Los trabajadores de la Administración de Justicia en Teruel inician una huelga indefinida

El personal de la Administración de Justicia en la provincia de Teruel están llamados desde este lunes a una huelga indefinida para exigir el reconocimiento de su trabajo con unas funciones claras en la nueva Ley de Eficiencia Organizativa, así como unas retribuciones justas. La nueva movilización es continuación de los paros parciales y huelgas que vienen realizando desde el pasado mes de abril en todo el país. En la provincia hay 108 trabajadores llamados a esta movilización, según indicaron fuentes del sindicato CSIF, que precisaron que gran parte del personal se encuentra en servicios mínimos.

El delegado sindical del sector de Justicia de CSIF en Teruel, Antonio Salvador, indicó que la huelga general convocada en todo el Estado por este sindicato junto con STAJ, CCOO y UGT, es consecuencia de la cerrazón del Ministerio de Justicia al negarse a reconocer la importancia del trabajo que realizan, después de que a principios de año los Letrados de la Administración de Justicia fuesen a la huelga y finalmente consiguiesen que se les reconociesen sus reivindicaciones, mientras que en la última semana hubo también un acuerdo con jueces y fiscales para atender igualmente a sus demandas.

Salvador recordó que desde abril se están movilizando, primero con paros parciales de tres horas, y desde principios de mayo con huelgas de jornada enteras distintos días a la semana, y que desde ayer están en huelga indefinida de lunes a viernes. Indicó que era difícil hacer una estimación del seguimiento de la huelga durante el primer día puesto que hay muchos servicios mínimos establecidos, como sucede con la administración electoral. En las semanas precedentes el seguimiento en Aragón ha sido similar al del Estado, en torno a un 20%, según indicaron las fuentes sindicales. En el Palacio de Justicia de Teruel había ayer numerosos carteles relativos a la huelga en los puestos de trabajo.

Reivindicación principal

El delegado sindical de CSIF indicó que la reivindicación principal era la reforma de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia, que crea las unidades de tramitación de los tribunales de instancia, un nuevo órgano colegiado independiente de los funcionarios, con lo cual la especialización se perderá entre los mismos.

Además, eso supondrá que los trabajadores podrán ser trasladados a otros sitios puesto que pierden el destino concreto, y con la nueva relación de puestos genéricos podrán ser movidos a otras dependencias sin nintún tipo de especialización, a diferencia de lo que sucede ahora.

Junto a las mejoras laborales reivindican mejoras salariales para que sean acordes con el trabajo que desempeñan. Salvador indicó que constituyen el 93% del personal de la Administración de Justicia. “Nuestra función tiene un valor que está denostado totalmente por parte de la Administración”, aseguró el delegado sindical de CSIF, que incidió en que su trabajo es “fundamental” y que en la ley deben redefinirse las funciones para tener unas retribuciones justas puesto que llevan el peso de la gestión de los asuntos que se tramitan en los juzgados.

Piden por ello que se les retribuya “conforme se está retribuyendo al resto del personal de la Administración de Justicia”, puesto que consideran que debe contarse con ellos para concretar el contenido de la Ley de Eficiencia  Organizativa.