Los grupos de las Cortes presentan 30 propuestas al informe de despoblación

Los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón han presentado un total de 30 propuestas de resolución con motivo de la tramitación del Informe de Fiscalización sobre las medidas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico, que se presentó en diciembre pasado en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas. Entre las propuestas, además de revisar el modelo de la Directriz especial de ordenación territorial de política demográfica y contra la despoblación, se plantean cuestiones como la delimitación de zonas prioritarias para fijar los mayores esfuerzos en ellas.

El próximo lunes se reúne en las Cortes de Aragón la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas y entre los asuntos que se abordarán está la elaboración del Informe de Ponencia en relación a las propuestas de resolución presentadas al informe especial que elaboró el órgano fiscalizador.

El informe se vio el pasado 2 de diciembre y sus autores planteaban la necesidad de que se hiciese una revisión de la Directriz demográfica para hacerla más eficaz como instrumento político.

Los grupos parlamentarios han presentado 30 propuestas, que se entienden como recomendaciones a seguir para mejorar el funcionamiento de este instrumento de política demográfica. Los grupos mayoritarios, PP y PSOE, son los que más propuestas han presentado, ocho cada uno. Le siguen Aragón Teruel Existe con siete y Podemos con seis. Vox también ha presentado una propuesta.

Dentro de las iniciativas presentadas por los populares, se considera “crucial” delimitar zonas prioritarias, ya que la directriz no lo hace “ni defiende adecuadamente el problema de la despoblación”, argumentan. Ponen como ejemplo que puedan delimitarse estas zonas prioritarias como aquellos municipios con una densidad de población inferior a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, además de considerar otros factores como la orografía y el acceso a los servicios esenciales.

El PP propone también que el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional asuma responsabilidades en la supervisión, análisis de impacto y ajuste de políticas, puesto que actualmente no las realiza.

Dotar de suficientes recursos a las medidas que se adopten es otra iniciativa del PP, así como hacer una evaluación para identificar lo que resulta efectivo son otras dos propuestas de los populares, así como implementar el acceso a Internet de alta velocidad con un mínimo de 100 Mbps para reducir la brecha digital y mejorar el acceso a lo servicios en las zonas rurales.

También instan a seguir promoviendo actividades económicas sostenibles y ligadas al territorio, y a continuar fomentando políticas activas para atraer y retener a los jóvenes mediante el desarrollo de planes de retorno, arraigo y formación. También demandan una mejora de la gobernanza mediante una colaboración efectiva entre los distintos departamentos del Gobierno de Aragón con las entidades locales y administraciones nacionales.

El PSOE plantea desarrollar una legislación específica para los municipios de menos de 2.000 habitantes para que puedan tener una mayor flexibilidad normativa; implementar un calendario con las distintas ayudas del Fondo de Cohesión Territorial para que las entidades locales puedan planificar sus actuaciones, y que los recursos no ejecutados en cada ejercicio se reinviertan en políticas de despoblación y no se pierdan.

Los socialistas proponen igualmente desarrollar todas las medidas contenidas en la Directriz especial para el reto demográfico de Aragón y desarrollar una web que permita analizar su implementación. También sugieren complementar el índice sintético de desarrollo territorial con otras variables científicas para planificar sus políticas, una mayor coordinación en las mismas, y que se haga el desarrollo reglamentario de la Ley 13/2023 de Dinamización del medio rural aragonés.

Aragón Teruel Existe recomienda simplificar la directriz elaborando un documento con medidas concretas y objetivos cuantificables, generar una adecuada arquitectura institucional con responsables políticos que desarrollen cada medida; establecer la obligatoriedad de las medidas en lugar de que sean simples declaraciones de intenciones; contestar a los requerimientos de la Cámara de Cuentas; definir claramente el problema de la despoblación; diseñar medidas evaluables y apostar por la rehabilitación de vivienda rural como una prioridad.

Podemos plantea revisar la Directriz con un proceso participativo, reduciendo y concretando objetivos, así como identificando al responsable de cada medida. Evaluar los compromisos adquiridos y su desarrollo, más coordinación y la creación de un nuevo foro de encuentro son otras de las propuestas.

Aunque IU no ha presentado propuestas, la agrupación parlamentaria indicó que consideran necesario asumir de forma transversal desde el conjunto de las instituciones y departamentos las herramientas existentes de lucha contra la despoblación. Opina que si la directriz no ha funcionado no ha sido por los indicadores o el índice sintético, sino por la falta de voluntad política a la hora de tenerlo en cuenta en todas las políticas.

Implementación

Dentro de las propuestas presentadas por los grupos hay varias que están enfocadas a que verdaderamente se dote de suficientes recursos para el desarrollo de la Directriz demográfica, a la vez que se impulsa su ejecución mediante una supervisión y gobernanza multinivel.

Los populares recuerdan que en el informe de la Cámara de Cuentas se identifican muchas medidas sin partida presupuestaria clara, por lo que proponen garantizar una trazabilidad completa de las iniciativas con una suficiente dotación de recursos. También el PP pide que se desarrolle un marco de evaluación de las políticas “para identificar medidas efectivas y reorientar recursos hacia estas”.

Por otra parte, el PSOE incide en que se implemente la perspectiva demográfica y poblacional contenida en la ley y se promueva con ello el desarrollo legislativo en la comunidad autónoma.

Podemos propone utilizar la herramienta Visualgob para conocer la evaluación de los compromisos adquiridos, y la creación de una unidad interdepartamental que coordine, al igual que Teruel Existe recomienda que se establezca la obligatoriedad de su cumplimiento.