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Partido Popular y Vox tumban en las Cortes una iniciativa del PSOE contra el decreto regulador de la escolarización Partido Popular y Vox tumban en las Cortes una iniciativa del PSOE contra el decreto regulador de la escolarización
El portavoz del PSOE en Educación, Ignacio Urquizu, durante la comisión. Cortes de Aragón

Partido Popular y Vox tumban en las Cortes una iniciativa del PSOE contra el decreto regulador de la escolarización

Urquizu: es un sistema desigual y los centros "elegirán" a las familias
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La Comisión de Educación, Ciencia y Universidades rechazó este martes, con los votos de PP y Vox, una iniciativa del PSOE que solicitaba retirar el decreto que regula la escolarización del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato.

En su defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE Ignacio Urquizu argumentó que “la comunidad educativa está en contra del decreto de escolarización”, que para el próximo curso establece la zona única por municipio, y lamentó que el “nuevo procedimiento cambie las reglas del juego porque ahora van a ser los colegios los que elijan a las familias y Aragón va a ser más injusto” y con menor cohesión social.

Por parte de PP, Susana Gaspar subrayó que el decreto “pone en valor la libertad de elección y la igualdad” y explicó que “si hay más solicitudes que plazas se producirá un sorteo igual que con el anterior texto porque existen criterios de baremación”.

Fermín Civiac, diputado de Vox, defendió que el nuevo decreto “es un gran paso para la libertad de elección”. En su opinión, con el anterior decreto “había una zonificación artificial con desigualdades y una gran zona de escolarización es mejor para todos”.

Retirada

La diputada Isabel Lasobras, de CHA,señaló que “el decreto tiene enfrente a la comunidad educativa, al Consejo Escolar, a las familias y a los sindicatos”, por lo que solicitó también su retirada.

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte calificó de “razonable” retirar el decreto, “dado que no había problemas con el anterior procedimiento y la Administración tiene que trabajar por la calidad de la red”.

Por último, Andoni Corrales, de Podemos, insistió en que el Consejo Escolar de Aragón “se mostró en contra de un decreto que, bajo el lema libertad, esconde un recorte a la educación pública”.

En una nota de prensa previa a la comisión, Urquizu señaló que el todavía borrador de decreto, -ya que no cuenta con el informe del Consejo Consultivo-, sigue la senda de decidir “sin escuchar ni dialogar” ni con la comunidad educativa ni a órganos como el Consejo Escolar que recientemente rechazó, por primera vez, la propuesta de zona única de escolarización. “Hoy es un día triste para la Educación porque la consejera ha tomado medidas no aceptadas ni consensuadas. Es una política en contra de todo y de todos, ya que nadie comparte esta decisión y cuenta con el rechazo frontal a la imposición de su visión de la educación”, dijo.

A su juicio, este proceso “es una mala noticia” porque la política educativa va a cambiar que sean las familias las que elijan el colegio. Ahora serán los colegios los que elijan a las familias y habrá centros con alta demanda frente otros, debido a que se favorece la discrecionalidad y la arbitrariedad”.

Esta decisión, según el diputado alcañizano, cambia radicalmente el modelo y ello conduce a una mayor desigualdad, menor cohesión y mayor injusticia. Y eso se verá a partir del curso próximo, especialmente en Zaragoza.

Medida incoherente

La que considera una medida “incoherente” es difícil de explicar según se aplique en unas ciudades y otras. Urquizu sostiene que se favorece un “mercado” en torno a la Educación, donde se adopten decisiones diferentes, de modo que si el sistema funciona, se eliminarán zonas y prevé que habrá centros desbordados y otros con muy poca demanda, lo que hará que pierda recursos, mientras que otros recibirán fuertes presiones para aumentar las vías. Por ello, el portavoz socialista de Educación cree que esta medida supondrá mayor desigualdad, incertidumbre y conflictividad.

También lamenta que el Gobierno de Aragón haya renunciado a su papel de planificar la educación, dejando que el mercado se autorregule según oferta y demanda y la conclusión es “más desigualdad, más injusticia, menos cohesión y menos oportunidades para todos”, ya que la educación es el principal instrumento del ascensor social “y con esta medida del Gobierno de Azcón y Nolasco, el ascensor se avería y será el mercado el que decida quién progresa y quién no”.

No obstante, avanzó que los socialistas cambiarán esta medida en cuanto recuperen el gobierno autonómico y volverán a la senda de lo “razonable y lógico”, al diálogo con la comunidad educativa y con una política planificada en consenso, que genere cohesión social y sea más justa.

Críticas de IU

En una rueda de prensa, el diputado de IU en las Cortes, Álvaro Sanz, lamentó “profundamente” que el gobierno de Aragón, sin consenso ni análisis, haya abierto un proceso de escolarización que pretende circunscribir la educación “a la lógica del libre mercado”.

Sanz considera “absolutamente inaceptable” que, por primera vez y “sin ningún tipo de reflexión”, se hayan incorporado al proceso a los niños de 0 a 3 años con el único respaldo de once centros en todo Aragón y el apoyo de 56 aulas de 2 años cuando estén en marcha las 18 nuevas que ha anunciado hoy la consejera.

Es, a su juicio, “imposible” dar respuesta con esos recursos a todas las necesidades, teniendo en cuenta además de que no se ha contado con la situación de las escuelas infantiles municipales, lo que, advirtió, va a causar una “inequidad terrible” y “frustración” a las familias.

El gobierno, añadió, debería fortalecer los procesos en la educación pública, pero además es necesario “afrontar la planificación de una vez por todas” en un contexto de descenso demográfico, con sobreoferta de plazas que, ha vaticinado, provocará el cierre de vías en los colegios públicos porque los conciertos “no se tocan”. Ese cierre de vías, dijo Sanz, conlleva que los centros pierden auxiliares, especialistas y capacidad para desarrollar tareas y, por lo tanto, “calidad”.

Si este va a ser el camino, dijo, IU va a exigir planificación y que en esos centros que se queden con una vía se garanticen los recursos “necesarios y óptimos”.