Los ingresos de dos de cada diez familias turolenses no alcanzan para llevar una vida digna

La crisis de la covid, unida ahora a la de la inflación por la guerra de Ucrania y el precio de la energía hace que 2,5 de cada 10 familias en Teruel hayan pasado de dedicar 60 de cada 100 euros que ingresan a alimentación y vivienda a tener que utilizar para ello más de 80 euros, lo que supone que no alcanzan el presupuesto de referencia para unas condiciones de vida digna.

Este fue uno de los datos que destacó este martes en la sede de Cáritas en Teruel Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas y secretario técnico del informe Foessa (Informe sobre exclusión y desarrollo social en España) que presentó los últimos datos de este estudio que analiza la situación en el país, dentro de la programación que esta entidad ha organizado en Teruel con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres.

Flores indicó que, por el momento, la situación en la provincia de Teruel es “un poquito más leve”que en España y Aragón donde son algo más de tres de cada diez hogares los que se encuentran en esta situación y no llegan a fin de mes.

El secretario técnico del informe Foessa advirtió de “las heridas que se generan las familias para aguantar esta situación” puesto que en algunos hogares no se puede poner la calefacción, comen arroz, patatas y macarrones todos los días de la semana o un hijo no puede ir a la Universidad o a una excursión del colegio.

Miedo

“Estamos teniendo miedo a que estas circunstancias dejen de ser coyunturales, que no sea algo pasajero sino que se vaya enquistando en muchas familias porque somos conscientes de que esa herida si no permanece durante mucho tiempo sana rápido, pero cuando estas cosas van profundizándose y pasando el tiempo se acaban convirtiendo en úlceras o en dificultades que no se pueden superar”, señaló Flores.

El investigador indicó que estas circunstancias se intensifican en las familias con hijos lo que demuestra que hay “una protección insuficiente a la crianza” y a la etapa de la infancia y la adolescencia. “Las familias con hijos tienen más gastos, muchas veces tiene menos ingresos y son las que más están sufriendo las dos últimas crisis”, recalcó.

Flores señaló un segundo perfil en el que también se ha incrementado la vulnerabilidad: familias en las que se trabaja y que, a pesar de trabajar, no se consiguen los ingresos suficientes porque se entra y se sale del mercado laboral constantemente o porque no se accede a las horas que se deberían trabajar para poder tener unos ingresos adecuados y son las que llaman a las puertas de Cáritas, otras entidades y a los servicios sociales. “Esta crisis del alza de los precios ha desbordado el vaso de muchas familias que a pesar de trabajar no consiguen llegar a fin de mes”, comentó el coordinador en Teruel del informe Foessa.

A la hora de buscar soluciones a esta realidad, Raúl Flores, propuso en primer lugar proteger a la familia y proteger la crianza. “Nuestros mayores están más o menos protegidos. Creemos que hay una buena protección a las personas mayores y eso debe de seguir así o mejorar, pero mientras tanto tenemos que mirar a las familias con hijos y esto es algo que se lleva décadas sin tomarse en serio en nuestro país”, argumentó.

Vivienda

El segundo reto que hay que abordar según este investigador es el de la vivienda. “La vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo”, aseguró y detalló que a poco que sube un poco el salario mínimo interprofesional o suben las prestaciones sociales, sube también la vivienda.

“Ese pozo sin fondo hay que controlarlo, hay que buscar la manera de equilibrarlo para que las familias con menos recursos tengan acceso a un derecho humano porque no estamos hablando de un lujo, sino de un derecho humano que es el espacio básico de seguridad que necesitamos todos, que es un hogar”, defendió Flores.

Este investigador también planteó que hay que hacer una reflexión sobre “qué derechos tenemos que tener cubiertos todos” y que no deben depender de los ingresos. Puso el ejemplo de la salud mental. Indicó que en la sanidad pública hay esperas de tres o cuatro meses para una primera consulta de atención psicológica. “Que mi salud mental dependa del dinero que tengo en el bolsillo no tiene sentido”, sentenció Flores que defendió que haya unos ingresos mínimos.