliano García-Page; mientras que el tercero fue el Ejecutivo de Castilla y León, en manos del PP. Hay señales que por muy sordo o ciego que se sea, se ven y se oyen a todos luces y volumen, y esta sería una de ellas.

En cualquier caso, resulta incoherente, hipócrita, absurdo, kafkiano, rocambolesco, marxista (en el sentido de los caóticos y surrealistas Hermanos Marx), y cualquier otro adjetivo con el que se quiera calificar lo ocurrido, que sea el PSOE desde ese monstruo que es el Estado el que consigue las ayudas de funcionamiento y luego cuando tiene que aplicarlas se las carga al  reducirlas a menos del 1%, cuando tiene autorización de Europa para llegar hasta el 20% de los costes laborales.

A río revuelto, ganancia de pescadores, y en este caso muchos están lanzando la caña, arrogándose de méritos en la lucha contra la despoblación, como es el caso de Vox, cuando acaban de llegar al terreno del juego político desde las instituciones y tienen todavía que demostrarlo todo; y otros no hacen sino reivindicar lo mucho que hicieron en las Cortes Generales, como es el caso de Teruel Existe, cuando el resultado de lo conseguido por estas tres provincias es de fracaso absoluto.

La formación transversal surgida del movimiento ciudadano peleó como nadie el tema en el Congreso y el Senado, además de en los despachos. Y eso no es una apreciación subjetiva sino que se puede comprobar en los diarios de sesiones de ambas cámaras, por más que parezca molestar a muchos; pero al final de poco sirvió el acuerdo de investidura porque su poco peso político tampoco ayudó para que las ayudas alcanzasen su intensidad máxima al quedarse al final por debajo del 1%.

Ausencia

Lo que sí ha empezado a notarse es la ausencia de Teruel Existe en las comparecencias parlamentarias del inicio de la legislatura al no haber conseguido representación política en las elecciones generales de julio de 2023. Cuando la semana pasada la ministra Elma Sainz compareció en la Comisión del Congreso de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ningún grupo preguntó por las ayudas de funcionamiento.

Ni tampoco nadie interpeló la semana anterior a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuando intervino en la comisión de su área y habló de las previsiones para esta legislatura. En este caso sí que uno de los portavoces socialistas sacó a relucir las ayudas de funcionamiento, pero para destacar la importancia que estaban teniendo en la lucha contra la despoblación; nada más alejado de la realidad.

Evidentemente no era consciente de lo que hablaba y se limitaba a vender el discurso oficial de la cohesión territorial, ajeno a las reclamaciones de las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria; y ningún otro partido le replicó.

Teruel sigue teniendo un serio problema, el mismo de siempre, que a efectos prácticos no existe en Madrid, ni cuando existía. En cambio, la idea con la que se está quedando el resto del país es la contraria por la propaganda estatal. Ante esta perspectiva, más que avanzar pareciera que retrocediéramos, y lo que está pasando con las ayudas de funcionamiento es un claro ejemplo.