Los familiares de un interno de la prisión de Teruel que murió denuncian al centro

La familia de un interno de la prisión de Teruel que murió de meningitis hace un año, después de cinco días con fuertes dolores de cabeza, ha denunciado al centro penitenciario turolense por un delito de homicidio imprudente y por omisión del deber de socorro, al considerar que no recibió la atención médica que requería. El Juzgado de Instrucción número 1 archivó este jueves las diligencias, pero el abogado de la familia ha anunciado que va a recurrir porque considera que debe haber un juicio para dirimir responsabilidades, ya que hay “indicios suficientes” para ello.

El fallecido, O.G.V., de 46 años de edad, había ingresado en el centro penitenciario en enero de 2022 para cumplir una pena que tenía suspendida por un delito contra la salud pública desde 2015. La suspensión quedó revocada porque tras haber dado positivo en un control de alcoholemia a mediados de 2021.

El interno recibió en prisión la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, para poder obtener ciertos beneficios, como la eliminación de un periodo de aislamiento de catorce días después de un permiso de salida.

Tras la administración del fármaco, comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. La familia señaló que, si bien al principio podía sospecharse de una reacción a la vacuna, “el progresivo y rapidísimo empeoramiento” en los días siguientes “apuntaba a otra causa”. Sin embargo, aseguraron que no le prestaron la asistencia médica que hubiera necesitado y cinco días después fue encontrado en coma en su celda, trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza en helicóptero donde murió en la UCI, doce días después, por una meningitis, según determinó la autopsia.

Testigos

El abogado de la familia, Sergio Méndez, explicó que, tanto los libros de registro como las declaraciones de varios testigos, muestran que, a pesar de las reiteradas peticiones de atención sanitaria que hicieron el propio interno y de su familia para que le llevasen a un hospital, el personal médico en un primer momento le prescribió telefónicamente analgésicos y la consulta médica fue en prisión cinco días después de empezar los síntomas y sólo le recetaron un calmante más fuerte. Esa misma noche empezó a convulsionar y fue hallado a las 7.00 horas de la mañana del día siguiente en el suelo de su celda en coma y, finalmente, falleció en el hospital.

El abogado aseguró que presentarán recurso al archivo de las diligencias para que se puedan reabrir y se celebre juicio oral. El letrado reconoció que podría haber ciertas dudas de que hubiera homicidio imprudente, pero defendió que “elementos para ir a juicio hay”.

Asimismo, comentó que en el auto de archivo, el juez no valoró la omisión del deber de socorro y que su recurso se centrará en esta cuestión. “Este señor estaba en custodia, tenía 46 años y estaba sano como un roble y en cinco día se muerte”, relató el abogado que destacó que cuenta con un informe pericial de un médico forense que habla de “una clarísima negligencia”.

Asimismo, para el letrado, las periciales y las testificales demuestran que se había solicitado en reiteradas ocasiones una atención médica que no se prestó como hubiera sido necesario.

Los familiares manifestaron sentirse “consternados y desconsolados” por el “fatal desenlace” que supuso para esta persona lo sucedido que consideran que fue “una vulneración de sus derechos más fundamentales”.

Asimismo, los padres y el hijo del fallecido aseguran que, desde lo ocurrido, ha habido un cambio en la atención sanitaria en la prisión. “Los enfermos, ahora sí, consiguen una verdadera atención médica, y tienen la posibilidad de que los servicios médicos acuerden el traslado al hospital si es necesario”, dijeron.

Desde Instituciones Penitenciarias declinaron hacer declaraciones porque indicaron que no dan información de sus internos y que, además, el caso estaba en manos de la justicia.