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Paisajes de Teruel pide que la Fiscalía actúe de oficio por los aerogeneradores Paisajes de Teruel pide que la Fiscalía actúe de oficio por los aerogeneradores
Acceso a la zona de almacenamiento de aerogeneradores del Clúster Maestrazgo en la zona industrial del aeropuerto

Paisajes de Teruel pide que la Fiscalía actúe de oficio por los aerogeneradores

La plataforma exige al Ayuntamiento que asuma responsabilidades políticas
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La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel reclama responsabilidades políticas al Ayuntamiento de Teruel por haber dispensado presuntamente un trato de favor al fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) al “permitirle actuar sin permisos” a través de la sociedad CI IV Teruel Holdco SLU a la hora de acopiar materiales para el Clúster del Maestrazgo en el Aeropuerto de Teruel y sostiene que la Fiscalía debería actuar de oficio.

Fuentes del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, del que forman parte el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel, explicaron que toda la actividad que se desarrolla en sus instalaciones “está sujeta a la legalidad” y que, de otro modo, hubieran informado a la entidad correspondiente.

Paisajes de Teruel recordó este miércoles en nota de prensa que la solicitud de la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas para el almacenamiento de componentes de aerogeneradores del Clúster del Maestrazgo en el aeropuerto turolense se publicó este lunes 13 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (BOPT). La plataforma alertó el pasado 19 de diciembre de que el promotor no contaba con las licencias de obras y actividad para llevar a cabo el acopio ni las labores de acondicionamiento previas y apuntó a “la responsablidad” del Ayuntamiento de Teruel que, “presuntamente, estaría dispensando un trato de favor al fondo de inversión danés por permitirle actuar sin permisos”.

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Cruzado, afirmó el 20 de diciembre que la licencia de actividad había sido presentada la semana anterior y, semanas después, la alcaldesa, Emma Buj, a preguntas del grupo municipal de Teruel Existe remitió a una futura comisión informativa.

Paisajes de Teruel ha denunciado ante diferentes instancias estos hechos y ha acreditado documentalmente que las obras y el acopio de materiales comenzaron en mayo de 2024. Las actividades podían comenzar con una declaración responsable que el promotor hizo “en junio y julio”, pero que fueron informadas desfavorablemente por los servicios técnicos municipales, según la plataforma, que añadió que de este modo “los trabajos realizados carecerían de cobertura legal”, al igual que los realizados con anterioridad.

En opinión de la plataforma, el anuncio del BOPT “escala la gravedad del asunto al de escándalo” porque “el trámite que se ha abierto el 13 de enero de 2025 tendría que haberse iniciado a finales de septiembre de 2024” tras las dos denegaciones y las modificaciones sustanciales del proyecto. “En definitiva, el Ayuntamiento de Teruel se ha tomado tres meses y medio para cumplir este precepto, un tiempo durante el cual el promotor no ha dejado de obrar y almacenar de forma ilegal porque las labores no pueden ejercerse en tanto no obtenga la licencia ambiental de actividades clasificadas”, añadió.

La acumulación de estos hechos “debería ser motivo para que la Fiscalía intervenga de oficio”, sostuvo. “Pocas veces en la historia pública de este país una empresa privada y una administración pública habrán operado con semejante desvergüenza y reconocimiento de sus faltas. No se puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes si las propias administraciones no las cumplen”, continuó.

Paisajes de Teruel recordó que la tramitación del Clúster del Maestrazgo se encuentra judicializada. “Tal vez las primeras responsabilidades políticas deben cobrarse en el Ayuntamiento de Teruel antes de que alcancen el ámbito autonómico y estatal”, concluyó.

Desde el Consorcio de la plataforma aeroportuaria explicaron que “toda actividad que se desarrolla en el Aeropuerto de Teruel está sujeta a legalidad”. “De no ser así y tener conocimiento de ello, el propio Consorcio lo trasladaría a la entidad correspondiente con capacidad para aplicar medidas al respecto, situación que no se da a día de hoy”, zanjaron.