Teruel es la única ciudad grande de Aragón que no ha firmado todavía la Agenda Local 21

De los 13 municipios aragoneses  de mayor tamaño solo tres han hecho efectiva la Agenda Local 21. Todos menos Teruel han firmado sus compromisos pero únicamente Zaragoza, Utebo y Jaca han hecho efectivo este protocolo.fundamental para que los municipios lleven a cabo una planificación  medioambiental exitosa, según la Cámara de Cuentas de Aragón, que hizo público el Informe de Fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos aragoneses de más de 10.000 habitantes en el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018. 

De los 13 municipios analizados solo Teruel y Alcañiz están en la provincia de Teruel, porque son los únicos que superan los 10.000 habitantes. Los demás han sido Barbastro, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón y Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Utebo y Zaragoza 

El informe está incluido en el Plan de Fiscalización de la Cámara de Cuentas del año 2018 y es el resultado de una auditoría realizada en coordinación con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos. 

La principal conclusión del informe es que todos los ayuntamientos han llevado a cabo medidas generales de carácter medioambiental y, la mayoría, también específicas para enfrentar la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y avanzar en la recogida de residuos pero no existe una homogeneidad y, en general, los ayuntamientos carecen de una política global que plante cara a los desafíos del cambio climático. 

Prueba de ello es que todos los ayuntamientos, excepto Teruel, han firmado los compromisos de la Agenda Local 21 pero solo Jaca, Utebo y Zaragoza, con algunas matizaciones, los han hecho efectivos. Redunda en esta idea que ningún ayuntamiento haya identificado gastos para inversión y desarrollo en medio ambiente y que los gastos medioambientales no estén siempre unificados en un único programa presupuestario, lo que permitiría un mejor seguimiento y la definición de indicadores. 

De los nueve municipios que sí tenían prevista una partida específica, en 2017 el gasto total ascendió a 3,8 millones de euros (el 71% de lo presupuestado) y salvo en Calatayud, Jaca y Teruel, representó menos del 1% del total del gasto del área de “Servicios públicos básicos”. En el caso de la capital turolense asciende a un 10,4%, un porcentaje muy superior al del resto de ciudades estudiadas.

Ningún ayuntamiento ha implantado realmente un sistema de gestión medioambiental ligado a la estructura interna del ayuntamiento y a sus dependencias y servicios que permita identificar los aspectos medioambientales de su actividad con el fin de establecer objetivos concretos, controles y sistemas de evaluación y, en general, el número de técnicos especialistas en medio ambiente es insuficiente. En el caso de Teruel solo es un técnico adscrito a Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, según este informe.

Por otro lado, las actuaciones concretas llevadas a cabo son variadas y no existe homogeneidad entre los ayuntamientos auditados, que muestran fortalezas en unos ámbitos y carencias en otros. 

Así, las buenas intenciones respecto a la protección del medioambiente se reflejan en que todos los ayuntamientos afirman haber aprobado algún tipo de normativa de protección ambiental, en general, y sobre contaminación acústica, en particular, aunque ninguno cuenta con estaciones que midan el ruido ni protocolos para los casos en que se superen los objetivos de calidad acústica. 

Por el contrario, ningún ayuntamiento ha aprobado normativa específica sobre contaminación lumínica ni un plan estratégico para favorecer la eficiencia energética en el ámbito municipal en el periodo estudiado; algunos, sí afirman haber realizado actuaciones en el ámbito interno, pero sólo Alcañiz ha realizado un estudio de los gastos y ahorros obtenidos. 

La preocupación por el medioambiente ha llevado a todos los ayuntamientos a implantar la recogida selectiva de residuos y a disponer de puntos limpios fijos o móviles, aunque sólo Utebo tiene aprobado un Programa de Gestión de Residuos para el periodo 2014-2019 y únicamente Barbastro y Zaragoza realizan informes anuales de coyuntura. Teruel es el único ayuntamiento que dice haber incoado expedientes sancionadores entre 1 de enero de 2017 y 31 de mayo de 2018 por infracciones de ordenanzas locales en materia de gestión de residuos. Se incoaron cinco expedientes, que dieron lugar a la imposición de cinco sanciones y de los que se han recaudado 690 euros hasta 31 de mayo de 2018. En este ámbito, la Policía Local y personal adscrito al Servicio Municipal de Limpieza realizan labores de inspección en la vía pública diariamente  y se ocupan de la comprobación del estado de los contenedores y su recogida.

Casi todos los ayuntamientos dicen haber llevado a cabo alguna actividad de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía y de fomento de hábitos personales y sociales para la protección del medio ambiente. 

En relación con la contaminación atmosférica, solo Zaragoza y Jaca cuentan con normativa específica y únicamente la primera tiene la obligación de medir la calidad del aire y comunicar los resultados, y la cumple. El trabajo de la Cámara de Cuentas, concluye con recomendaciones en cada área analizada.