SOS Rural plantea trece reivindicaciones y dieciocho propuestas concretas para salvar el territorio
La agrupación reclama un Plan Integral para la España vaciada y poder “llenar el campo de vida”
SOS Rural, la agrupación ciudadana apartidista creada el año pasado, ha presentado esta semana en Aragón su proyecto para acabar con las promesas y pasar a la acción en el medio rural. Su secretario general, Javier Poza, y su portavoz nacional, Natalia Corbalán, dieron a conocer en el marco de la FIMA celebrada en Zaragoza, sus trece reivindicaciones y sus dieciocho propuestas para revertir la situación actual. La lucha contra la despoblación y por la supervivencia del medio rural pasa para ellos por un gran pacto de Estado y un plan integral que vuelva a llenar de vida a los pueblos.
“Necesitamos un plan serio de esa otra España, que es muy grande, casi más que la que vive en núcleos urbanos, para reconectar esas dos sociedades entre las que ahora mismo hay una ruptura enorme”, afirma Natalia Corbalán, quien considera que esas dos sociedades deben reconectarse “porque ahora mismo hay una ruptura enorme”.
Advierte que “lo que no sabe el mundo urbano es que si el mundo rural no produce, ellos morirán de hambre, y eso no lo podemos permitir”. Lo dice con contundencia consciente de que España no puede depender de la alimentación que llegue de países terceros, y para eso hay que atender las necesidades del medio rural y no asfixiarlo.
Pese al compromiso adquirido en los últimos años de reducir la brecha entre lo rural y lo urbano y combatir la despoblación, desde SOS Rural consideran que no ha cambiado nada porque las políticas que se han impulsado desde un ministerio que se llama también del Reto Demográfico no son reales, “es un nombre vacío, y eso no se puede permitir, porque la España vaciada necesita un plan serio de actuación y que Europa se implique también, porque no podemos estar exigiéndole a los agricultores y ganaderos que están en un pueblito de 300 habitantes sin conexión a Internet, que hagan un cuaderno digital de su explotación”.
SOS Rural se define como un movimiento apartidista de ámbito estatal integrado por centenares de organizaciones de todo tipo que tienen su razón de ser en el medio rural, cuyo objetivo es “poner en valor la actividad productiva y social” del territorio. Sus intereses no se centran solo en el sector primario, el agrícola y el ganadero, que es el que más visibilidad ha adquirido en las últimas semanas por las tractoradas, sino por otros muchos sectores asentados en las zonas rurales que abarcan desde el turismo, la gastronomía y la cultura, a la logística y la energía.
Dentro de las trece reivindicaciones que han formulado como hoja de ruta, una de ellas es la demanda de un Plan Integral para la España vaciada en defensa de unas sociedades que no se resignan a desaparecer ante el problema de la despoblación y el envejecimiento.
Abogan en este sentido por “llenar el campo de vida”, y consideran que esa vitalidad de las comunidades rurales “depende completamente del acceso a servicios, empleos e infraestructuras de calidad”. Argumentan que es necesario “un plan integral contra la despoblación para que nuestras zonas rurales no se queden atrás”.
La defensa del sector primario es fundamental en sus reivindicaciones. Plantean para ello garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de forma estable, segura y a precios razonables “con independencia de los posibles vaivenes internacionales”.
También exigen ante el proceso de la implantación de renovables el uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos y la explotación sostenible del campo. Piden por ello prohibir por ley cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío.
Una PAC al servicio del campo y no contra el mismo es la tercera de las propuestas que hacen en este ámbito, abogando por una política agraria común que sea fuerte y capaz de adaptarse a la realidad de las explotaciones, reduciendo para ello la carga burocrática para que los agricultores y ganaderos puedan dedicarse a lo que realmente tienen que hacer, la producción de alimentos.
Y en esa línea defienden una ganadería responsable y con futuro. Argumentan que la cría de ganado en las zonas rurales “es una actividad básica para combatir el despoblamiento y proteger nuestros paisajes y ecosistemas”. En cambio, advierten que con los altos costes de producción, los bajos precios, las normativas asfixiantes o la fauna salvaje que les amenaza, están poniendo “en peligro la propia superviviencia del sector”. De ahí que reclamen un plan de choque urgente específico “con ayudas directas que garantice la supervivencia del sector”. En la misma línea se pronuncian con el sector pesquero.
Defienden por otra parte un medio rural vivo, y en esa línea piden un marco regulatorio integral que proteja el medio de vida rural, además del marino. Entienden que tanto el sector primario como todas sus actividades asociadas son fundamentales para la creación de riqueza y empleo en las zonas rurales, pero sin embargo se quejan de que el diseño de políticas pensadas desde el desconocimiento y la ignorancia de la realidad rural en los despachos, unido al exceso de regulación, les está llevando a “un callejón sin salida”. Reclaman por ello un “mecanismo de verificiación rural” que se encargue de evaluar el impacto de todas las normas en el territorio para garantizar la coherencia de las políticas públicas.
En ese sentido consideran que las políticas medioambientales deben ser también razonables, porque nadie mejor que ellos sabe cómo se preserva el medio natural. Entienden que el continuo goteo de las normativas medioambientales sin conexión con la realidad productiva “está poniendo en riesgo la vialidad de muchas explotaciones”. Piden políticas realistas “adaptadas a las condiciones y prácticas del medio rural que garanticen la sostenibilidad económica, medioambiental y social del medio rural”.
Otra cuestión destacada de su ideario es la defensa de unos precios justos para los productores y consumidores, y en esa línea reclaman el cumplimiento íntegro de la ley de la Cadena Alimentaria, porque es la economía rural la que soporta “junto a los consumidores, las subidas de precio que amenazan la subsistencia” de los productos del campo.
En la misma línea plantean una política hidráulica con criterios técnicos y no políticos basada en el principio de solidaridad, y una política comercial justa que defienda los productos autóctonos y que no deje al territorio desarmado ante la penetración de productos de países terceros con estándares de producción inferiores.
SOS Rural ha detallado esta semana en Aragón su decálogo, aunque en realidad son trece las líneas de trabajo que plantea, así como sus propuestas concretas para pasar a la acción porque consideran que no se puede esperar más y que es necesario actuar ya.
Todos sus planteamientos, con sus propuestas y el llamado decálogo del movimiento, se pueden consultar en su página web en Internet, que han convertido en la herramienta para conectar y comunicarse con el amplio espectro que abarcan.
Un aspecto en el que inciden es en la defensa del patrimonio rural como un recurso de desarrollo a partir de su protección y fomento, en lo que ellos denominan una vuelta a las raíces. Argumentan en este sentido que todo aquello que caracteriza y define las áreas rurales, tanto el patrimonio tangible como el intangible, que es lo que refleja su forma de vida, “debe ser preservado y revitalizado”, desde los paisajes a los cascos urbanos. Y en esa línea abogan también por que la pesca y la caza tradicionales se integren dentro de las estrategias de biodiversidad a partir de un equilibrio sostenible.
“Necesitamos un plan serio de esa otra España, que es muy grande, casi más que la que vive en núcleos urbanos, para reconectar esas dos sociedades entre las que ahora mismo hay una ruptura enorme”, afirma Natalia Corbalán, quien considera que esas dos sociedades deben reconectarse “porque ahora mismo hay una ruptura enorme”.
Advierte que “lo que no sabe el mundo urbano es que si el mundo rural no produce, ellos morirán de hambre, y eso no lo podemos permitir”. Lo dice con contundencia consciente de que España no puede depender de la alimentación que llegue de países terceros, y para eso hay que atender las necesidades del medio rural y no asfixiarlo.
Pese al compromiso adquirido en los últimos años de reducir la brecha entre lo rural y lo urbano y combatir la despoblación, desde SOS Rural consideran que no ha cambiado nada porque las políticas que se han impulsado desde un ministerio que se llama también del Reto Demográfico no son reales, “es un nombre vacío, y eso no se puede permitir, porque la España vaciada necesita un plan serio de actuación y que Europa se implique también, porque no podemos estar exigiéndole a los agricultores y ganaderos que están en un pueblito de 300 habitantes sin conexión a Internet, que hagan un cuaderno digital de su explotación”.
SOS Rural se define como un movimiento apartidista de ámbito estatal integrado por centenares de organizaciones de todo tipo que tienen su razón de ser en el medio rural, cuyo objetivo es “poner en valor la actividad productiva y social” del territorio. Sus intereses no se centran solo en el sector primario, el agrícola y el ganadero, que es el que más visibilidad ha adquirido en las últimas semanas por las tractoradas, sino por otros muchos sectores asentados en las zonas rurales que abarcan desde el turismo, la gastronomía y la cultura, a la logística y la energía.
Dentro de las trece reivindicaciones que han formulado como hoja de ruta, una de ellas es la demanda de un Plan Integral para la España vaciada en defensa de unas sociedades que no se resignan a desaparecer ante el problema de la despoblación y el envejecimiento.
Abogan en este sentido por “llenar el campo de vida”, y consideran que esa vitalidad de las comunidades rurales “depende completamente del acceso a servicios, empleos e infraestructuras de calidad”. Argumentan que es necesario “un plan integral contra la despoblación para que nuestras zonas rurales no se queden atrás”.
La defensa del sector primario es fundamental en sus reivindicaciones. Plantean para ello garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de forma estable, segura y a precios razonables “con independencia de los posibles vaivenes internacionales”.
Ante las renovables
También exigen ante el proceso de la implantación de renovables el uso prioritario de las tierras agrícolas para la producción de alimentos y la explotación sostenible del campo. Piden por ello prohibir por ley cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío.
Una PAC al servicio del campo y no contra el mismo es la tercera de las propuestas que hacen en este ámbito, abogando por una política agraria común que sea fuerte y capaz de adaptarse a la realidad de las explotaciones, reduciendo para ello la carga burocrática para que los agricultores y ganaderos puedan dedicarse a lo que realmente tienen que hacer, la producción de alimentos.
Y en esa línea defienden una ganadería responsable y con futuro. Argumentan que la cría de ganado en las zonas rurales “es una actividad básica para combatir el despoblamiento y proteger nuestros paisajes y ecosistemas”. En cambio, advierten que con los altos costes de producción, los bajos precios, las normativas asfixiantes o la fauna salvaje que les amenaza, están poniendo “en peligro la propia superviviencia del sector”. De ahí que reclamen un plan de choque urgente específico “con ayudas directas que garantice la supervivencia del sector”. En la misma línea se pronuncian con el sector pesquero.
Defienden por otra parte un medio rural vivo, y en esa línea piden un marco regulatorio integral que proteja el medio de vida rural, además del marino. Entienden que tanto el sector primario como todas sus actividades asociadas son fundamentales para la creación de riqueza y empleo en las zonas rurales, pero sin embargo se quejan de que el diseño de políticas pensadas desde el desconocimiento y la ignorancia de la realidad rural en los despachos, unido al exceso de regulación, les está llevando a “un callejón sin salida”. Reclaman por ello un “mecanismo de verificiación rural” que se encargue de evaluar el impacto de todas las normas en el territorio para garantizar la coherencia de las políticas públicas.
En ese sentido consideran que las políticas medioambientales deben ser también razonables, porque nadie mejor que ellos sabe cómo se preserva el medio natural. Entienden que el continuo goteo de las normativas medioambientales sin conexión con la realidad productiva “está poniendo en riesgo la vialidad de muchas explotaciones”. Piden políticas realistas “adaptadas a las condiciones y prácticas del medio rural que garanticen la sostenibilidad económica, medioambiental y social del medio rural”.
Otra cuestión destacada de su ideario es la defensa de unos precios justos para los productores y consumidores, y en esa línea reclaman el cumplimiento íntegro de la ley de la Cadena Alimentaria, porque es la economía rural la que soporta “junto a los consumidores, las subidas de precio que amenazan la subsistencia” de los productos del campo.
En la misma línea plantean una política hidráulica con criterios técnicos y no políticos basada en el principio de solidaridad, y una política comercial justa que defienda los productos autóctonos y que no deje al territorio desarmado ante la penetración de productos de países terceros con estándares de producción inferiores.
Patrimonio como recurso de desarrollo
SOS Rural ha detallado esta semana en Aragón su decálogo, aunque en realidad son trece las líneas de trabajo que plantea, así como sus propuestas concretas para pasar a la acción porque consideran que no se puede esperar más y que es necesario actuar ya.
Todos sus planteamientos, con sus propuestas y el llamado decálogo del movimiento, se pueden consultar en su página web en Internet, que han convertido en la herramienta para conectar y comunicarse con el amplio espectro que abarcan.
Un aspecto en el que inciden es en la defensa del patrimonio rural como un recurso de desarrollo a partir de su protección y fomento, en lo que ellos denominan una vuelta a las raíces. Argumentan en este sentido que todo aquello que caracteriza y define las áreas rurales, tanto el patrimonio tangible como el intangible, que es lo que refleja su forma de vida, “debe ser preservado y revitalizado”, desde los paisajes a los cascos urbanos. Y en esa línea abogan también por que la pesca y la caza tradicionales se integren dentro de las estrategias de biodiversidad a partir de un equilibrio sostenible.
