Los PGE para Teruel aumentan un 19,3% en 2021 propiciado por las obras del ferrocarril

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 prevé un incremento del 19,3% en las inversiones a realizar en la provincia de Teruel, propiciado sobre todo por las obras de mejora y modernización de la línea ferroviaria. En total las inversiones reales ascienden a 119.299.440 euros, incluida la aportación estatal de 30 millones de euros para el Fite, que figura como transferencia de capital a la Comunidad Autónoma de Aragón.

El presupuesto para la provincia donde más crece es en las inversiones con cargo a las sociedades y entidades públicas, puesto que es Adif la responsable de las obras del ferrocarril. En cambio desciende en lo que son las inversiones que figuran con cargo directamente a los ministerios y organismos autónomos de los mismos.

La cifra de 119,3 millones de euros sale de sumar las inversiones reales del Estado, que ascienden a 26.245.440 euros, y las de las sociedades públicas, que se elevan a 63.054.000 euros, además de los 30 millones de la aportación estatal del Fite.

Estas cantidades son las que aparecen territorializadas por provincias en los PGE tal como los confecciona el Ministerio de Hacienda, si bien después hay otras partidas dentro de otros programas como puede ser el 1,5% Cultural o de otro tipo donde no figura específicamente el destino de las inversiones.

Además, hay que sumar partidas que van apareciendo por distintos ministerios, bien a través de transferencias de capital o mediante el desarrollo de programas. Es lo que sucede en el caso del Ministerio de Ciencia, que recoge tal como avanzó Teruel Existe, 1 millón de euros para el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, u otros 100.000 euros para poner en marcha una Unidad de Paleontología de Dinosaurios en la provincia, que también negoció la agrupación de electores turolenses.

Además, están recogidos todos los compromisos suscritos en  el acuerdo de investidura entre el PSOE y Teruel Existe, aunque el volumen inversor resulta pequeño en la provincia en líneas generales, con la excepción del ferrocarril, puesto que no hay proyectos constructivos hechos y por tanto las partidas van dirigidas a los trámites administrativos en que todavía se encuentran sumidas estas infraestructuras desde que se programaron hace más de una década. En el tren sí hay una inversión importante de 57,7 millones de euros -solo en la provincia de Teruel puesto que habría que sumar lo consignado en las otras provincias por donde discurre- por las obras que hay en marcha del plan director de mejora y modernización de la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza.

En infraestructuras de carreteras los PGE recogen lo previsto y que ya había sido anunciado por el PSOE y Teruel Existe en los últimos días, puesto que ha sido fruto de la negociación entre ambos a nivel gubernamental, y se aprecia un empujón de nuevo a las variantes de carreteras, que a lo largo de esta década habían ido cayendo en el olvido.

El mayor volumen inversor, después de las inversiones de las sociedades y entidades estatales, lo concentra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en donde se pone de manifiesto el compromiso con los estudios informativos del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo -el de doble vía electrificada y de alta capacidad, aparte de la actuación en la línea convencional que se está haciendo ahora-.

Variante de Alcorisa

La partida más voluminosa en el Ministerio de Transportes es la variante de Alcorisa al ser la infraestructura más avanzada y en la que puede haber obra, con 12 millones, mientras que el resto son pequeñas cantidades que mantienen abiertos el resto de proyectos pendientes en la provincia, y cuya inversión no empieza a aumentar en las proyecciones anuales hasta el año 2024. Eso se debe a que hasta esa fecha no va a haber proyectos de construcción hechos para infraestructuras como la autovía A-68, en la que sí se han consignado para el próximo año casi 21,4 millones de euros para el tramo El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro en la provincia de Zaragoza.

Dentro de las inversiones reales, las correspondientes a las entidades públicas del Estado en la provincia para 2021 ascienden a algo más de 63 millones de euros, un 88,7% más que lo que se consignó en los últimos presupuestos aprobados en 2018 que son los que han estado vigentes hasta ahora tras sucesivas prórrogas, y que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez heredó del Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que fueron esas cuentas, aunque con algunas enmiendas en el caso de la provincia, las que se aprobaron tras la moción de censura de aquel año.

De esos 63 millones de euros, la mayor cuantía, 57,7 millones, corresponden a la entidad pública empresarial Adif. De ellos, 15 millones serán para apartaderos, renovación de vía y electrificación. Además aparecen otras partidas de 34,8 millones y de 7,5 en corredores TEN-T, que es como se denomina la Red Transeuropea de Transporte.

Dentro de este paquete de entidades públicas, aparecen 200.000 euros para el cuartel de la Guardia Civil en Utrillas, con cargo a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), con una programación plurianual para 2022 de otros 691.000 euros.

También aparecen 3.918.000 euros para el recrecimiento del embalse de Santolea con cargo a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A. (Acuaes).

Al concentrarse en estas actuaciones, el proyecto de presupuestos constata que dentro de las obras a realizar por las sociedades y entidades públicas estatales, 62,9 millones van a proyectos iniciados antes de 2021, mientras que en proyectos nuevos a iniciar el próximo año solo figuran 118.000 euros. Lo mismo sucede en el caso del conjunto de Aragón, ya que para la continuación de proyectos ya iniciados aparecen 166,4 millones, y en el caso de los proyectos nuevos solo 7 millones.

Respecto a las inversiones propias de cada cartera ministerial, se produce un descenso con respecto al último presupuesto aprobado en 2018 al consignarse diez millones menos. En total para el próximo año se han presupuestado 26,2 millones de euros, un 28,3% menos.

De esas partidas, el Ministerio de Transportes acapara el mayor volumen al sumar 22,7 millones de euros. En el resto de ministerios las partidas son en general pequeñas, con independencia de que después puedan acometer inversiones dentro de partidas genéricas. La que más inversión acumula, aparte de Transportes, es la cartera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 3.329.560 euros.

En el Ministerio de Transportes, aparte de los 12 millones para la variante de Alcorisa ya encarrilada, aparecen pequeñas partidas para la redacción de los proyectos constructivos de dos tramos de la A-68 a su paso por la provincia de Teruel, El Regallo-Alcañiz (200.000 euros) y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa (200.000 euros), así como otros 100.000 para el tramo zaragozano entre Fuentes de Ebro y Quinto.

En la programación plurianual se apunta también la licitación de proyectos constructivos a partir de 2023 para los tramos Híjar-El Regallo, Azaila-Híjar y Quinto-Azaila. Si se analiza el documento de presupuestos se observa que las obras de los tramos cuyos proyectos se licitarán el próximo año podrían adjudicarse en el año 2024, que es cuando consignan 2 millones de euros al menos para cada uno de los dos que discurren por la provincia de Teruel, no así en el caso de Fuentes de Ebro-Quinto.

También aparecen 200.000 euros para los estudios de la A-68 entre Ventas de Valdealgorfa y Vinarós, y 100.000 para el tramo Cuenca-Teruel de la A-40 en su parte turolense. En ambos casos son partidas que mantienen abiertos estos proyectos, ya que no aparece programación plurianual.

Lo que sí que se aprecia en los presupuestos del Ministerio de Transportes es un impulso a la tramitación administrativa y construcción de las variantes de la N-211, un compromiso que se remonta a hace quince años y que se ha ido demorando, ya que primero aparecieron todas las actuaciones en los PGE de años anteriores, pero después fueron desapareciendo sin hacerse.

En el proyecto de presupuestos de 2021 aparecen 200.000 euros para la variante de Montalbán, de 3,3 kilómetros, con una proyección plurianual que apunta a un posible inicio o licitación de las obras en 2024, que es cuando se consignan 2,5 millones para una intervención que se prevé cueste 13,3 millones de euros.

Junto a la variante de Alcorisa, con una proyección de 16,8 millones para 2022, está la variante de Calanda, de 5 kilómetros y con una partida de 200.000 euros para el próximo año, que en el plurianual llega a los 7 millones en 2024, por lo que se supone que ese año podrán empezar unas obras cuyo presupuesto previsto es de 18,3 millones de euros.

La otra variante de la N-211 que figura es la de Utrillas, con 200.000 euros, y una proyección plurianual con pequeñas partidas propias de la tramitación administrativa hasta 2024, en la que se prevén 3 millones. No aparece dinero para la variante de La Mata de los Olmos en 2021, pero sí en la previsión plurianual a partir del año siguiente.

Alcolea-Monreal

Y lo que se recupera también es la autovía A-25, que figura en los presupuestos como duplicación de la carretera N-211 entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Monreal del Campo, de 112 kilómetros. Para el próximo año se han consignado 400.000 euros para un proyecto cuyo estudio informativo se dejó caducar, con una programación plurianual para los dos años siguientes de 400.000 cada ejercicio, y que se eleva a 8 millones en 2024, por lo que se entiende que ese año sería el previsto para el inicio de las obras.

En el resto de ministerios no se detallan el tipo de actuaciones específicas a desarrollar en la provincia, salvo en el de Cultura, donde sí aparecen 5.550 euros para las murallas de Mirambel y una proyección para 2022 de 239.200 euros.

Reto demográfico y transición justa

El reto demográfico y la transición justa en las zonas despobladas o en grave riesgo de serlo está recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 de forma transversal, puesto que actuaciones en la materia son contempladas por distintos ministerios, con especial énfasis en el caso de la cartera a cuyo frente está la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.

Dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se incorpora un programa denominado 456E, de nueva creación, para impulsar los objetivos de la Estrategia nacional frente al reto demográfico y poder desarrollar las directrices que se aprobaron en marzo del año pasado. Los presupuestos del próximo año incluyen para ello transferencias corrientes y de capital a Comunidades Autónomas y entidades locales para actuaciones en materia de reto demográfico.

Este ministerio contempla también en los presupuestos el programa 420C para una transición justa mediante mecanismos de recuperación y resiliencia, dentro del cual está recogida la puesta en marcha de los convenios de transición justa en zonas de transición energética, además de otras medidas enfocadas a la restauración ambiental para las explotaciones mineras e inversiones para proyectos empresariales generadores de empleo en municipios afectados por cierre de minas de carbón, según recoge el tomo presupuestario correspondiente a esta cartera ministerial.

Para el periodo 2021-2023, el ministerio prevé un objetivo principal y cinco específicos con la puesta en marcha entre otros de al menos 300 proyectos empresariales en todas las zonas afectadas por la transición justa, que generen al menos 1.500 empleos y mantengan otros 6.000. En los PGE se indica que se espera conseguir una inversión complementaria, por parte de las empresas que concurran a las líneas de ayudas, de al menos 500 millones de euros.

Pero aparte de este ministerio, en otros como el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el de Transportes, o el de Universidades también se hace referencia al problema de la despoblación y a políticas que se van a implementar desde sus respectivos departamentos para hacer frente al reto demográfico, en particular para acabar con la brecha digital.

En el caso del Ministerio de Universidades incide en recurrir a la Uned para garantizar el acceso a la educación superior en la España despoblada, aspecto que está trabajando con la agrupación de electores de Teruel Existe.