Magistrados y fiscales secundan en Teruel los paros en los juzgados

Los magistrados, jueces y fiscales de Teruel respaldaron este jueves de forma masiva el paro parcial de una hora convocado por distintas asociaciones en todo el Estado, para reivindicar una reforma y modernización de la Administración de Justicia. La movilización volverá a repetirse el próximo jueves y de no recibir una respuesta satisfactoria a sus propuestas culminará con un día de huelga el próximo mes de mayo.

Prácticamente todos los miembros de las carreras judicial y fiscal secundaron en Teruel, concentrándose frente a las puertas del Palacio de Justicia, la primera jornada de paros parciales de una hora que han convocado cuatro asociaciones de la magistratura y tres del ministerio público.

El paro se desarrolló entre las 12 y 13 horas y volverá a repetirse los próximos jueves. En el partido judicial de Teruel solo hubo una persona que no secundó la movilización, mientras que no se conocieron datos sobre el seguimiento en los de Calamocha, donde solo hay un juez, y Alcañiz, donde hay dos magistrados y dos fiscales. En total, en la provincia los miembros de la carrera judicial son 16 profesionales, 10 de ellos magistrados y el resto fiscales.

Las reivindicaciones están dirigidas tanto a las Cortes Generales como al Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial para exigir con “urgencia” una reforma de la Administración de Justicia que incluya el refuerzo de la independencia judicial, su modernización a través de la calidad y la eficacia, la racionalización de la plantilla judicial, y la mejora de las condiciones profesionales, entre otros asuntos.

El fiscal Jorge Moradell explicó a los medios de comunicación durante los diez minutos que se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia coincidiendo con la hora de paros parciales, que las cuestiones que se reivindican se consideran fundamentales para el buen funcionamiento de la Justicia.

“Estamos hablando de reclamaciones no solo de carácter profesional y laboral sino también de tipo tecnológico, organizativo, de medios, de funcionalidades y de plantilla, escasa por otra parte, que permitan mejorar el servicio que la Administración de Justicia por lo que supone como servicio público a la sociedad”, indicó el representante del ministerio público.

Moradell comentó que algunas demandas tienen que ver con la independencia del poder judicial, “pero sobre todo de modernización de la Administración para que la calidad y eficacia del servicio estén acordes a lo que es una Administración de Justicia del siglo XXI”.

Entre las demandas que hacen plantean un plan de inversión suficiente y prolongado, la revisión del modelo de oficina judicial, la dotación de medios personales y materiales adecuados para luchar contra la corrupción, y compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal.

Además, en lo que respecta al ministerio fiscal, piden la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General y el refuerzo de su independencia y autonomía.