Once años de prisión para un proxeneta que se aprovechaba de inmigrantes vulnerables

La Audiencia Provincial de Teruel condenó a once años de prisión al proxeneta Sergiu P. CH por delitos de explotación sexual y tráfico de drogas, tras haber sido detenido en agosto del año pasado en el Bajo Aragón después de que una de las víctimas le denunciase porque se había quedado con su dinero. El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde entonces, reconoció su culpabilidad ante la contundencia de las pruebas y el juicio, que estaba señalado para el martes, no tuvo que celebrarse.

En pleno debate político sobre el endurecimiento de la persecución del proxenitismo, un caso ocurrido en la provincia de Teruel llegó a la Audiencia Provincial para ser juzgado, aunque finalmente no hubo vista oral porque el acusado reconoció haber cometido el delito y llegó a una conformidad con el ministerio público, por lo que se benefició de una pequeña reducción de la pena, que se le impuso in voce en la misma sala.

El acusado, de 36 años y nacido en Rumanía, explotaba sexualmente a cuatro mujeres que eran especialmente vulnerables porque había casos de inmigrantes sin papeles. Operaba desde Alcañiz y contactaba con los clientes para ofrecer los servicios sexuales de las víctimas y llevarlas a sus casas por los pueblos de la zona, cobrándoles una parte de lo que les pagaban los clientes, en ocasiones más de la mitad del dinero. Además, les cobraba una tarifa abusiva en concepto de transporte por lo que el acusado denominaba servicio de “taxi”, cuando no ejercía esa profesión.

Las mujeres ejercían la prostitución al encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, según explicó el fiscal del caso, Ángel Julián, quien indicó que entre las víctimas había inmigrantes que carecían de papeles y contaban con otras personas a su cargo como hijos o padres.

El fiscal, única acusación personada, indicó que estas mujeres, por encontrarse en situación irregular en España, o por falta de formación o experiencia, se habían visto abocadas a la prostitución y habían entrado en un círculo sin salida sometidas al proxeneta que las explotaba. Aprovechaba también el transporte de las víctimas para traficar con drogas con los clientes.

Los hechos delictivos se destaparon cuando el acusado se apropió de mil euros de una de las víctimas y esta le denunció ante la Guardia Civil, que con el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz inició una investigación que incluyó intervenciones telefónicas hasta conseguir procesarlo tanto por delitos de prostitución como por tráfico de drogas.

El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena solicitada por el ministerio público, de conformidad con la defensa, que el tribunal le impuso in voce. Por cuatro delitos relativos a la prostitución fue condenado a 2 años de prisión por cada uno, en total 8 años, además de otros 3 años por el delito de tráfico de drogas.

Por los delitos de prostitución fue condenado también a una multa de 2.880 euros por cada uno de ellos y la prohibición de acercarse a las víctimas y comunicarse con ellas durante un periodo de cinco años.

En total, las víctimas eran cuatro mujeres que habían ejercido la prostitución sometidas a la voluntad del proxeneta, que las trataba como objetos y las explotaba sexualmente. Dos de ellas acudieron para declarar como testigos, aunque pidieron no tener un encuentro visual con el acusado, mientras que las otras dos estaba previsto que lo hiciesen por videoconferencia.

Investigación judicial

El fiscal del caso, Ángel Julián, elogió la investigación judicial llevada a cabo por la Guardia Civil, que había permitido atar las pruebas contra el delincuente para que no pudiera eludir la acción de la justicia.

El representante del ministerio público explicó que los hechos habían tenido lugar en Alcañiz y las mujeres ejercían la prostitución por todo el Bajo Aragón, a cuyos municipios llevaba el proxeneta cobrando una cantidad por el desplazamiento en concepto de taxi, además de quedarse con un porcentaje de lo que los clientes pagaban a las prostitutas, en ocasiones más cantidad de lo que ellas recibían.

Una de las víctimas acabó denunciando al proxeneta, según explicó el fiscal, cuando se quedó con todo el dinero que ella había obtenido de la actividad. Decidió denunciar y se iniciaron las pesquisas policiales, que permitieron determinar que había explotado sexualmente a cuatro mujeres, además de valerse de la actividad para vender droga a los clientes.

El fiscal comentó que en las conversaciones telefónicas que se intervinieron se comprobó que trataba a las mujeres como si fueran mercancía, como si se tratase de objetos en lugar de personas, además de descubrir las cantidades abusivas que se quedaba de lo que cobraban a los clientes, cuyos servicios sexuales concertaba él.

Julián indicó que las cuatro mujeres que habían sido explotadas sexualmente por el acusado eran vulnerables al encontrarse en una situación económica de necesidad y con cargas familiares. Señaló que en un caso la mujer había venido a España a ver a su familia y no había podido volver a su país por la covid, encontrándose sin trabajo y con padres dependientes.