Los pueblos trasladan al Justicia que quieren ser escuchados y que no les pongan tantas trabas burocráticas

Los pueblos de Teruel quieren ser escuchados, pero se muestran hartos de tanto informe sobre la despoblación y los problemas de la provincia, cuando se sabe hace tiempo lo que hay que hacer pero nadie toma las medidas necesarias para hacerlo. Así se desprende de algunas de las respuestas a la consulta que el Justicia de Aragón hizo en los últimos meses a todos los ayuntamientos turolenses para elaborar un informe sobre la situación de la provincia. 

Aunque las contestaciones han sido escasas porque ha habido una muy baja participación, las más lúcidas inciden en la necesidad de atender la realidad del medio rural desde las propias administraciones locales con medidas tan sencillas como dejar de ponerles trabas burocráticas, dotar el territorio de unas buenas comunicaciones que la saquen del aislamiento, una financiación adecuada y la imprescindible y tan demandada banda ancha.

El “Informe especial del Justicia sobre la situación de Teruel” presentado esta semana se suma al ingente volumen de documentos que se han realizado sobre los problemas de la provincia desde hace tiempo, y vuelve a incidir en cuestiones que ya se han dicho porque la realidad turolense es la que es y es preciso pasar del papel a la acción porque todo está ya dicho, más allá de los grandes proyectos puestos en marcha en los últimos años y que siempre se citan como referentes, tal es el caso de Dinópolis, Motorland o el Aeropuerto de Teruel.

El informe del Justicia se compone de un centenar de páginas, pero incluye numerosos anexos con cientos de páginas que incluyen la documentación y aportaciones que han hecho las distintas administraciones y colectivos consultados. De su lectura se desprende que desde los departamentos del Ejecutivo aragonés no se ha puesto en marcha una política específica para la provincia, aunque consejerías como la de Educación se han esforzado por aplicar medidas que favorezcan la pervivencia de la enseñanza en el medio rural y que afecta especialmente a la provincia de Teruel.

La necesidad de que se desarrollen las infraestructuras de comunicación, tanto por carretera como ferroviarias, no solo las estatales sino también las autonómicas y provinciales, es en lo que más se  incide, así como en la extensión de la banda ancha, algo que se repite en cada informe sobre la provincia que se hace.

El Justicia además llega a conclusiones como la necesidad de una diversificación económica en las comarcas turolenses, si bien se queja de que el departamento de la DGA que más tiene que decir sobre esto, el de Economía, Industria y Empleo no haya respondido a la consulta del Justicia, al igual que tampoco ha hecho el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. El informe considera que ambos son importantes y  “tendrían que aportar” mucho.

Importantes inversiones

Considera a este respecto que las inversiones han llegado a la provincia, pero los resultados no se han visto en muchos casos al haberse dilapidado el dinero en iniciativas que no han prosperado. En concreto cita el caso de lo sucedido con el Plan Miner, para señalar que “más de la mitad de las 300 empresas creadas bajo el amparo del plan se encuentran hoy cerradas, y de los 18 polígonos industriales, 10 se encuentran vacíos”.

Argumenta al respecto que “las cuantiosas inversiones en la práctica no han dado los frutos esperados, en gran medida al plantearse en el ámbito del sector auxiliar y accesorio de la construcción, y coincidir con la crisis inmobiliaria”. El Justicia aboga por este motivo en su informe “por la creación de nichos de trabajo diversificados, adaptados a la realidad del territorio y su población”, puesto que los megaproyectos que se han generado con inversión pública en los últimos tiempos se encuentran en zonas muy concretas habiendo concentrado grandes esfuerzos económicos, pero desatendiendo tal vez otras partes del territorio.

“La diversificación, que sin duda debe pasar por las pymes especializadas según la zona y sus recursos, debería ser el mejor instrumento para fijación poblacional y vertebración del territorio”, advierte el Justicia.

El resto de departamentos del Ejecutivo aragonés han contestado de desigual manera, en algunos casos aportando mucha documentación pero sin concretar qué políticas específicas han desarrollado, si lo han hecho, para paliar la problemática de Teruel. En algunos casos aportando un “simple cuadro con cantidades numéricas” como ha hecho del departamento de Presidencia, “sin explicación alguna”, señala la institución del Justicia en su informe.

Entidades locales

No ha sido mayor la respuesta que el Justicia ha obtenido por parte de las entidades locales. No se ha producido por parte de las comarcas ni de la Diputación de Teruel, aunque con esta institución sí se mantuvo una reunión personal sobre el proyecto 113 SOS Teruel en la que aportó documentación.

Se queja la institución del Justiciazgo de que el Ayuntamiento de Teruel declinara responder por no considerarse competente y carecer de funcionarios para hacerlo, y de que el de la segunda población más grande de la provincia, Alcañiz, ni contestara.

En cualquier caso, solo el 13,6% de los ayuntamientos turolenses han respondido al requerimiento del Justicia de Aragón enviándole la información solicitada. Se les pedía cuanta información pudieran aportar sobre los planes, actuaciones o proyectos llevados a cabo en la última década en materia de despoblación, comunicaciones, sanidad, educación o desarrollo económico, bien en el ámbito de sus competencias o que pudieran afectar a su territorio en concreto.

La escasa respuesta ha provocado que se dictara una resolución recordando la obligación que las administraciones públicas tienen por ley de colaborar con el Justicia en cuantos requerimientos se les haga,  tras quejarse de la “desidia” mostrada por algunas instituciones. 

Admite, no obstante, que también ha habido “multitud” de informes previos que no se han visto después reflejados en la adopción de medidas ejecutivas, convirtiéndose a veces las instituciones en “meras posibles correas de transmisión hacia otras, ya en el ámbito del Estado español, ya ante la UE”. Urge por ello a que las mismas vayan acompañadas también de una “decisión y actuación política concreta”.

Elogia por ese motivo el Justicia a los ayuntamientos, muchos de ellos de municipios pequeños, que han respondido y que se han preocupado por “mostrar su visión de la problemática que les afecta, señal quizás de su desesperación pero a su vez voluntad de seguir adelante”.

Es en esas respuestas donde se aprecia el hartazgo de los pueblos por el olvido de las instituciones superiores, ya que lejos de ayudar al desarrollo del territorio hacen todo lo contrario. Es en ese sentido significativa la contestación del alcalde de Torrevelilla, Carlos Martín, quien señala en el escrito de respuesta remitido al Justicia que “este Ayuntamiento está cansado de informar sobre las necesidades y situaciones en la que nos encontramos en este municipio, ya que no sirve para nada”.

En la contestación, el alcalde añade que “existe un problema de despoblación acuciante, las comunicaciones son deficientes y el desarrollo económico no existe”, para concluir afirmando que “los poderes públicos de esta Comunidad y del Estado saben perfectamente estas necesidades, pero por desidia, falta de presupuesto y otros factores no recibimos nunca respuesta, somos pocos y nuestros votos no son importantes para obtener el gobierno de turno y encima a la hora de recibir subvenciones siempre se prima a los municipios de la Comunidad o del Estado que más población tienen”.

Rendir cuentas

El Ayuntamiento de Valdecuenca, con 35 habitantes aproximadamente, también se queja de que mensualmente tengan que rendir cuentas a las distintas administraciones tanto estatales como autonómicas, y se remite a ellas para que el Justiciazgo recabe esa información, mientras que el Ayuntamiento de Calomarde es mucho más explícito y responsabiliza a la Administración central de la imposibilidad de llevar a cabo algunas iniciativas para favorecer el empleo.

El alcalde de este municipio, Andrés Hernández, sintetiza en su contestación al Justicia lo que es el sentir de muchos ayuntamientos pequeños de la provincia que son los más afectados por la despoblación.

“De cara a la despoblación atroz que vivimos, poco podemos hacer en nuestras manos”, se lamenta el alcalde de Calomarde en el escrito remitido al Justicia, puesto que “cada día es más complicado vivir en los pueblos por la falta de servicios que dependen del gobierno autonómico o central, y la labor de publicidad que se hace en radio y televisión de los que vivimos en el municipio es denigrante”.

En este sentido, argumenta que “sería muy necesario dar un cambio en la publicidad del modo de vida en los municipios, hincapié en crear puestos de trabajo, rebajas fiscales tanto a empresas como a particulares, evitar trabas burocráticas prohibitivas que hacen imposible que se puedan desarrollar actividades”.

Además, incide, como vienen reclamando todos los pueblos recibiendo como contestación solo promesas, en que hay que mejorar “el acceso y velocidad de Internet”. Advierte a este respecto que en el caso de Calomarde se  da la paradoja de que se ha llevado la fibra óptica “hasta la entrada al municipio, pero ninguna compañía quiere desarrollar el cableado por el municipio”. Igualmente reclama una “mayor protección de las instalaciones eléctricas y de antenas y coberturas móviles que cada vez que hay una tormenta se va la señal de TDT, móviles y la luz”, algo que califica de “inaudito en pleno siglo XXI y con las nuevas tecnologías existentes”. Otras demandas que hace este alcalde para poder facilitar el desarrollo del territorio son “mayores ayudas a la vivienda, tanto compra como rehabilitación y ayudas al alquiler”.

Por parte del Ayuntamiento de Belmonte de San José, en la contestación al Justicia se incide en que “en estos pueblos la conexión a Internet no permite el correcto funcionamiento de las plataformas”, mientras que el alcalde de Allepuz, Ignacio Martínez, lamenta en la respuesta de este ayuntamiento que nadie con anterioridad les haya pedido “nuestro parecer en este asunto vital para el futuro de Teruel, lo cual, irremediablemente, nos hace preguntarnos hasta qué punto las instituciones son conscientes de la gravedad del asunto o están implicados en la solución del problema”.

Argumenta en este sentido el alcalde de Allepuz que ellos “proyectos e ideas en cuanto a la lucha contra la despoblación y en pos del desarrollo económico tenemos muchas”, pero sin embargo una entidad tan pequeña “no puede llevarlas a cabo por falta de capacidad para ello”.

Una de las conclusiones a las que llega el Justicia en su informe es precisamente que para combatir la despoblación se tiene que tender hacia políticas que “deben partir desde lo local hacia lo autonómico y nacional”, advirtiendo de que “las pequeñas actuaciones que en cada pequeño municipio puedan llevarse a cabo, sumadas unas a otras, y con la debida coordinación desde comarcas y la provincia, supondrán al menos el mantenimiento poblacional actual, cuando no el germen para la recuperación”.

El informe completo del Justicia, que ha coordinado su lugarteniente, Javier Hernández, se puede consultar en la página web de la institución.

Las comunicaciones son clave

El informe especial sobre la provincia de Teruel incluye también un documento específico que el profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza Carlos López Escolano ha realizado a petición del Justicia de Aragón, y en el que se constata, como ya hizo en su tesis doctoral, que las infraestructuras de comunicación son clave para promover el desarrollo.

A este respecto, el informe de López Escolano constata que la disponibilidad y accesibilidad a las vías de comunicación son fundamentales para que pueda haber crecimiento y por tanto desarrollo, algo que le ha sido conculcado a la provincia de Teruel desde hace tiempo.

Aplica para hacer esta afirmación un novedoso método científico que constata que la accesibilidad de la provincia de Teruel está muy por debajo que la del resto de Aragón y de España, y que encima esa diferencia se está incrementando.

El autor insiste en recordar, como ya hizo en su tesis doctoral que fue premiada por el Consejo Económico y Social de Aragón, que de haberse cumplido lo establecido en el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007, que incluía un eje transversal de alta capacidad que atravesaba por el centro de la provincia de Teruel (Andalucía-Cuenca-Teruel-Tarragona y con un ramal que conectaba además la capital turolense con Madrid), se hubiesen configurado nuevas alternativas de movilidad a escala nacional “posicionando a Teruel en el centro de los grandes ejes estatales”, favoreciendo así un reequilibrio territorial.

Infraestructuras inspirativas

En el extenso informe que ha realizado el Justicia de Aragón, después de que en mayo pasado se reuniera con Teruel Existe, se citan algunos casos que son de escándalo porque por un lado se hacen infraestructuras pero por otro no se les da después utilidad alguna al no acondicionarlas para su uso. Se trata de infraestructuras inoperativas que han costado una considerable inversión pública que no ha servido para nada.

Cita como ejemplo los ramales ferroviarios que se hicieron hasta la plataforma logística de Platea y del Aeropuerto de Teruel, que no se pueden utilizar porque después no se ha hecho una terminal de carga. Se trata de un ejemplo de que “no únicamente hay que acometer nuevas infraestructuras, sino que hay que lograr que las mismas sean provechosas”, afirma el Justicia, puesto que ambos ramales se encuentran sin uso.