Resumen: Endesa decide cerrar la central de Andorra en 2020 pese al rechazo social y político

La compañía Endesa ha comunicado este jueves a los trabajadores de la central térmica de Andorra, así como a los de su otra central en Compostilla (León), que en 2020 cesará la actividad al descartar una serie de inversiones previas, lo que ha desatado el rechazo de los trabajadores, de los partidos políticos y del Gobierno aragonés.

Durante toda la jornada en la central ha reinado el desconcierto, ya que a primera hora el diario digital El Confidencial ha publicado que Endesa había comunicado a Moncloa que dentro de dos años cerrará sus centrales de Teruel y de León. Ambas recurren al carbón para la generación de energía y en los últimos meses estaban en el centro de la diana por las implicaciones medioambientales que ello comporta.

Pero también porque son centrales que dotan a las regiones o comarcas en las que están implantadas de una considerable densidad laboral y económica. Para ambas zonas el cese de estas instalaciones puede suponer un trauma. Una "catástrofe", en palabras de algunos partidos.

Por ello, tanto los trabajadores como los representantes políticos estiman que antes de acometer el cierre de las centrales, hay que diseñar un plan de economías alternativas que permitan sostener las comarcas si cesa el trabajo.

Pero Endesa ha decidido iniciar en las próximas semanas el trámite administrativo ante el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera destinado a acabar con las centrales.

Así se lo ha comunicado por la tarde a los representantes de los trabajadores, con los que se reunió la empresa para aclarar las informaciones aparecidas en El Confidencial.

De hecho, tras leer la noticia, la compañía afirmó en un primer momento que ni a Moncloa ni al Ministerio de Ribera había enviado comunicación de ninguna clase. Tal fue así que la ministra habló con el presidente de Aragón, Javier Lambán, alarmado por la información, para decirle que no constaba en su gabinete nada parecido a una previsión de cierre de la central.

Sin embargo, entrada la tarde, Endesa ha corroborado los temores de los trabajadores: que el consejo de administración de la empresa ha aprobado su plan industrial para el año 2019 y que no incluye las inversiones necesarias en las dos centrales para adecuarlas a la normativa medioambiental antes del año 2020.

Asimismo, ha destacado la compañía que no desea "medidas traumáticas" y que, por ello, en sus planes, figuran opciones como recolocar a los trabajadores de todos "los excedentes de la plantilla" mediante traslados a otras plantas del grupo.

Pero para el comité de empresa la decisión no ha tranquilizado los ánimos, y así, ha subrayado que las inversiones en la central, las que deben adecuarse a la normativa europea medioambiental, son viables.

Ahora bien, los efectos serán notables, y en opinión del comité, la pérdida de empleo será inevitable, y no sólo entre los trabajadores de la central, sino entre sectores dependientes, de ahí que los sindicatos demanden una transición "justa y verdadera" para el mantenimiento de la actividad industrial de la comarca turolense.

No es menor el rechazo de los partidos políticos en Teruel. El presidente del Partido Popular y vicepresidente de la Diputación, Joaquín Juste, ha destacado las "catastróficas consecuencias" que tendría el cierre de la central.

Para empezar, la pérdida de 4.000 puestos de trabajo; y después, la caída del 40 % del Producto Interior Bruto de la provincia.

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, líder del PAR en la provincia, ha pedido a Endesa y al Gobierno Central inversiones de calado que puedan suplir "la catástrofe".

El Partido Aragonés presentará varias propuestas en instituciones para pedir "medidas extraordinarias que mitiguen el impacto económico y social" del cierre.

Por su parte, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, de Izquierda Unida, ha criticado que el Ayuntamiento no haya tenido comunicación oficial del cierre como así se comprometió la empresa y ha reclamado que Endesa dedique de sus millonarias ganancias, 200 millones de euros, a las inversiones necesarias para adaptar la central a la normativa europea.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos por Teruel en las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez, ha criticado la falta de "un Pacto por la Energía estatal que diese seguridad jurídica a los operadores".

Chunta Aragonesista se ha pronunciado para pedir "compromiso político" que permita impulsar "un programa económico viable, sostenible y alternativo" para Andorra y sus comarcas mineras.

El enfado en el Gobierno aragonés ha sido palpable. Lambán, en declaraciones a los medios poco después de conocer la información de un posible cierre de la central, ha criticado a la compañía y ha asegurad que, tras hablar con Ribera, el Ejecutivo central no permitirá que la central apague su actividad sin antes haber planificado un programa de reactivación de la zona.

Este viernes Lambán se reunirá con representantes políticos de la zona y con sindicatos de la central para analizar el futuro de la comarca.