Los Presupuestos del Estado hacen numerosas referencias a la despoblación sin concretar cifras o políticas

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 incluye numerosas referencias a la problemática de la despoblación, aunque no concreta las partidas específicas que va a destinar a combatirla ni las políticas que impulsará el Gobierno. La única cantidad que aparece consignada para esa finalidad son los 10 millones de euros del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para abrir oficinas en las veinte comarcas españolas más afectadas por la despoblación.

La despoblación está presente en los PGE pero de forma difusa. Aparecen referencias a ella y al reto demográfico en numerosos ministerios, donde se apunta que se tendrá en cuenta esta problemática al formar parte de una estrategia estatal, pero sin especificar cómo.

Algunos ministerios sí apuntan de forma somera en qué programas piensan incorporar este factor dentro de sus políticas. Así lo hacen el Ministerio de Fomento en lo referente a la política de vivienda, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras que se hace referencia también a la problemática en las carteras de Hacienda, Economía, Cultura, Presidencia y Sanidad, aparte de Política Territorial.

Dentro de este último ministerio figura entre uno de sus objetivos, al ser de quien depende el comisionado especial que se creó hace dos años y que es el responsable de elaborar y desarrollar la Estrategia nacional frente al Reto Demográfico, pendiente desde finales de 2017 al no haberla presentado el anterior Gobierno, y con el compromiso del actual de darla a conocer durante la próxima primavera.

En el Tomo XII de los PGE, correspondiente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en el que se recogen los programas y la memoria de objetivos, se consignan 10 millones de euros para la creación de oficinas en las comarcas más afectadas por el problema, a la par que se señala la política ministerial que se va a seguir este año en relación al reto demográfico desde esta cartera.

El articulado del proyecto de ley da algunas pistas sobre por dónde va a ir la estrategia, más allá de las generalidades que se han venido diciendo desde que se empezó a elaborar, en el sentido de que será de “naturaleza global y transversal”, y que se hará en coordinación con los diferentes departamentos ministeriales y en colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

En el proyecto de ley en lo referente a este ministerio se añade que durante este ejercicio formulará e impulsará “propuestas de actuación del Gobierno para hacer frente a los problemas de la despoblación, envejecimiento y los efectos de la población flotante”.

Añade por otra parte que elevará informes periódicos y remitirá propuestas al Gobierno para afrontar el reto demográfico, además de participar en los trabajos de comisiones, grupos de trabajo y órganos colegiados constituidos con esta finalidad. Asimismo, dentro de la planificación ministerial está previsto canalizar y coordinar iniciativas que propongan las diferentes administraciones públicas, las organizaciones sectoriales u otro tipo de entidades públicas o privadas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es otro de los departamentos que incluye entre sus objetivos la fijación de población en el medio rural dentro de sus diferentes políticas como la gestión del Plan Nacional de Regadíos, uno de cuyos principales objetivos es “vertebrar el territorio evitando o reduciendo los procesos de pérdida de población, abandono y envejecimiento de las zonas rurales”, tal como se indica en el proyecto de ley.

La lucha contra la despoblación es también otro de los objetivos de la Estrategia Alimentos de España, según recoge el articulado de la ley, que apuesta por “posicionar a la industria alimentaria española como motor de crecimiento económico y de empleo, capaz de fijar población rural y de producir alimentos con prestigio y reconocidos en los mercados”.

Asentar habitantes

Dentro del Subprograma 414.A.2 sobre regadíos de carácter social y privados, el Ministerio apuesta por los Regadíos de Interés Social que “asienten población en el territorio y absorban el descenso de producción provocado por la política de abandono de superficies en secano y regadío en la comarca a la que pertenecen y eviten que esa producción se concentre en grandes zonas de riego”. Para el conjunto del Estado este plan prevé la transformación de aproximadamente 86.500 hectáreas.

El apoyo a los jóvenes y mujeres en el medio rural es otra de las políticas ministeriales para favorecer de esta manera el reemplazo generacional y conseguir así el mantenimiento de la población rural “para mitigar el marcado proceso de envejecimiento, masculinizado y despoblamiento que sufren ciertos territorios”.

El articulado de la ley en los relativo a este ministerio considera igualmente de importancia para el desarrollo rural la potenciación de políticas forestales, así como la mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias. En este sentido, Agricultura indica que “las inversiones en explotaciones agrarias contribuyen a la necesaria mejora estructural y modernización de las mismas”, consiguiendo así una mejora de la competitividad que “provoca la consolidación de su actividad profesional a través de la mejora de las rentas obtenidas y de las condiciones de vida y trabajo y, por consiguiente, la fijación de población en el medio rural”.

Otro de los aspectos en los que incide este departamento para fijar la población es el fomento de la inclusión social, el desarrollo económico y la diversificación económica de las zonas rurales. En concreto, apuesta por actuaciones en la red viaria e infraestructuras, al entender que estas obras favorecen el desarrollo del medio rural contribuyendo así al mantenimiento de las actividad productivas tradicionales.

Asegura el Ministerio de Agricultura a este respecto que con las inversiones realizadas se verán favorecidos “ciertos aspectos decisivos para el desarrollo rural como son, entre otros, el fortalecimiento de los tejidos empresariales, la creación de empleo, la fijación de población y la contribución a una mejora de la calidad de vida”.

El Ministerio de Fomento mantiene por su parte la política de vivienda en el medio rural a través del apoyo a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes para facilitar el asentamiento de la población, y que el actual Ejecutivo hereda de una iniciativa que puso en marcha el anterior.

Así viene recogido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, una de cuyas líneas de actuación son las ayudas a la adquisición de vivienda o en alquiler para jóvenes con escasos recursos en municipios pequeños, es decir, por debajo de los 5.000 habitantes. Al encontrarse la mayoría en el ámbito rural, se pretende que esta medida sea “un incentivo para la no despoblación de dichos núcleos rurales, e igualmente de contribuir al reto demográfico en dichas zonas”, con especial mención a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Presidencia

El Ministerio de Presidencia se suma también a la estrategia estatal con el compromiso de que en el próximo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades se profundice en la cuestión de desigualdades retributivas y corresponsabilidad ante el reto demográfico; mientras que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social asume el impulso de la Estrategia Española de la Economía Social, uno de cuyos objetivos es “la lucha contra la despoblación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, respetuoso con su entorno y con el medio ambiente”.

El Ministerio de Hacienda también tiene en cuenta el reto demográfico dentro de la actividad investigadora que el Instituto de Estudios Fiscales desarrollará a lo largo de este año. Una de las líneas de trabajo de esta entidad estará dirigida a los estudios sobre despoblación, dispersión, población flotante, y las medidas e ingresos o gasto público que pueden ayudar a solucionar los problemas que surgen para las administraciones públicas y los ciudadanos con estos nuevos fenómenos.

Desde el Ministerio de Economía también se plantea en los PGE un “esfuerzo especial” a lo largo del año para tener un “mejor conocimiento de la realidad demográfica, económica y social” del país para poder articular “medidas de política económica”.

Incluso el Ministerio de Cultura y Deporte apuesta en los PGE de 2019 por impulsar políticas relacionadas con el reto demográfico, planteando incluso un estudio que relacione esta tendencia con la cultura en el medio rural. En síntesis, los objetivos ministeriales en este caso son “incrementar el trabajo encaminado a mejorar el equilibrio territorial en la programación cultural, con especial atención al medio rural, y contribuir, a través de la cultura, a construir y a articular espacios de convivencia y estructuras comunitarias que favorezcan una mayor calidad de vida y, en definitiva, un mayor arraigo al lugar”.

Centros de acción

Tal como anunció a finales del año pasado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en 2019 está previsto crear oficinas de información contra la despoblación en aquellos municipios donde la situación es más crítica, y para lo cual se han presupuestado 10 millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año. 

La propuesta consiste, tal como recoge el articulado de la ley de presupuestos, de crear oficinas que sean de información y acción contra la despoblación, desde las que se impulsen políticas activas en este sentido pero desde el mismo territorio. De hecho, los 10 millones consignados figuran como ayudas a entidades locales.

Argumenta en este sentido el Ministerio,que “aunque la reversión del proceso de despoblación es un objetivo del país a largo plazo, determinadas comarcas requieren una intervención especialmente urgente para evitar llegar a un punto de difícil retorno”.

Eso es lo que ha llevado a impulsar la creación de esta oficinas en “al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente”.

Los PGE explican que se tratará de unas oficinas dotadas con un equipo multidisciplinar que trabajará de manera directa para poner en valor los recursos disponibles en la zona en la que se asienten y poder atraer de esta manera tanto a nuevos pobladores como a nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo. Precisa en este sentido que su función será “acompañar a las personas o empresas que quieran instalarse en la zona, facilitándoles todos los contactos y la mediación en el proceso”. Serán por tanto centros asentados en el propio territorio.