Teruel Existe lleva a las fiscalías 15 casos de posible delito ambiental en proyectos de renovables

El movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado denuncias a las fiscalías de las tres provincias aragonesas y al fiscal de sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Estado para denunciar las irregularidades detectadas en la tramitación de centrales de energías renovables en Aragón. En concreto, en 15 casos, cinco de ellos de la provincia de Teruel.

Los representantes de Teruel Existe y de Aragón Existe, indicaron que van a hacer de “correa de transmisión”, del trabajo realizado por el movimiento ciudadano y ofrecieron  una rueda de prensa para explicar los motivos que les ha llevado a presentar estas denuncias.

“Apoyamos con nuestra presencia la presentación de estas denuncias ante las fiscalías de Medio Ambiente y también queremos completar la que ya se realizó el 26 de mayo en Teruel respecto a proyectos de esta provincia”, explicó Francisco Juárez, de Aragón Existe, que lamentó que no se habían recibido respuesta a las alegaciones presentadas a estos proyectos de renovables.

“La Administración está funcionando como una auténtica apisonadora en la implantación de renovables sin escuchar las alegaciones que presentan los ciudadanos con una información pública muy deficiente, con falta de transparencia”, dijo, en referencia a que una vez que finaliza este periodo desaparecen de la web para no poder seguir consultándolos. “Vamos a seguir denunciando todas las irregularidades que detectamos en la tramitación”, comentó y se refirió a que se ha detectado fragmentación de proyectos que están acumulados en zonas muy concretas de Aragón”, dijo.

En cuanto a la acción política, Juárez indicó que se llevará a las próximas ejecutivas tanto de Aragón Existe como de Teruel Existe y cuando tengan representación en las Cortes de Aragón, que dio por hecho, “solicitaremos una comisión de investigación” de las actuaciones del Inaga y del Departamento de Industria, en todos los proyectos de renovables de Aragón.

Como ponente de las denuncias del movimiento ciudadano, Mariano Tomás, explicó que las denuncias presentadas son para llamar la atención sobre posibles delitos ambientales no recursos contenciosos. “Hemos cogido los 15 casos más representativos pero podríamos haber cogido sobre cien”, destacó.

En el caso de la provincia de Teruel los términos afectados son Muniesa, Loscos, Monforte, Huesa del Común, Cañada Vellida, Alfambra, Orrios, Cuevas de Almudén, Escucha y Jarque de la Val.

“Son municipios que están muy cerca porque lo primero que denunciamos es el caso de fragmentación, para hacernos una idea el 54% de los parques eólicos que hay en tramitación en estos momentos en Aragón son producto de una fragmentación irregular (57 instalaciones de un total de 104), y en cuanto a megaplantas fotovoltaicas, de 263 expedientes, 156 son producto de fragmentación irregular, un 59%”. detalló.

Explicó que la fragmentación irregular de proyectos es una práctica de determinadas empresas cuya finalidad es que la potencia prevista de la instalación no supere los 50 MW porque, si supera este umbral, la competencia para su autorización es del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero si no lo supera, la competencia es de la Comunidad Autónoma y apuntó que “Aragón está siendo muy poco rigurosa tanto en la evaluación técnica de los proyectos como en la evaluación ambiental y, por ello, la mayoría de los promotores prefieren que sus proyectos sean tramitados por esta Comunidad”.

También puso de manifiesto que desde hace tres años a esta parte el Inaga está externalizando las evaluaciones ambientales. “Es un procedimiento en el límite de la ley, porque saca a concurso  la realización de las evaluaciones ambientales que las hacen unas empresas que a la vez son las mismas que han hecho los estudios de impacto ambiental”, denunció y consideró que se produce un “conflicto de intereses”.

Tomás apuntó además que se permite a las empresas presentar documentación una vez pasado el periodo de exposición pública, por lo que no se puede presentar alegaciones sobre esta documentación.

También subrayó que el Inaga actúa “de manera proactiva”  indicando a los promotores las medidas a considerar antes de emitir la Declaración de Impacto Ambiental y que en el trámite de audiencia previo a la formulación definitiva se le permite presentar más documentación e incluso modificar el proyecto.

El portavoz del Movimiento ciudadano Manuel Gimeno, explicó que esta premura en la producción de energía proyectada no responde a una mayor demanda en España, porque la potencia instalada es “3,5 veces mayor de lo que consumimos en un momento pico de máximo consumo”.  En el caso de Teruel dijo que se quieren instalar 8.000 megavatios de potencia, una cifra superior a la que generan todas las centrales nucleares del país, cuando “en esta provincia sería suficiente con 75 megavatios para dar servicio a 53.000 hogares, y por tanto se proyecta 106 veces más de lo necesario”.

Para Teruel Existe y Aragón Existe, “lo que hay detrás de la expansión de renovables es una cuestión económica con territorios de sacrificio, como Teruel y otros de la España vaciada”.