Olona traslada al nuevo ministro de Agricultura la posición de Aragón sobre la reforma de la PAC

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha tenido la oportunidad de esbozar al recién nombrado ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la posición de Aragón en la reforma de la Política Agraria Común, en el Consejo consultivo de política agrícola celebrado este jueves.

Una posición respaldada por el acuerdo suscrito, el 28 de mayo de 2018, por el Gobierno de Aragón con los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón Socialista, Podemos Aragón, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista así como con las Organizaciones Agrarias UAGA-COAG y UPA. Dicho acuerdo, que también se sustenta en el suscrito entre los Gobiernos de Castilla La Mancha y de Aragón (Acuerdo de Almagro, de 20 de marzo de 2018).

El acuerdo apuesta por “·una verdadera reforma en profundidad de la PAC para lograr que sea más justa y eficaz” ha expresado Olona, quien considera imprescindible “defender del modelo de agricultura familiar, social y sostenible ligada al territorio y en el contexto de un mundo rural vivo”. En particular, apuesta por el apoyo a la renta de todos los agricultores mediante pagos directos disociados de la producción, condicionados a la actividad productiva; así como por el apoyo excepcional a determinados sectores especialmente sensibles, por la remuneración de bienes públicos ambientales verificables y por la mejora de las estructuras productivas y comerciales agroalimentarias, entre otras prioridades. En consecuencia, para el consejero es “imprescindible la eliminación de los derechos históricos”.

No obstante, el consejero ha mostrado su apoyo al ministro en la intención de configurar una postura común en España en relación con la reforma de la PAC a defender en Bruselas, “es evidente que ante las instituciones europeas no cabe defender posturas a escala regional, sino a nivel de Estado”, ha señalado.

Para Olona, la reforma en profundidad se hace todavía más necesaria cuando el Marco Financiero Plurianual propuesto por la Comisión Europea plantea 43.000 millones de euros menos para el conjunto de la UE durante el nuevo periodo 2021-2017 y la propuesta reglamentaria se traduce en 2.500 millones de euros menos para España. Dicha reforma en profundidad, viéndose favorecida por el acuerdo alcanzado en Aragón, no se ve tanto por la propuesta reglamentaria tan poco ambiciosa formulada por la Comisión Europea.

Asimismo, considera que el mantenimiento del sistema de pago por hectárea como única vía de apoyo directo a la renta hace difícil lograr una PAC más justa y eficaz. Considerando, por tanto, “la conveniencia de introducir sistemas de compensación de renta que, incluyendo a todos los agricultores y ganaderos, sean más justos y eficaces tal y como venimos proponiendo desde Aragón”.

“Con independencia de que los reglamentos comunitarios permitan a los Estados miembros continuar con los “derechos históricos” en la aplicación de los pagos directos, consideramos que, en España, deben eliminarse”.

Si bien, el consejero valora muy favorablemente la limitación obligatoria de los pagos directos, teniendo en cuenta la mano de obra para evitar que los empleos se vean afectados negativamente, pone de manifiesto la previsible inoperancia de la limitación del importe de la ayuda por beneficiario (60.000-100.000 euros) con el sistema propuesto ya que, por regla general, los importes de los pagos por hectárea suelen situarse por debajo de los costes unitarios imputables a la mano de obra aplicada.

Además, considera que “si bien los Planes Estratégicos nacionales suponen riesgos para el carácter comunitario de la política agrícola, valoramos las posibilidades que ofrecen en términos de flexibilidad y respuesta a las necesidades territoriales específicas siempre y cuando, en el caso de España, su formulación resulte coherente con las competencias exclusivas que, en materia de agricultura, tienen las Comunidades Autónomas”.

Asimismo, la propuesta de Aragón valora muy favorablemente que, entre otros requerimientos, los Planes Estratégicos tengan que definir quiénes deben de ser los beneficiarios de la PAC, de modo que, tal y como recoge la propuesta reglamentaria, “no reciban ayuda quienes desarrollen una actividad agrícola que suponga una parte insignificante de su actividad general o cuya actividad principal no sea agrícola”.

También, valora positivamente las posibilidades que ofrecen los indicadores propuestos por la Comisión Europea. En particular, los de impacto que hacen referencia a la Reducción de las disparidades de ingresos valorada como evolución de los ingresos agrarios en comparación con la economía general (1.2), la reducción de la variabilidad de la renta agrícola (1.3), la contribución al equilibrio territorial valorada como evolución de la renta agrícola en las zonas con limitaciones naturales en comparación con la media (1.5) o el logro de una PAC más justa mediante la mejora de la distribución de las ayudas de la PAC (1.24).