Teruel Existe lanza una campaña de adhesiones a La Revuelta de la España Vaciada

Teruel Existe lanzó este viernes una campaña de adhesiones a la movilización del próximo 31 de marzo en Madrid a través de su página web. Todas las entidades, instituciones y asociaciones que quieran mostrar su apoyo a La Revuelta de la España Vaciada pueden hacerlo ya de manera online. También ha puesto en marcha una recogida de firmas para ciudadanos que a título individual quieren mostrar su respaldo.

La iniciativa pretende que todos los que quieran puedan expresar su apoyo a esta movilización sin precedentes que ha alzado a 22 provincias de la España vaciada para visibilizar el problema de la despoblación y del déficit de infraestructuras, consecuencia de unas políticas de vertebración territorial erróneas desde hace décadas, y que no han sido corregidas tampoco a través de los Fondos de Cohesión de la UE.

Las adhesiones se pueden hacer desde la página web de la coordinadora turolense, www.teruelexiste.info, accediendo a la ventana de La Revuelta de la España Vaciada. Dentro se puede entrar en otro apartado de adhesiones, rellenando una serie de campos, a la vez que a título individual los ciudadanos pueden participar en una recogida de firmas también de apoyo a esta movilización y lo que representa a través de change.org.

Quienes suscriban la adhesión estarán apoyando los once puntos reivindicativos que se están planteando con esta movilización de la España vaciada, que se resumen en reclamar igualdad, equilibrio y justicia para que todos los españoles tengan derecho a infraestructuras y servicios con independencia del lugar donde vivan.

El documento de adhesión es genérico, de manera que no se circunscribe exclusivamente a las demandas turolenses sino a las de toda la España vaciada, con lo cual puede ser suscrito por instituciones, entidades, colectivos y ciudadanos de las 22 provincias afectadas y de aquellos territorios que se encuentren en idéntica situación.

El primer punto exige a los gobiernos central y autonómicos “equilibrio y cohesión territorial, económica y social”, puesto que cuando desde ambas administraciones se “niegan, paralizan o retrasan eternamente las inversiones en las infraestructuras” que se necesitan, lo que se está haciendo es “robar las posibilidades de desarrollo de estos territorios”. Se aboga por ello por la necesidad de “planes de infraestructuras a medio plazo, pactados entre todos, con equidad territorial y temporal, y con el irrenunciable objetivo de cumplirlos”.

El segundo punto exige el derecho a elegir el lugar donde vivir, en condiciones equitativas a otros territorios para cumplir “el principio de igualdad constitucional”. Esto debe traducirse en el derecho a unos “servicios esenciales dignos”, tanto sanitarios, educativos como de seguridad que deben atenderse.

Fondos Europeos

Por otra parte, se piden unos Fondos Europeos “finalistas” por ser más cercanos a la realidad de los territorios. Plantean la revisión del parámetro del PIB por habitante y que la distribución se haga por unidades más pequeñas, por lo menos las provincias como NUTS 3. Argumentan en este sentido que “los territorios despoblados se aproximan ficticiamente  a la convergencia europea por pérdida de habitantes, no por aumento de la riqueza, en una convergencia aparente que no real que Europa debería ver y valorar”.

Como cuarto punto se demanda integrar a los territorios de baja densidad en las “redes de comunicación nacionales y europeas”, tanto autovías como ferrocarriles, y, muy importante, la banda ancha. En este sentido se argumenta en el siguiente punto que para garantizar una cobertura mínima de telecomunicaciones es preciso “elevar el servicio universal de banda ancha recogido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, al menos a 30 Mb”.

Asimismo, el documento para el que se pide la adhesión de colectivos y ciudadanos reclama el aumento de las ayudas del Estado “con finalidad regional y su distribución, considerando de forma prioritaria a la España vaciada, facilitando la necesaria reactivación económica de la misma”.

En esa línea, se demanda el impulso de una ley en vigor desde hace más de diez años y que no ha contado con presupuesto, la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con una dotación presupuestaria realista y efectiva, además de dotación para la estrategia del reto demográfico para contrarrestar la despoblación.

Como octavo punto se plantea la revisión de la política de la PAC “que garantice una reinversión en las zonas rurales, la mejora de la competitividad de las explotaciones familiares, y una potenciación de las nuevas generaciones de agricultores”. Y en este sentido, que se implanten programas de diversificación económica y social “para desarrollar la industria y los servicios en el medio rural”.

También se reclama una fiscalidad especial para los territorios despoblados para que pueda incentivarse su repoblación, al igual que garantizar la cobertura prioritaria de los puestos de los servicios públicos en la España vaciada, ya sea en la sanidad, la educación, correos, o la Guardia Civil.

Por último, el documento pide apoyar a las entidades financieras y cooperativas de crédito que operan en el medio rural de forma adaptada a su realidad y sus necesidades, puesto que son las que aseguran la financiación de proyectos en un entorno empresarial y social descapitalizado.