Teruel recuerda a las víctimas del Covid-19 y reclama unas residencias públicas dignas

Teruel se sumó el sábado a las ciudades de todo el país que celebraron concentraciones para recordar a las víctimas del Covid-19, en su mayoría personas mayores, y reivindicar unas residencias públicas dignas. Impulsadas por diferentes plataformas y colectivos ciudadanos, en la capital turolense la convocó el Plan de Choque Social de Teruel y fue promovida por la Plataforma por unas Residencias Públicas para Todos en Aragón, que llevó a cabo otro acto similar en Zaragoza. El acto de Teruel sirvió para homenajear a las víctimas de la pandemia, difundir las conclusiones del informe que sobre la situación de las residencias de mayores presentó el Justicia de Aragón esta semana, y hacer una llamada de atención sobre las carencias que existen en materia de asistencia a personas mayores, además de reivindicar unas residencias públicas dignas.
El acto tuvo lugar en la plaza del Torico y al mismo asistieron algo menos de medio centenar de personas que se desplegaron a ambos lados de la fuente para guardar la distancia de seguridad sanitaria, y exhibieron una pancarta del Plan de Choque Social de Teruel con los lemas “Por una salida de la crisis justa y social” y “Por unos servicios públicos de calidad”, además de carteles con la frase “Por unas residencias para mayores públicas y de calidad” enmarcada en corazones de color verde.
Primero se leyó un texto de homenaje a las víctimas de la pandemia, en el que se incidió en las personas mayores, ya que en Aragón alrededor del 80% de los fallecidos por Covid desde el inicio de la crisis sanitaria han sido residentes en residencias de ancianos.
A continuación se explicaron las conclusiones del informe que ha hecho el Justicia de Aragón y que fue presentado esta semana, en el que se pone énfasis en las carencias que esta institución ha detectado en la asistencia a los mayores y la necesidad de un cambio en la atención a la dependencia, con recomendaciones  como la urgencia que hay de aumentar las ratios de profesionales en la atención a las personas y la mejora de sus condiciones laborales y salariales.
La concentración se cerró con la lectura del manifiesto de la Plataforma por unas Residencias Públicas para Todos en Aragón, convocante de los actos en la Comunidad Autónoma, en el que se abogó por la recuperación de las residencias públicas que garanticen plazas para todas las personas dependientes de grado II y III, la ampliación y modificación de los ratios de personal, un nuevo modelo de residencias/viviendas acordes con el siglo XXI y que estén dotadas de servicios y atención sanitaria, y una Ley de Residencias estatal, entre otros puntos.
Yolanda Nuño, del Plan de Choque Social de Teruel, explicó durante el acto que los datos del informe del Justicia de Aragón sobre las residencias de mayores son “demoledores”, puesto que revelan que solo el 11% de las plazas son públicas y dependen de la DGA, mientras que el 18% están gestionadas por entidades locales o comarcales, y el 70% corresponden a empresas y entidades privadas. Son unos datos que constatan que Aragón es la Comunidad Autónoma con más residencias privadas, lo que supone una evidente tendencia a la privatización de un servicio social básico, que los concentrados reclamaron que debe ser “público y de calidad” para garantizar este derecho a los ciudadanos.

80% de las víctimas
Nuño recalcó otro dato facilitado por el informe del Justicia, que en torno al 80% de las víctimas de la primera oleada de la pandemia se corresponde con personas residentes en estas residencias. La portavoz señaló que ha faltado coordinación por parte de la Administración, además de falta de previsión en los EPIs y haber escaseado las pruebas PCR. En el mismo informe del Justicia, Nuño dijo que se indica que los residentes de estos centros deben tener idéntico acceso a la asistencia médica que quienes residen en sus casas, además de constatar la limitación de derechos fundamentales que han tenido estas personas.
Paquita Fortea, que leyó un emotivo texto en recuerdo de los mayores que han fallecido en las residencias, incidió en que estas personas pertenecían a una generación que sufrió la guerra civil y la durísima postguerra, que tuvieron que abandonar sus pueblos y emigrar a las ciudades para dar un futuro a sus hijos, y que al jubilarse no dejaron de seguir auxiliándoles en la conciliación familiar y en las crisis económicas con sus escasas pensiones. A ellos pidió que se recordara para reivindicar unos servicios sociales de calidad a la vez que animaba a luchar “por los que quedan y que no se vuelva a repetir”.
Gonzalo Ruiz fue el encargado de leer el manifiesto que cerró el acto, en el que se rechazó la privatización y semiprivatización de un servicio tan esencial para la sociedad como las residencias de mayores y se reivindicó su acceso a todos, la supervisión de estos centros por Sanidad Pública, la ampliación y modificación de los ratios de personal, la recuperación de las residencias públicas cuya gestión se ha externalizado a empresas privadas, una inspección rigurosa de estos centros para que cumplan los estándares mínimos y que sean acordes con las sociedades del siglo XXI, una revisión  y actualización del convenio laboral para que haya más servicio y menos explotación de los trabajadores, y una Ley de Residencias estatal.